Número 44

6 planteando un reto que el INAH ha reco - gido y trabajado durante muchos años, relacionado con la salvaguardia, inves - tigación, difusión y acrecentamiento de los patrimonios nacionales en las áreas de la antropología, la historia, la etno - grafía, la arqueología y la paleontología. Las facultades constitucionales del INAH causan una suerte de esquizofre - nia en el Instituto. En un extremo, se encuentra un grupo de funcionarios que están al servicio de la destrucción del pa - trimonio, obsecuentes con los mandatos de la clase política, de suyo ignorante y apátrida, y de los empresarios de las industrias extractiva y turística, entre otras de las más expoliadoras de los pa - trimonios materiales, inmateriales, bio - lógicos y paisajísticos; funcionarios que a pesar de ser académicos se transforman en cuadros del Estado con las caracterís - ticas propias del autoritarismo, y quie - nes en lugar de vigilar e instrumentar el cumplimiento de las normas constitu - cionales, allanan con su permisividad el camino destructivo y bien documentado del capitalismo salvaje. Funcionarios que ya no establecen trato de colegas con sus pares, sino trato de patrones, y que mu - chas veces despliegan la cerrazón carac - terística del fundamentalismo neoliberal. Por otra parte, los miembros del INAH que cumplen en su labor cotidia - na y desde sus respectivas disciplinas con los cometidos de la institución que la ley mandata, son castigados incluso con la pérdida de su fuente de traba - jo. Estas trabajadoras y trabajadores se encuentran en una posición muy desfa - vorable, como en los casos de investi - gadores contratados, o como el de otros académicos que aun siendo de base y que han defendido el patrimonio cultural por años y en distintas zonas del país, han sido hostigados y algunos hasta se les ha cesado, pues en los hechos su actitud es un forma de resistencia cultural que tra - ta de poner un valladar a la depredación capitalista. Es así que, por cumplir cabal - mente con su trabajo, pueden llegar a es - tar enfrentados con los funcionarios del INAH, algunos de ellos llegados de otras dependencias y sin trayectoria ni cono - cimiento en la institución, y con diversas instancias del gobierno federal, así como con caciques locales y con el empresa - riado monopólico nacional e internacio - nal que pretende a “la cultura” como una mercancía más susceptible de usufructo. La represión contra estos miembros del INAH comprende varias modalidades, como se ha expuesto, y ya tiene alcance nacional sobre la cual es importante tener información puntual, incluso para plan - tear a la nueva organización sindical una acción de defensa de la integridad de los trabajadores y de la institución. En lo que se refiere a las funciones sustantivas, se advierte una política de desmantelamiento de la Coordinación Nacional de Antropología –coincidente con lo que ocurre en instancias similares de centros de investigación y universi - dades públicas–, que se opera en varios niveles, desde el control del contenido de la investigación, de los espacios, de los calendarios, de la iniciativa y conforma - ción de los eventos académicos, y que se traduce en la aceptación acrítica y me - cánica de la reducción presupuestal, en el aplazamiento de las publicaciones, en el rechazo o modificación de diplomados coordinados por académicos de presti - gio, en tratos indignos que llegan al des - pido de quienes rechazan el autoritaris - mo institucional y la tergiversación de los peritajes antropológicos con el fin de facilitar la instrumentación de proyectos de gran escala con impacto directo al pa - trimonio cultural material e inmaterial, lo que evidencia el actual desvío que las autoridades hacen de las competencias y obligaciones propias de la Coordinación -en particular- y del Instituto -en ge - neral. Cabe señalar que la fundamental tarea de los peritajes antropológicos ha sido ejercida de manera responsable y fundamentada por la Coordinación des - de hace muchos años, por lo cual para los defensores de oficio, jueces y ministerios