Número 35

36 redes de comunicación entre las comuni- dades, el liderazgo, los recursos naturales, particularmente de los estratégicos (tene- mos, por ejemplo, el traslape casi exacto de los mapas de las zonas petroleras de Colombia y Ecuador, coincidiendo con los asentamientos ocupados por la acción mi- sionera del ILV). Planteaban abiertamente su lucha con- tra el comunismo, o contra la oposición al gobierno, apoyaban la acción de los go- biernos locales, aun cuando éstos actuaran sobre la base de la represión, estimulaban una conciencia pragmática, puritana, de arribismo individual, de ruptura de la fa- milia extensa, proyectando la imagen de un modelo o ideal de sociedad que se con- cretaba en Estados Unidos. Se practicaba una política de asisten - cialismo para los conversos, con las sobras de la sociedad de consumo, y la convenien- te promoción de los más fanáticos y repre- sentativos de los reclutas entre las etnias de América Latina. Actualmente, el ILV es uno de los cente- nares de organismos religiosos, científicos, asistencialistas o de ayuda humanitaria que actúan en las etnorregiones de Amé- rica Latina en forma abierta o encubierta, algunos de los cuales expresan el carácter neocolonial de la política de Estados Uni - dos en América Latina. Esta penetración neocolonial es apoyada por los gobiernos de los países respectivos ya que también aquí se expresan las alianzas estratégicas que las clases dominantes mantienen con su contraparte en Estados Unidos. CLALI En los inicios de los ochenta, a partir de un seminario sobre la cuestión nacional que se organizó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), sur - ge el Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas (CLALI), que se funda con base en un documento sus- crito por más de un centenar de antro- pólogos y algunos dirigentes indígenas, como Rigoberta Menchú. Este documen - to, publicado en varios países de América Latina, como “ La cuestión étnico -na - cional en América Latina” , expresa la oficialización de la ruptura que se venía dando en el seno de la disciplina antro- pológica mexicana con el indigenismo como política de Estado. Asimismo, esta “Declaración” asentaba un compromiso de acompañamiento de los antropólogos a las luchas de los pueblos indígenas en el marco de los procesos de democratización general de las naciones latinoamericanas. La importancia de este documento es que constituyó una plataforma teórica deba- tida y asumida por antropólogos de muy diversas procedencias políticas e institu - cionales, que decidieron también el acom- pañamiento de las luchas de los pueblos como posicionamiento de una antropolo- gía comprometida. Nunca hubieran imaginado los crea- dores de la política indigenista que el “problema indígena” se transformaría en un problema nacional a finales del siglo, a través de una rebelión armada de los pueblos y comunidades de Chiapas. Des - de los años treinta, cuando se definió la política de la revolución mexicana para con los indios y se establecieron las bases de lo que sería el indigenismo de Esta - do, la naturaleza pluriétnica de la nación y los derechos de los pueblos no habían sido preocupación de pensadores y polí - ticos. En el mejor de los casos, los indí - genas aparecían recurrentemente como sujetos-víctimas, objetos de explotación y de políticas paternalistas. Aún en el mar - co de los análisis marxistas, los indígenas y los campesinos no fueron percibidos como sujetos de liberación. Criticando la perspectiva de los pensadores socialis- tas, de los años veinte sobre la revolución mexicana, Leopoldo Mármora identifica el etnocentrismo en su esquema de clases, en el que los “únicos sujetos sociales po- sibles y necesarios de todo cambio real de la situación interna”, eran la burguesía li - beral y el proletariado moderno, mientras los indígenas y campesinos, la “sustancia” misma de la nación mexicana, quedaban fuera de sus utopías.