Número 18

29 CONSENTIMIENTO. Por lo que pedimos al Estado peruano que dicha empresa minera suspenda sus operaciones y se retire definitivamente de nuestros territorios ancestrales, por haber violado nuestros dere - chos naturales, inherentes y consuetudinarios y que respeten nuestra Consulta Comunal del 30 de septiembre del 2012 reconocidos consti - tucionalmente en los Instrumentos Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Uni - das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, exigimos como condición para el diálogo el retiro inme - diato de las fuerzas policiales de nuestros territorios, puesto que de acuerdo a nuestro derecho consuetudinario la seguridad comunal está garantizada por las rondas campesinas y no hay necesidad de la pre - sencia de gran contingente policial fuertemente armado en la zona. A esto elevamos nuestra voz de rechazo ante la persecución de nuestros/ as dirigentes y líderes/as comunales y ronderiles. Por otro lado, recha - zamos categóricamente los resultados de la Asamblea General del 8 de julio del 2012 realizada por la Minera Candente Popper y sus alia - dos, reconocida ilegalmente por el gobierno peruano desconociendo el Convenio 169 de la OIT, autorizando a la empresa minera continuar con sus operaciones en nuestro territorio indígena – originario. La inver - sión para el desarrollo que plantea el Gobierno Central para nuestros pueblos en su responsabilidad como Estado donde está incluido los go - biernos regionales y locales, no puede condicionar ni confundir nuestro reclamo válido al ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios que estamos haciendo en defensa de nuestros territorios por la invasión de un megaproyecto minero transnacional. El Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales con el pretexto del desarrollo y bonanzas que muchas veces se tejen tras las componendas de la mafia y la corrupción con las transnacionales no puede minimizar y distorsionar nuestra lucha legítima y legal que he - mos emprendido como pueblos originarios e indígenas y ronderiles. Es por ello que pedimos a las Autoridades Nacionales, Regionales y Loca - les a entender y reconocer que somos pueblos culturales y ancestrales existentes desde antes y después de los Mochicas y el Tahuantinsuyo en el norte del Perú, por lo que exigimos que se nos respeten nuestros derechos en el marco Constitucional y en los Instrumentos Internacio - nales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Uni - das sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos autoridades originarias, comunales y ronderiles que no es - tamos dispuestos a renunciar a nuestros principios y derechos como