Número 37

57 taba con la licencia del Estado pues no solo su entrada a Chilapa fue permit- ida por la mirada de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Ejército, sino que también se les permitió tomar la comandancia de la Policía Municipal, desarmar a los policías municipales, tomar 19 vehículos de dicha corporación, controlar las calles, instalar retenes, maniatar y retener transportistas, catear negocios, casas y además retener personas acusadas de ser informantes de “Los Rojos”, sin lugar a dudas todas estas prácticas se daban por omisión o por aquiescencia del Estado. También quedaba bastante claro que dichos civiles armados no tenían absolutamente nada que ver con los sistemas de seguridad, justicia y reed- ucación anidados en diversas experiencias autonómicas novedosas, como la CRAC-PC, sino que tenían más que ver con una estrategia de ocultarse en los discursos del ejercicio a los derechos colectivos, desdoblarse en formas aparentes y confundirse intencionalmente con otros procesos de diferente índole, es decir, una estrategia paramilitar desplegada por el Estado encu- bierto en el grupo delictivo denominado “Los Ardillos” cuyo leitmotiv es el control y refuncionalización tanto del territorio como del trabajo vivo bajo la lógica de una economía criminal cuyo soporte material fundamental es amapola y cuya variable de ajuste es la violencia y el terror. Los falsos comunitarios permanecieron en Chilapa durante 6 días durante los cuales detuvieron a diversas personas por ser sospechosas de participar con Los Rojos. En Chilapa en el periodo de Julio de 2014 a Mayo de 2015 se han documentado 101 desapariciones, es importante señalar que del Sábado 9 al Jueves 14 de Mayo durante la irrupción de los falsos comunitarios o sea de ”Los Ardillos”, se presentan 16 denuncias, pero, se habla de 30 casos extraofi - cialmente. Los comisarios de las comunidades que participaron en esta acción declararon ante la Fiscalía General del Estado donde afirmaron que las perso - nas retenidas fueron entregadas a la Policía Federal división Gendarmería y a la Policía Estatal. Los casos de Héctor, Gilberto y Jorge se hicieron públicos tras dicha irrup- ción el día 15 de Mayo y trágicamente son el corolario de que el Estado a partir de sus comisiones, omisiones y licencias se convierte en el principal artífice de la política del terror, de las desapariciones forzadas sistematizadas, de la refuncionalización territorial bajo lógica de economía criminal, de las confu- siones y de las incertidumbres. Denunciar su desaparición forzada y exigir su presentación inmediata con vida son dos ejes que apuntan necesariamente a la responsabilidad de Estado aunque este se quiera ocultar tras la cortina de humo de los conflictos entre particulares.