Número 18

25 existencia de grupos paramilitares en el estado en 1998; en una conversación de los miembros de esta comisión del Congreso de la Unión con el entonces Procurador General, Jorge Madrazo Cuellar, este fun - cionario nos informó de la existencia de al menos 12 grupos de “civiles presuntamente armados”, eufe - mismo para referir a los paramilitares. Se creó una fiscalía especial para el caso, misma que desapareció sin pena ni gloria, años después. Es evidente, sin embargo, que el gobierno fede - ral mexicano no pudo lograr que, como en el caso colombiano, los paramilitares quedaran a la vanguar - dia de la guerra del Estado contra los grupos insur - gentes. En Colombia, como lo observé en el depar - tamento de Putumayo, los paramilitares mantenían control efectivo de zonas extensas del territorio de esa nación y constituían la vanguardia semiclandesti - na de la contrainsurgencia. Aparentemente fuera ya de control del Estado colombiano, los paramilitares recibían financiamiento de terratenientes y narcotra - ficantes y han sido una fuerza que incluso ha exigido reconocimiento de beligerancia. Por recomendación de asesores de la CIA, el ejército colombiano integró alos grupos paramilitares en la estructura de la inte- ligencia militar nacional. Para todos los observadores y ciudadanos que han observado el conflicto en Chiapas a partir de 1994,el gobierno federal, el estatal y los militares mexicanos confiaron en que las fuerzas paramilita - res del norte de Chiapas, “Paz y Justicia” y “los Chin - chulines”, en un inicio, lograran el control territorial e hicieran innecesaria la intervención del ejército para sostener combate directo con las bases de apoyo zapatista. No obstante, las movilizaciones del ejérci - to mexicano que se mantienen durante todos estos años, indican que el gobierno federal consideró ne- cesario mantener su intensidad castrense en las zo - nas de alta presencia política zapatista. Es evidente, entonces, que los paramilitares no bastan para este propósito; sin embargo, la coexistencia de retenes militares y de paramilitares en los mismos teatros de operación implica la posibilidad de que en México ocurra lo que ya es cotidiano en otros países: opera - tivos conjuntos de paramilitares y el ejército. El gobierno ha mantenido el uso de los parami - litares a pesar de algunos síntomas de desgaste. Las Organizaciones No Gubernamentales chiapanecas reportaron hace diez años que las bases paramili - tares vivían, en algunos casos, las mismas hambru - nas que las zapatistas y que estaban descontentas porque sus líderes, como Samuel Sánchez, dirigen - te de Paz y Justicia, estaba desarrollando su propio emporio hotelero y turístico en el municipio de Tila, mientras los indígenas Choles siguen en la misma pobreza. En Tila, incluso, llego a crearse una Asocia - ción de ex Militantes de Paz y Justicia y algunos pa - ramilitares sin tierra han realizado tomas de predios en el Norte de Chiapas. En estos años proliferaron las siglas o los nom - bres de supuestos grupos dispuestos a la guerra contra el EZLN y sus comunidades de apoyo: “Los To - mates” en Bochil, “Los Chentes” en Tuxtia Gutiérrez, “Los Quintos” en el municipio de Venustiano Carran - za, “Los Aguilares” en Bachajón, “los Puñales “ en Atenango del Valle, Tepisca y Comitán. Las actividades del Ejército, lejos de evidenciar ante la población una real política de paz del os eje - cutivos federales priistas-panistas, demuestran lo contrario. La inquietud provocada en la población por la presencia de paramilitares, el acoso a las ba- ses de apoyo zapatistas que operan en los Municipio Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, la mayor presencia del Ejército en Chiapas, y en otras regiones indígenas de la geografía nacional, ponen de relieve tácticas tendientes a provocar agresiones y desplaza - mientos masivos de cara a la creación de condiciones óptimas para el desenvolvimiento del gran capital en el proceso de ocupación integral por parte de las cor- poraciones de toda índole.