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30 lincuencia organizada– y de sus familiares, y la opo - sición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reconocerles el derecho de reclamar su derecho de víctimas, por no ser los directamente afectados – como si el difunto pudiera hacerlo personalmente–, ha puesto las antenas en el desempeño de la justicia mexicana, que durante años ha privilegiado el dere - cho de la autoridad a ejercer la justicia a cualquier