Número 18

27 za patrullajes constantes en comunidades indígenas apartadas. Mostrando una ignorancia suprema de la Constitución, o conscientemente pasando por encima de la Ley Suprema, se ha otorgado al Ejército funciones de policía, y para ello, se auxilia de policías judiciales, paramilitares, vendedores o predicadores religiosos, al más viejo estilo del Instituto Lingüístico del Verano. Asimismo, el Estado va descomponiendo el te - jido social mediante el financiamiento de proyectos productivos que rompen con la vocación tradicional del suelo y las formas consuetudinarias de produc- ción y propiedad colectiva de la tierra. Tal es los casos de lo emprendido por los pasados gobiernos panistas que introducen actividades altamente depredadores y rentables, como la ganadería o la palma real. En este sentido, hace unos años, se emprendieron ac - ciones por parte de los cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes, con el auxilio de programas ofi - ciales, desarrollaron actividades económicas sin el consenso de la comunidad, aumentando las acciones violentas contra ésta y las autoridades autónomas. Recapitulando, el paramilitarismo sirve a los fi - nes de la contrainsurgencia, destruyendo o deterio- rando severamente el tejido social que apoya a la guerrilla. Actúa bajo las más diversas expresiones. Agrediendo a prestadores de servicios sociales en campamentos de desplazados, originando condicio - nes de inhabitabilidad a las comunidades indígenas y campesinas que provoquen desplazamientos, coa - ligándose con autoridades civiles, ejerciendo acoso mediante el accionar de jueces venales, infiltrando asociaciones religiosas, realizando labores de inte - ligencia, planteando disyuntivas desarrollistas que ocasionen deterioro ambiental, ubicando como enemigos del desarrollo a las comunidades que se niegan a seguir la lógica de la ganancia del capital, con las situaciones de inestabilidad consecuentes, y sobre todo originando o aumentando el espiral de la violencia en las comunidades haciendo de ésta un modo de vida a través del narcotráfico, la milita - rización y la criminalización de las oposiciones. La fisonomía de muchas comunidades ha cam - biado a partir del militarismo, el crimen organizado y el paramilitarismo. La llegada de fenómenos como la prostitución, la drogadicción y el narcotráfico no son circunstancias naturales sino resultado de una estrategia de penetración del capital, con sus brazos armados múltiples al servicio del Estado. La praxis autonómica expresada precisamente en los Municipios Autónomos zapatistas y las Jun - tas de Buen Gobierno, en las comunidades adheri - das a la CRAC, de Guerrero, en Cherán, Michoacán,o en municipios de Oaxaca, por mencionar, los casos más visible, ha llamado la atención y ha significado el incremento de las actividades de militares, y toda la gama de grupos armados relacionados al crimen organizado y alos paramilitares. Estas experiencias, al ir adquiriendo protagonismo mediante autonomías de facto se han puesto una vez más en la mira del Estado. Al desplegar estrategias de resistencia, amparadas en la jurisprudencia internacional, como las expresadas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas emanada de las Naciones Unidas, las comunidades autónomas dan un ejemplo de lucha anti-capitalista. Por ello, en cualquier proyecto de rescate de la nación hacía el futuro, se requerirían debatir a fon - do las tareas constitucionales de las fuerzas armadas con el propósito de dar un giro total a su actual con- dición: en los hechos, verdaderas fuerzas de ocupa - ción de los pueblos. Un proyecto para democratizar al país requiere fortalecer el control civil y legislativo de las fuerzas armadas y la desaparición definitiva de la cuarta fuerza armada, ilegal y clandestina, que agrupa a los paramilitares y sobre la que se fincan las operaciones encubiertas del gobierno en contra del EZLN, otros grupos armados y organizaciones civiles de toda la gama de la resistencia pacífica en el terri - torio nacional.