Número 18

16 insuficiencia de servicios básicos y por la cuidadosa y sistemática desinformación. Con el antecedente de la investigación referida, varios investigadores solicitamos recientemente in - formación al INAH, recibiendo entonces una relación de los estudios arqueológicos llevados a cabo por nuestra institución a propósito de la iniciativa mine - ra, donde no figura, en absoluto, alusión alguna al estudio y dictamen realizados en 2008. La iniciativa minera, ya muy avanzada en sus trá - mites, resulta preocupante para quien no tenga in- tereses económicos o políticos puestos en ella, pues presenta varias vertientes de afectación estrecha - mente relacionadas entre sí, cuya magnitud y severi - dad en sus implicaciones es previsible técnicamente en el campo ambiental, sociocultural, económico, epidemiológico… y arqueológico. Hay que añadir otro elemento de relevancia a considerar, y es que las concesiones mineras de La Esperanza Silver en torno al Cerro del Jumil abarcan 15,025 hectáreas, divididas en 7 secciones colindan - tes entre sí. Esto implica que el Jumil es simplemente la punta de la flecha de la iniciativa y que el proyecto global involucra directamente a diversas comunida - des –entre ellas la colonia Las Palmas de Alpuyeca y los asentamientos de Xochicalco , Unidad Morelos y Xochitepec- al abarcar concesiones del subsuelo incluso debajo de asentamientos humanos actuales, como se puede ver en el siguiente mapa. Por increí - ble que parezca, la concesión “Esperanza V” abarca formalmente el subsuelo de la zona arqueológica de Xochicalco, reconocida por la UNESCO como “Patri - monio de la Humanidad”. Las iniciativas mineras a tajo abierto se encuen - tran sólidamente cuestionadas en la actualidad, y no por un “fundamentalismo antiminero” que países como Costa Rica o Turquía y estados como Minneso - ta y California en Estados Unidos las han prosrito to - talmente de sus territorios. Sin embargo, del amplio conjunto de efectos nocivos previsibles en la inicia - tiva que nos ocupa, tomemos aquí sólo lo que co - rresponde a la dinámica que el INAH ha seguido ante la iniciativa minera. Esto es, los empresarios mineros hacen lo que les corresponde, en plena coherencia con la ilimitada irresponsabilidad del modelo econó- mico dominante, pero hemos de preguntarnos qué hacemos nosotros; veamos en qué sentido la mina de tajo abierto colindante con Xochicalco revela pro - cederes institucionales contradictorios, que ameri - tan atención y corrección. No es coherente que las investigaciones enco - mendadas por el INAH a sus propios especialistas desaparezcan. O tal vez sí, pues estamos entera - dos de que André Breton se fue de México porque aquí no tenía nada que hacer, en el reino donde lo surreal es sano costumbrismo. Sin embargo, la perspectiva de quienes trabajan para el INAH en sus delegaciones regionales seguramente tiene algo que aportar a la institución; las investigacio - nes encomendadas debieran tomarse en cuenta o al menos rebatirse, no ignorarse llanamente; vaya, en el ejemplo que nos ocupa, ni espacio en un ar - chivo alcanzó el citado informe. ¿Cuál es entonces el sentido o razón de ser de las Delegaciones o Centros Regionales del INAH? ¿Cómo es que el trabajo académico de sus inte - grantes es luego irrelevante en situaciones tan deli - cadas como la que nos ocupa? Los investigadores que realizaron el peritaje ar - queológico en el Cerro el Jumil no tuvieron siquiera la posibilidad de una respuesta a su estudio, ni for- mal ni informal, ni de los funcionarios ni de sus pro- pios colegas que luego fueron enviados para analizar la zona desde la ciudad de México. Las objeciones múltiples a la mina deben de ser atendidas y no son banales: se trata de un asunto de interés público y además significativo, emblemático, dada la cantidad de propuestas de explotación que están en juego en todo el país. La interrelación de factores y su trascendencia hace que el asunto no sea de competencia exclusivamente arqueológica. Se requiere clarificar categóricamente, tanto a los arqueólogos del INAH, como a los académicos y trabajadores del Instituto y a la sociedad misma,