Número 39 Suplemento

IV Son justamente los organismos del Estado mexicano encargados de ve- lar por la integridad de ese patrimonio biocultural, los que constituyen un obs- táculo para los intereses del gran capi- tal. Por un lado, y a pesar de sus con- tradicciones operativas, las zonas de reserva de la biosfera, las áreas natura- les protegidas, las diversas medidas de protección de la flora y fauna y de los territorios donde se encuentran los bas- tiones de nuestra diversidad biológica, resultan tan contrarios a la política en- treguista del país, como aquellos diver- sos elementos que sustentan la identi- dad de las culturas de México; como la conciencia histórica que nos recuerda el sentido mismo de su existencia, y como la cultura misma entendida como algo más que una oportunidad comercial. A esto se suma la ausencia de polí- ticas públicas suficientes también en el campo sanitario: la integridad biocultural es a su vez un referente de salud pública de máxima prioridad, realidad profunda que otra entidad del Estado, la Secretaría de Salud, se encuentra muy lejos de reco- nocer, lo que explica su ausencia a diver- sos niveles en el marco regulatorio, tanto en el campo ambiental como cultural, a pesar de que la interrelación en estos do- minios de la salud, el ambiente y la cultu- ra constituye una realidad insoslayable. Así, lo menos que podemos hacer es un llamado a la reflexión y la ac - ción en torno a este renovado embate que se encuentra lejos de ser un artifi - cio catastrofista, cuando media en ello un análisis objetivo de las evidencias. Llamamos a nuestros lectores a es- tar pendientes de este debate, ahora sometido a presiones de una agenda legislativa en la que se toman medidas tan aberrantes como la de disminuir el gravamen fiscal a los refrescos azucara - dos, en un país que los consume en de- masía y con crecientes y ya muy eleva- dos niveles de malnutrición y diabetes. La desarticulación, velada o no, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no es una mera pretensión ni un hecho aislado. Constituye una expresión, no nueva pero sí agudiza- da, de una política dirigida a vulnerar progresivamente el sentido y la viabi- lidad de las instituciones públicas de- dicadas a la investigación en ciencias sociales y humanidades en su conjunto en el país. Expresa la pretensión mis- ma de subordinar a la investigación y a la vida académica a la lógica del usufructo del mercado y de separarla, aún más, del Pueblo, como depositan- te esencial de la soberanía nacional. Es éste el momento de solicitar la solidaridad fraterna de investi- gadores e instituciones del país, y de los gremios y colegios profesio- nales (por ejemplo, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos de Mé- xico A. C.), con quienes nos encon- tramos ligados por razones que van más allá de la búsqueda de oportu- nidades para medrar política y co- mercialmente, a partir de las diver- sas manifestaciones de la cultura. En suma, este Consejo Editorial se pronuncia totalmente en contra del establecimiento de una secreta- ría de cultura, que en realidad cons- tituiría una aumentada burocracia tecnocrática y costosa, sin arraigo en la defensa del patrimonio y la identidad nacionales y ajena a las labores sustantivas de educación, difusión e investigación inherentes al Instituto Nacional de Antropolo- gía e Historia , vulnerando además, en particular, su vocación social, premisa fundadora del Instituto, manifiesta a través de sus museos y sitios arqueológicos y de su com- promiso con los pueblos origina- rios y con los problemas nacionales.