Número 6

59 sidenta Mireya Moscoso y el propio Martinelli. El falso alegato del gobierno y los empresarios es que prohibir las hidroeléctricas conllevaría pagar más por energía eléctrica producida por petróleo. Pero la legislación actual permite a los dueños de las hi- droeléctricas facturar a precios de la producida por combustibles fósiles. Otras comunidades indígenas también están amenazadas, como los kunas y emberás-woaunam, pues por estos días se otorgará la concesión para explorar y explotar cuatro bloques yacimientos pe - troleros en la región de Darién. El mito del “progreso”. ¿Progreso para quién? El colmo del cinismo de la clase dominante pana - meña es pretender presentar sus intereses crema- tísticos como si fueran los intereses de la nación, culpando a los indígenas de “impedir el progreso” del país. Cualquier persona medianamente educada sabe que los países con mayores riquezas minerales poseen las poblaciones en mayor miseria, que ade - más padecen cruentas guerras civiles incentivadas por voraces intereses imperialistas. Para ejemplo, basta con mirar la historia de Bolivia, o los países del centro de África. Y el que dude que vea la pelí - cula “Diamantes de sangre”. Pero en Panamá la desfachatez de Martinelli y su gobierno no tienen límite, pues al derogarse el Código Minero, por la lucha del año pasado, en un cálculo frío de los diputados oficialistas, no res - tituyeron varios artículos del código anterior con lo cual ha resultado que en estos meses explota - ciones multimillonarias, como Petaquilla, no están pagando ni un solo centavo de regalías al Estado panameño!!! Ahora, que dicen revivir el proyecto repudia - do hace doce meses, para cobrar las regalías, han reducido a la ridiculez los cargos que deben pagar las empresas mineras. Otro economista, William Hughes (“Panamá: poder oculto en la minería”) ha denunciado que los impuestos que deben pagar las empresas extractoras de piedra y cascajo están siendo reducidos de 300 dólares a 75 y 100 por ki - logramo, y la extracción de cobre y oro, que paga - ban 10 y 20 mil dólares por kilo, ha sido rebajada a 300 y 450 dólares el kilo, en el nuevo proyecto. En el mismo sentido, la “fianza de garantía”, que para el primer caso era de 50 dólares por hectárea se la baja a 10 centavos de dólar por hectárea; y en el caso de los metales se la baja de 200 dólares a 25 centavos por hectárea. Queda evidenciado que Martinelli, su gobierno y las mineras están saqueando la propiedad y los derechos del conjunto de la nación para beneficio (“progreso”) de los dueños de este negocio, sacrifi - cando los intereses y derechos, no sólo de los Nga - bes-Buglés, sino de todo el país. Basta de burlas, que Martinelli respete la ley El Movimiento Popular Unificado (MPU), los sindica - tos, las organizaciones populares, de derechos hu - manos, los ambientalistas, la sociedad civil y la di - rigencia de la Coordinadora de Lucha Ngabe-Buglé exigimos algo simple: que Martinelli y su gobierno respeten su compromiso formalizado en los acuer - dos firmados el año 2011 que prohíben laminería e hidroeléctricas en la comarca, y que respete la ley. Decimos basta de burlas y mentiras. El gobier - no panameño debe cumplir la suscrita Declaración de las Naciones Unidas sob re los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), la propia Ley 41de 1 de julio de 1998 sobre tierras co - marcales, y el Convenio 169 de la OIT, que no ha sido ratificado, todas las cuales señalan con claridad que la explotación de los recursos naturales de las comarcas debe hacerse en acuerdo con las comu- nidades y las autoridades naturales de la comarca. Como Martinelli y los intereses capitalistas que defiende no cumplirán por las buenas con los mí - nimos derechos que la legislación establece, está demostrado, debemos seguir movilizados en soli - daridad con la lucha del pueblo Ngabe-Buglé, hasta imponer un gobierno popular en el que se respete la vida humana y la naturaleza.