Número 18

31 El monitoreo ambiental están parcializadas tal como lo han demostra - do las autoridades en el espacio de dialogo el día 2 de febrero, a favor de las empresas extractivas mineras al no querer tocar el problema por el cual luchamos. Por ello, las industrias mineras, generan daños a la salud de los pueblos. En nuestro caso las más de 13.000 hectáreas de bosques naturales que se ubican en las cordilleras alto andinas de nuestros pueblos, recursos hídricos de cabeceras de cuenca, micro cu- necas y valles y toda nuestra biodiversidad y vida colectiva, expuestos a los altos riesgos desaparición e índices de contaminación, por la uti - lización y generación de elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio y plomo. Desde que llegó la transnacional minera a nuestros pueblos, se está produciendo amenazas, hostigamiento y criminalización a nues - tros líderes y por nuestra lucha legítima y justa hoy venimos siendo procesados y perseguidos por el Poder Judicial y Ministerio Publico. La Empresa minera en nuestras comunidades esta que promueve la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de chantaje, división, confrontación y formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimarnos como comunidades originarias, Indígenas y ronderiles, aprovechando la débil posición de nuestro Gobierno Re - gional y locales que firman y aceptan diálogos amañados de acuerdo a los objetivos de las transaccionales, con el Gobierno Nacional y los grupos de poder económico, desamparando a los pueblos, las empre- sas implementan medidas de represión, difamación, persecución, en- juiciamiento y encarcelamiento a los dirigentes o toda persona que no esté de acuerdo con su política. En tal sentido creemos que el lema de la “Responsabilidad Social Empresarial”, se convierte en acciones de “Control y sometimiento social”. Al no ser atendidos y considerados nuestros reclamos por la cual luchamos, por las autoridades nacionales, regional y locales, dentro de la mesa de trabajo, nos declaramos en permanente movilización y resistencia como pueblos originarios hasta ser atendidos. Todo nues- tro respaldo y apoyo a nuestro legítimo representante y presidente de la comunidad San Juan de Cañares, Santos Cristóbal Barrios y demás miembros de las comunidades campesinas y ronderiles en mención. Nuestro rechazo a las organizaciones de fachada creadas por la transna - cional minera y el gobierno nacional, en las mesas de trabajo que no es - tán amparadas y respaldadas en el marco normativo tal como lo tienen su reconocimiento las Comunidades campesinas, indígenas y ronderiles. Reconocemos el gran apoyo de la Central Única Nacional de Ron - das Campesinas del Perú (CUNARC-P), el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), Comando Unitario de Lucha de la Región