Número 42

31 argumentando que nuestro país no había firmado el Tratado de Tlatelolco contra la proliferación de armas nucleares. Un año después, el Congreso nor- teamericano incluyo a la Argentina en el embargo de armas que la Enmienda Humphrey-Kennedy había estableci- do en relación con la dictadura chilena en 1976. Paralelamente, la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Carter, Patricia Derian, comenzó una campaña internacional que denunciaba la existencia de campos clandestinos de detenidos en la Argentina. Nobleza obliga, no puede pasarse por alto que, según el testimonio de numerosos fami- liares de desaparecidos, algunos funcio- narios de la embajada norteamericana en Buenos Aires ayudaron a facilitar la salida del país a personas que estaban en la clandestinidad durante los “años de plomo”. En 1979, las relaciones entre el gobierno de Carter y la junta militar argentina llegaron a su punto más bajo, cuando el gobierno argentino aconsejado por su ministro de economía “Joe” Mar- tínez de Hoz (alias “El Orejón”, “José Mercado”, etcétera) se negó a secundar el embargo de granos a la URSS que el gobierno de Carter propuso a los gobier- nos de los países exportadores de trigo para sancionar al gobierno soviético por la invasión a Afganistán. La dictadura militar argentina sería muy anti comu- nista, pero no comía vidrio. Martínez de Hoz y sus amigos de la Sociedad Rural y CONINAGRO no pensaban perderse las ventas en el importante mercado ruso, principal cliente externo de la Argentina desde los acuerdos comerciales de 1973. Sin negar estos datos, considero que la tensión entre el gobierno norteamericano de Carter y las dictaduras latinoamerica- nas tiene que ser analizada en un contex- to estructural. El gobierno de Carter, que condenaba la violación de derechos huma- nos por medio de la violencia paramilitar, no dejo por eso de defender la política an- ti-comunista de las dictaduras latinoameri- canas, como parte de la defensa continental y su “inclusión en el mundo libre”. Lo que implica que durante el gobierno de Car- ter la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional siguió en pie, con algunos pocos cambios discursivos. Que la secretaria de Derechos Humanos y aun el Departamen- to de Estado norteamericano mantuvieran una relación fría con las juntas militares latinoamericanas nunca fue óbice para que las fuerzas armadas yanquis mantuvieran más que aceitadas relaciones con sus pares latinoamericanos. Lo mismo la CIA, que siempre manifestó “respeto y admiración” por la efectividad de los militares argenti- nos en la “lucha contra la subversión”. En los años de Carter, los militares argentinos