No. 65, Abril-Junio

Prácticas comunitarias de producción energética frente a la imposición de complejos hidroeléctricos en Guatemala

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Introducción

En Guatemala varias comunidades indígenas enfrentan la instalación de centrales de generación eléctrica en sus territorios. Las confrontaciones en torno al uso del agua para producir energía están presentes en el país desde hace varias décadas. Según un cuadro de conflictividad social del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala, se registran conflictos en por lo menos 16 de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país, algunos suspendidos por la oposición de las comunidades y otros que no han iniciado operaciones (Mérida, 2014).

En Guatemala, desde finales de la década de los años setenta del siglo XX, comenzó el período de los grandes proyectos de infraestructura hidráulica. En los planteamientos de la política pública se buscaba generar energía a gran escala por medio de plantas hidroeléctricas para frenar la dependencia de los hidrocarburos utilizados en las termoeléctricas (INDE, 1983: 8).

En la década del 2000 se construyeron en el país un puñado de represas medianas y pequeñas esparcidas a lo largo de los territorios rurales, en el marco de las reformas privatizadoras en el periodo de la posguerra. Se establecieron cinco centrales hidoreléctricas en los departamentos de Quiché y Alta Verapaz y se previó la instalación de 43 plantas hidroeléctricas más que incluirían al departamento de Huehuetenango (Chan, 2016: 45-50).

En los territorios donde se encuentran las centrales hidroeléctricas activas, las disputas permanecen ante la falta de resarcimiento, los escenarios de constante violencia y el reparto inequitativo de beneficios. Tal es el otro caso de los conflictos en el área de la población maya ixil del departamento de Quiché, donde se encuentran en operación tres centrales hidroeléctricas: Palo Viejo, Hidro Xaclbal y Xaclbal Delta, edificadas en el contexto de disputas agrarias. De tal manera que los factores agrarios se redefinen en estos conflictos, ya que en los embalses se suprime todo uso de la tierra. En San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz se han construido una serie de represas en cadena sobre el río Cahabón con capital español, por sus dimensiones más de 29 mil indígenas maya q’eqch’i, están en peligro de quedarse sin agua (Tristán, 2016).

Las comunidades cercanas a los proyectos hidroeléctricos son asediadas constantemente por empresas de capital nacional y trasnacional que han impuesto, en los territorios indígenas y rurales, una dinámica de acumulación caracterizada por la amenaza de desalojos de tierras y exclusión del uso del agua de los ríos (Illescas, 2013: 51).

Ante dichos conflictos socioambiéntales, hasta ahora el Estado guatemalteco ha incumplido sistemáticamente su obligación de consulta libre, previa e informada, para otorgar o no las licencias a empresas estatales y privadas que actúan de forma impositiva y no toman en cuenta a los habitantes, a pesar de que Guatemala ratificó en abril de 1996 el Convenio 169 de la OIT asumiendo la responsabilidad de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y de estar obligado a ello según el Código Municipal, Decreto 12-2002 (UDEFEGUA, 2015: 10).

Los proyectos hidroeléctricos en operación y planeación se ubican en territorios con carencias económicas desde hace décadas y se establecieron en el marco de políticas de exclusión. Los mecanismos mediante los cuales se despoja del agua de los ríos a los habitantes han variado a lo largo de la historia. Se presentan en las comunidades como parte de una política represiva en forma de acaparamiento de tierras, desalojos violentos, engaños, compra forzada de tierras y militarización.

La destrucción de los medios de vida de la población y el daño a los ecosistemas provocado por las empresas generadoras de energía eléctrica deviene en la profunda transformación de los territorios; dichos cambios van a una velocidad que rebasa la vida comunitaria (Merlinsky, 2013: 15). Asimismo, los desalojos violentos dañan la reproducción social, ya que someten a los desplazados a las decisiones de los gobiernos y los empresarios.

En contraposición a los proyectos empresariales de producción de energía hidráulica, se encuentran una serie de prácticas de reproducción social comunitaria, las cuales sientan las bases para construir propuestas alternativas que se plantean desde las necesidades de las mismas comunidades.

Las comunidades que han franqueado conflictos socioambiéntales defienden sus formas de vida vinculadas a la tierra, la naturaleza, la cultura y la organización comunitaria, con base en los vínculos colectivos y las formas de gobierno comunitario, cuya permanencia les permite tener cierto control sobre sus territorios y resguardar los bienes naturales como son los bosques y los ríos (Rodríguez, 2015: 14-17).

Las formas comunitarias que han garantizado la reproducción de la vida son maneras de producción de lo común. Concretamente, las experiencias en el campo de las energías renovables se caracterizan por el diseño e implementación de mecanismos que permiten la operación de pequeñas centrales hidroeléctricas que se operan para beneficio social y no afectan los nichos ecológicos. Se trata de casos concretos de autogestión para el empoderamiento social. Las propuestas alternativas de generación de energía, realizadas y mantenidas por diversos conglomerados sociales a escala local, se presentan como la contraparte al deterioro ecológico y social derivado del desarrollo capitalista.

 

Resistencia y prácticas comunitarias de producción energética: las mini centrales hidroeléctricas de la Zona Reina, Quiché

Las formas de vida comunitaria que se mantienen en algunos territorios indígenas de Guatemala, en donde su población ha luchado por mantener la vida misma, permiten la realización de proyectos de autogestión energética, que son llevadas a cabo por la acción colectiva de agrupaciones sociales organizadas en torno a sus territorios. Estas iniciativas son parte de las luchas por la liberación local desde la socialidad comunitaria (Palencia, 2015: xxxii).

Es de resaltar que en Guatemala el acceso desigual al servicio eléctrico tiene una manifestación geográfica diferenciada. La oferta de energía eléctrica no satisface las necesidades de la población[3]. A pesar de los planes de expansión eléctrica en la política pública, no se ha logrado cubrir la demanda. En cambio, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz (1996) se han privatizado los sistemas de trasmisión, distribución y generación, teniendo como consecuencias el incremento de la tarifa para pequeños consumidores y del alumbrado público. En contraposición, se ha favorecido el proyecto industrial de los grandes consumidores de electricidad, como son los empresarios del sector minero metalúrgico y de la construcción. Otro de los objetivos de la política estatal ha sido convertir al país en uno de los principales exportadores de energía eléctrica de la región (PNUD, 2016: 247-248).


Mapa de ubicación de las hidroeléctricas comunitarias de Zona Reina en la cuenca del Usumacinta. Elaborado por Rogelio López y Ana Pohlenz (2019). 

Las prácticas de autogeneración de energía eléctrica que se instrumentan desde las comunidades indígenas enfrentan por un lado el despojo de sus territorios por parte de empresas y por el otro las necesidades básicas no cubiertas por el Estado guatemalteco; por ello, son un ejemplo de emancipación para la reapropiación de sus territorios y la producción y distribución de servicios como la electricidad. Un ejemplo concreto del empoderamiento social son las cuatro pequeñas hidroeléctricas comunitarias que operan actualmente en la Zona Reina en el departamento de Quiché, Guatemala y generan electricidad a escala local sustentadas en modelos organizativos propios. Estas centrales hidroeléctricas se encuentran en cuatro localidades: aldea Unión 31 de mayo Xecoyeu, aldea La Taña, aldea Lirio Putul y aldea La Gloria.

En la región de la Zona Reina habitan 85 comunidades. Es un área excluida por el Estado guatemalteco, carece de servicios básicos, como el de energía eléctrica a pesar de estar ubicada a escasos 15 kilómetros en línea recta del embalse de Pueblo Viejo Quixal, la hidroeléctrica más grande de Guatemala, la Hidroeléctrica Chixoy.

La Zona Reina[4] está ubicada en el municipio de Uspantán, en el departamento de Quiché, Guatemala. Enclavada en las quebradas surcadas por los ríos Cutzalá, Chixoy y Copón, así como la montaña de Lamay, la cual delimita su territorio. Colinda con la región del Ixcán al norte, al sur con los municipios de San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y al oeste con Cunén, dentro del departamento de Quiché y con el departamento de Alta Verapaz, al este (Colectivo Madre Selva, 2014: 21).

La población de la Zona Reina representa el 40% de los habitantes del municipio de Uspantán (SEGEPLAN, 2010: 13). En su gran mayoría se identifican como indígenas q’eqch’i, y en menor proporción como poq’omchi’, k’iche’, q’anjob’al e ixil. La principal actividad económica es la producción agrícola de cardamomo, café y cultivos de subsistencia. Los índices de pobreza son altos con el 87.7% y con 36.6% de pobreza extrema (Colectivo Madre Selva, 2014: 22).

Desde principios del siglo XX familias q’eqch’i entraron a la Zona Reina de forma espontánea y aislada provenientes de las Verapaces. A partir de 1974 el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) de Guatemala entregó tierras a nuevos colonos indígenas y mestizos, junto con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (AID), para incentivar el poblamiento del norte de la Zona Reina. La idea original era ubicar allí a 5 mil familias agrupándolas en 51 polígonos y dándoles 14 manzanas (10has) de terreno a cada una. Finalmente, se fundaron sólo 24 aldeas, con una población de 2 mil familias entre mestizos de la Costa sur y Oriente e indígenas de las Verapaces (de Vos, 2002: 297).

Para los colonos de la Zona Reina la represión durante la guerra de contrainsurgencia cayó sobre la esperanza de tener un pedazo de tierra para sembrar y vivir (de Vos, 2002: 297). La fundación de estos asentamientos quedó enmarcada por la violencia contrainsurgente de los años ochenta del siglo XX puesto que, en el departamento de Quiché, el Ejército guatemalteco implementó la política de tierra arrasada, dentro de la cual las masacres se realizaban de manera rutinaria, como “medida preventiva”, sin importar si sus habitantes tenían o no vínculos con la guerrilla (Colectivo Madre Selva, 2014: 42).

Los actos de violencia extrema tuvieron como consecuencia olas de desplazados y de refugiados que marcharon hacia México. Las narraciones de la guerra contrainsurgente coinciden en describir los actos de terror cometidos por el Ejército y las PAC, que impulsaron a la población a salir de sus comunidades, a veces en solitario, a veces en grupos, abandonando sus casas para no ser asesinados o torturados (Colectivo Madre Selva, 2014: 42). Particularmente las acciones en contra del pueblo maya llevadas a cabo durante los años 1982 y 1983 fueron reconocidas como de naturaleza genocida. De manera articulada con las políticas de tierra arrasada, el régimen llevó a cabo una importante acción de vigilancia sobre la selva y montañas, a las que los desplazados acudieron buscando refugio (Wilson 1991 citado por Salamanca, 2015: 66).

El Ejército utilizó la Zona Reina como centro de operaciones para el control del Ixcán, posteriormente todos los centros de población estuvieron bajo dominio militar. El terror sufrido por la estrategia de tierra arrasada que incluyó masacres en cadena y aniquiló poblaciones enteras llevó a los sobrevivientes a buscar refugio en las montañas, ahí aprendieron a moverse de noche y esconderse de día, a habitar en viviendas improvisadas y en constante alerta ante la posibilidad de ser descubiertos. El proceso de sobrevivencia fue tan tenaz que llevó a la conformación de una organización que denominaron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), misma que les permitió mantenerse en una vida de constante huida de la persecución del Ejército a lo largo de una década (de Vos, 2002: 305-312).

Las incursiones militares en las comunidades indígenas estaban enfocadas a sembrar el terror, tenían una manera codificada de proceder con actos extremos con asociaciones simbólicas. La vigilancia y la persecución militar dieron lugar a una situación de desplazamiento en la que la vida no sólo se veía comprometida en términos materiales; los rituales tradicionales fundamentales para el bienestar colectivo se vieron limitados o simplemente no podían ser realizados en condiciones de nomadismo; los ancianos, depositarios de dichos saberes, fueron los primeros en morir frente a las condiciones de supervivencia (Wilson 1991 citado por Salamanca, 2015: 66).

Con la firma de los Acuerdos de Paz (1996) y los procesos de retorno, las personas refugiadas y desplazadas pudieron dejar la vida en la montaña, lo cual implicó construir de nuevo sus localidades. En definitiva, la experiencia de organización en la montaña y la toma de conciencia colectiva de la importancia del trabajo comunitario permitieron la construcción colectiva de nuevas aldeas.

La población desplazada de sus hogares por la represión del Ejército, eran hombres, mujeres, niños y ancianos, en su mayoría indígenas y campesinos que se organizaron en las montañas y vivieron en una situación de desplazamiento. Posteriormente, se convirtieron en retornados a la vida sedentaria en tierras asignadas en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. Esto tuvo como consecuencia la conformación de aldeas multilingües, ya que en una sola aldea se asentaron personas de distintos orígenes étnicos agrupados de acuerdo a un nuevo ordenamiento territorial conformado por políticas de la posguerra.


Oficina de la Asociación “Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia”. Fuente: Ana Pohlenz de Tavira, aldea Unión 31 de mayo Xecoyeu en Zona Reina, Quiché, Guatemala (2017). 

En el año de 1998, como resultado de una serie de negociaciones con el Estado, un grupo de las CPR que sobrevivió en la sierra de Chamá recibió tierras pertenecientes a la finca El Tesoro, en la Zona Reina. Con el núcleo original conformaron la aldea Unión 31 de mayo Xecoyeu, que posteriormente se fue dividiendo y conformaron otras aldeas. La mayoría de personas eran originarias del área ixil y de algunos municipios k’iches del departamento de Quiché, así como de localidades q’anjob’al del departamento de Huehuetenango y q’eqch’i de las Verapaces (Colectivo Madre Selva, 2014: 28).

Los años de resistencia en la montaña como CPR fortalecieron los vínculos comunitarios para constituir un nuevo asentamiento en las tierras que se les otorgó. La organización fue fundamental para la sobrevivencia en las montañas. Las aldeas de la Zona Reina tienen sus propias autoridades comunitarias conformadas por: alcaldes auxiliares, comités comunitarios de desarrollo, comités de agua y de mujeres (Colectivo Madre Selva, 2014: 25). Esta organización a nivel local, sirvió de base para la conformación de grupos de trabajo en torno a la generación de energía eléctrica.

Las hidroeléctricas comunitarias se fueron estableciendo como parte de los procesos de reconstrucción social de las comunidades que sufrieron desplazamiento de sus lugares de origen. Al asentarse en la finca El Tesoro las CPR-Sierra tuvieron que comenzar de nuevo, construyeron sus casas y establecieron sus cultivos. De esta manera, a nivel comunitario identificaron sus necesidades, de las cuales la electrificación fue una de sus prioridades, además de la salud y la educación: “Cuando llegamos aquí no había energía cerca y no se podía traer. Como somos CPR no teníamos nada, salimos de la montaña y llegamos aquí, no había nada, tampoco energía” (Técnico del proyecto de luz 31 de Mayo, entrevista 2017). Y así lo refiere uno de los fundadores del Proyecto Luz comunitaria:

El Proyecto de Luz comunitaria, era un planteamiento que hicimos desde antes de asentarnos aquí como CPR. En aquellos días platicamos durante trece años de persecución y de bombardeo, de las masacres que cometió el Ejército en ese tiempo. Al fin se logró una solución que le llaman de Paz, aunque eso no se terminó ahí; al menos nosotros, nos unimos en ese tiempo y ya traíamos ese plan para cuando ya estamos aquí, en el asentamiento definitivo, entonces ya podemos empezar a construir lo que es la Luz comunitaria. (Fundador de la aldea Unión 31 de mayo, entrevista 2017).

 

La hidroeléctrica comunitaria de la aldea Unión 31 de mayo Xecoyeu en Zona Reina, se llama “Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia”, lleva ese nombre que evoca a quienes murieron durante la guerra de contrainsurgencia y dieron: “su vida por el pueblo, es para decir que ellos les iluminan el camino del futuro”, refiere su fundador. Estas comunidades con la experiencia organizativa de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) lograron establecer su propio sistema de energía eléctrica (Colectivo Madre Selva, 2014).

La pequeña hidroeléctrica comunitaria de la aldea Unión 31 de mayo, conocida entre la población como “El proyecto de luz”, se logró poner en funcionamiento en el año 2012 después de 9 años de trabajo colectivo de planificación, construcción, operación y mantenimiento en los que participaron cientos de mujeres y hombres (Colectivo Madre Selva, 2014: 57).

La Hidroeléctrica Comunitaria “Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia” genera 55 kilovatios/hora y beneficia a casi 500 familias de las localidades Unión 31 de mayo Xecoyeu, San Antonio la Nueva Esperanza, San Marcos la Nueva Libertad y El Tesoro 9 de marzo (Colectivo Madre Selva, 2014: 82).

Al seguir el ejemplo de la Unión 31 de mayo, algunas aldeas vecinas han establecido su propia hidroeléctrica comunitaria. Esto de acuerdo con uno de los integrantes del proyecto:

La comunidad 31 de mayo tiene 6 años de servicio, la comunidad Lirio Putul dos años y La Taña casi uno. En La Gloria vimos que sí se puede aprovechar sus propios recursos de las comunidades, todo es tener la voluntad y la paciencia para buscar los fondos, para que nuestros hijos puedan aprovechar todo nuestro trabajo. (Integrante de la asociación del Proyecto La Gloria, entrevista 2017).

 

En la aldea Lirio Putul funciona desde hace tres años una pequeña hidroeléctrica que beneficia a 60 familias que pagan 30 quetzales por el consumo de 25 kW al mes. Para el funcionamiento de la hidroeléctrica se toma el agua de un acuífero, la bocatoma está en la montaña donde se hizo un pequeño embalse, después el agua se desvía por un canal de 500 metros hasta un tanque y de ahí cae por gravedad a la casa de máquinas construida a la orilla del río Pajuil, entra a la turbina, la mueve y produce energía que es enviada al gobernador y de ahí al generador, después a un tablero de donde se envía al transformador que eleva la potencia para el consumo en los hogares y transmite la energía por los cables de alta tensión.

La Asociación de Luz Comunitaria Nuevo Amanecer Zona Reina mantiene en funcionamiento otra hidroeléctrica comunitaria en la aldea La Taña. En ella se generan 90kW de potencia y utiliza solamente el 50% del caudal del río: “Este proyecto beneficia a 250 familias con luz comunitaria. Por ahora, se beneficia a familias de las comunidades: La Taña, Monte Cristo y Tesorito, además se está ampliando el servicio” (Integrante del Proyecto de luz aldea La Taña, entrevista 2017).

Según los integrantes del proyecto de luz, en aldea La Gloria la hidroeléctrica tiene una capacidad de producción de 55 kW; empezó a funcionar en el mes de septiembre de 2017 y brinda energía eléctrica a 100 familias:

El río La Gloria Vega de Uspantán es el que se utiliza en el proyecto hidroeléctrico, el río nace en el bosque de la comunidad, es propio de la comunidad. Es una cortina de 2.50 por 15 metros de ancho, la pequeña represa, de ahí va a un canal a la orilla del río. Se toma un 25% del agua del río, se desvía y más abajo se regresa el río a su cauce sin afectar nada.

Este río lo tenemos bien cuidado porque si nosotros no hubiéramos conservado las 5 caballerías de bosque ese río ya se nos hubiera terminado, pero nuestro sueño es reforestar más el bosque, no terminarlo, trataremos de ir sembrando más, porque un día nuestros hijos van a necesitar el bosque. (Integrante de la asociación del proyecto de luz de la aldea La Gloria, entrevista 2017).


Técnicos electricistas comunitarios. Fuente: Ana Pohlenz de Tavira, aldea La Taña en Zona Reina, Quiché, Guatemala (2017).

 

La producción de hidroenergía a escala local entre las comunidades de la Zona Reina es posible debido a las condiciones hídricas de la región, la infraestructura, los instrumentos técnicos y el trabajo colectivo. La accesibilidad al agua y las montañas permiten aprovechar el potencial productivo de ese nicho ecológico.

La continuidad del funcionamiento de las mini centrales hidroeléctricas ha demostrado tener resultados positivos, en particular, la certeza de que todas las familias tengan acceso a la electricidad a bajo costo. La energía eléctrica sirve para cubrir las necesidades de la comunidad, no para beneficiar a empresas, con lo cual se cumplen los propósitos para lo que fueron planteadas, es decir: para que la población contara con el servicio de electricidad a un costo accesible y de manera equitativa, además de no causar daños al medio ni a poblaciones vecinas. Así lo refiere uno de sus fundadores:

Del río sólo hay que tomar una parte. Para nosotros los pueblos, el respeto a los ríos, el respeto a las montañas, el respeto a los bosques debe permanecer, para construir un proyecto de luz comunitaria debemos agarrar una parte de un río para poner en beneficio de un pueblo o una comunidad esa es la idea que nosotros tenemos para no destruir los ríos, las montañas, ni los bosques, no es para vender, no es para negociar. (Fundador de la aldea Unión 31 de mayo, entrevista 2017).

 

Las hidroeléctricas comunitarias no afectan a los ríos porque utilizan una cantidad pequeña del agua de éstos, la cual es devuelta al cauce del río, y tampoco utilizan químicos que la contaminen:

Este proyecto no afecta en nada al río porque no se usan químicos y no se vierte ningún tipo de aceite al río, nada, todo es limpio, se usa el agua del río y así sale, no usamos nada de químicos. Para cuidar también la naturaleza porque si no se acaba todo, hay que proteger el ambiente (Técnico del proyecto de luz de la aldea La Gloria, entrevista 2017).

 

Como parte de las labores de mantenimiento de las hidroeléctricas, las comunidades realizan trabajos de cuidado del bosque para asegurar las fuentes de abastecimiento del agua necesarias para la generación de electricidad (Colectivo Madre Selva, 2014: 78). Al respecto opina el personal técnico del proyecto:

El nacimiento del agua lo cuidamos porque el agua nos da la vida. Por eso tenemos una ley en la comunidad que nadie puede botar la montaña, porque de ahí viene el agua y nace el río, si botamos todos los arbolitos ahí es donde se seca y se va el agua. (Técnico del proyecto de luz de la comunidad Lirio Putul, entrevista 2017).

 

Contar con el servicio de energía mejoró las condiciones de educación, permite tener herramientas de trabajo y de búsqueda de información para las prácticas docentes y la realización de tareas escolares: “La energía eléctrica nos ha ayudado para muchas cosas, es muy necesario. En el instituto de educación básica nos ayuda tener energía eléctrica, podemos conectar las computadoras, trabajar y los alumnos pueden hacer tareas” (Profesora del Instituto de Educación Básica, entrevista 2017).

La instrumentación efectiva de la gestión social de los recursos en el territorio sin la búsqueda de ganancias económicas, permite la existencia de una lógica distinta de producción hidroenergética que no necesariamente requiere del acaparamiento de agua ni la exclusión de la población. Sobre lo cual señala el personal técnico del proyecto:

Tener nuestra propia energía nos hace más libres, sabemos en qué se gasta todo el dinero que se recauda, no es para una sola persona para hacerse rico. Nosotros pagamos menos el servicio de la energía, pagamos sólo 30 Quetzales al mes y eso es económico; con empresas, otros pagan hasta 500 Quetzales. (Técnico del proyecto de luz de la Comunidad 31 de Mayo, entrevista 2017).

 

La relevancia de la producción hidroeléctrica comunitaria radica en que los pueblos toman en sus manos el diseño, la construcción, la operación y la distribución de los servicios a las comunidades. Así lo deja en claro uno de sus fundadores:

La importancia de la luz comunitaria para nosotros es que los pueblos, las comunidades, son los que toman en su mano este trabajo, esta re-construcción de las comunidades; por otro lado, también es que estamos amenazados por las empresas, si nosotros tenemos un proyecto aquí pues ya no tiene sentido que venga una empresa a vendernos luz o decirnos si queremos luz, ellos nos pueden decir que la luz que ellos trabajan es para el desarrollo de los pueblos pero sabemos exactamente que es para ellos, para el capitalismo. (Fundador de la aldea Unión 31 de mayo, entrevista 2017).

 

Mediante el esfuerzo colectivo, las comunidades establecieron sus propios sistemas de generación y distribución de electricidad. Estas experiencias rompen con la lógica de gestión y cultura empresarial, ya sea pública, privada o mixta y desarrollan procesos de autogestión por parte de los mismos habitantes con un alto sentido de respeto al ambiente, según lo refieren los integrantes de las CPR:

Cuando las comunidades pueden planificar una su hidroeléctrica, eso sí es verdadero; pero los grandes proyectos de hidroeléctricas están en contra del pueblo. Los grandes poderosos que quieren acaparar el río y tienen mucho odio de que las comunidades de la Zona Reina tengan sus hidroeléctricas comunitarias. (Integrante de las Comunidades de Población en Resistencia, entrevista 2017).

 
Río Pajuil y el pequeño embalse. Fuente: Ana Pohlenz de Tavira, aldea Lirio Putul en Zona Reina, Quiché, Guatemala (2017).

 

Conclusiones

En Guatemala los dispositivos mediante los cuales las empresas imponen su agenda energética han sido, en comúnmente, violentos y devastadores para los territorios indígenas y campesinos en donde establecen sus negocios. Por esto se distinguen dos lógicas distintas: la generación de hidroenergía comunitaria frente a la producción energética empresarial.

El modelo de desarrollo empresarial es excluyente. Se inserta en la vida de las comunidades con autoritarismo por medio de la violencia estatal. Las compañías generadoras de hidroenergía cuentan con el respaldo de los gobiernos, que la mayoría de las veces, responden con disposiciones jurídicas que buscan deslegitimar las decisiones de las comunidades tomadas en asambleas y mediante consultas internas o regionales, difundiendo una imagen de los pobladores como contrarios al desarrollo económico o simplemente a través de la intimidación (Salamanca y Astudillo, 2017: 27). Como consecuencia han surgido una serie de conflictos por el malestar de la población que provocan los empresarios con sus intromisiones.

De igual manera, los proyectos hidroeléctricos empresariales se imponen en los territorios sin la participación de las comunidades afectadas, quienes no son debidamente informadas ni tomadas en cuenta en el análisis costo-beneficio. A contracorriente, se expresan formas justas de reproducción social surgidas en comunidades excluidas que tienen perspectivas fuera de la lógica del poder y de la libre empresa (León, 2007: 20). Frente a la fase trasnacional actual del sistema capitalista de producción, las comunidades plantean la construcción de alternativas viables para que los excluidos tengan acceso a la energía eléctrica a bajo costo y sin padecer despojo de sus territorios.


Profesora y alumnos del Instituto de Educación Básica. Fuente: Ana Pohlenz de Tavira, aldea Unión 31 de mayo Xecoyeu en Zona Reina, Quiché, Guatemala (2017).

Las propuestas comunitarias son alternativas de generación eléctrica en la Zona Reina y representan formas no arbitrarias ni perjudiciales para los bienes comunes, como el agua de los ríos, que se contraponen a la cultura mercantilista promovida por las empresas. En comparación con la operación de hidroeléctricas de empresas públicas y privadas en el departamento de Quiché, como Hidro Xaclbal, Palo Viejo y Chixoy, las hidroeléctricas comunitarias de la Zona Reina funcionan bajo una lógica que no daña el caudal del río.

La emergencia de los proyectos alternativos de generación de energía refleja la capacidad de los pueblos indígenas de promover alternativas de gestión y administración local del agua y mantener potestad sobre sus territorios y los bienes naturales. Esto es posible por medio de la defensa de sus formas de vida y la recuperación del conocimiento ancestral sobre los usos y cuidados de la Madre Tierra, así como del mantener la sabiduría que les permita resistir al despojo capitalista a partir de la apropiación de su riqueza social (Rodríguez, 2015: 232).

Las prácticas y estrategias de trabajo comunitario llevadas a cabo por estas comunidades mayas, que habitan territorios en constante conflicto por el control territorial y de todos los elementos que en él están contenidos, se basan en una identidad, una memoria y un modo de vida común.

Este territorio ha sido construido mediante la cultura e identidad maya y está intrínsecamente relacionado con el cuidado de los elementos que integran la vida, tales como el bosque, la tierra, el agua, las montañas (Camey, 2009: 80). De acuerdo con uno de los integrantes del Gobierno Plurinacional de las naciones Akateko, Chuj, Poptí y Q’anjob’al del norte de Huehuetenango, Guatemala y Autoridad Ancestral, es que: “Gracias a las concepciones de los pueblos originarios es que se cuida el agua. También hay que compensar estas acciones de protección del agua. Se invierte tiempo en conservarla. Afortunadamente hay caudales importantes del agua” (Integrante del Gobierno Plurinacional y Autoridad ancestral, entrevista 2017).

La percepción o valoración comunitaria del agua se sustenta en las experiencias colectivas frente al medio y a las relaciones con la vida no humana. De dichas experiencias emergen prácticas culturales compartidas, valores de uso e intereses que se vinculan a una determinada identidad social que, a su vez, se relaciona con la concepción del agua como bien común.

La relación cultural con el ambiente es importante en el proceso de la organización comunitaria. Por ello, se mantiene el respeto a las montañas, a los ríos, al aire y a los bosques. Para los pueblos mayas de la región en comento el agua es considerada como uno de los elementos que integran la vida junto con los bosques, el aire y la tierra.

El agua es un elemento importante en las dinámicas sociales y, en el contexto descrito, se constituye en nodo articulador de las luchas por la tenencia de la tierra, los bienes comunes y los derechos a servicios básicos (Salamanca y Astudillo, 2017: 25). Dichas disputas devienen en movilizaciones que plantean mantener el agua dentro de la gestión de lo común y contra cualquier intento privatizador de su administración (Pohlenz, 2016: 25).

La gestión social del agua para producir energía es una alternativa frente a la privatización del sector eléctrico y permite a la población obtener soberanía energética. A la vez, plantea prácticas de democracia directa para gestionar los recursos comunes y surge como alternativa a la crisis ambiental y económica: “Se puede decir que es una revolución, porque aunque pequeña, es una luz comunitaria” (CPR, fundador de la aldea Unión 31 de mayo, entrevista 2017).

Es necesario señalar que esta solución no es absoluta, ya que se trata de un proceso que se encuentra en etapas iniciales de desarrollo en algunas localidades, que representan una cantidad pequeña respecto del total de habitantes que necesitan electricidad. Sin embargo, tiene potencial para generalizarse, por lo que sería conveniente que los gobiernos nacionales apoyaran esta alternativa en vez de a las empresas transnacionales.

 

Bibliografía

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  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016) Más allá del conflicto, luchas por el bienestar. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015/2016, Guatemala: Ed. PNUD.
  • Rodríguez, Carlos (2015) Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural. México: Ed. UAM-X/Ítaca.
  • Salamanca, Carlos y Astudillo, Francisco (2017) “Introducción Inflexiones transversales en torno al agua: una cartografía analítica”, en: Recursos vínculos y territorios. Inflexiones transversales en torno al agua, Rosario: Ed. Universidad de Rosario, Red de editoriales de las Universidades Nacionales de la Argentina (Pp. 15-49).
  • Salamanca, Carlos (2015) “Los lugares de la memoria y de la acción política en Guatemala. Justicia transicional, políticas del reconocimiento y ficciones de secularismo”, en: Revista de Estudios Sociales No. 51 (Pp. 62-75).
  • Tristán, Rosa (2016) “Cahabón, el río indígena que seca una hidroeléctrica en Guatemala”, en: El País, 17 de junio de 2016.
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (2015) Guatemala. Más pequeño que David: la lucha de los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Informe de misión internacional de investigación. Guatemala: Ed. Red SOS Tortura, UDEFEGUA, Federación Internacional de Derechos Humanos.

 

Entrevistas

  • Entrevista a técnico del proyecto de luz 31 de mayo, Zona Reina, Municipio de Uspantán, Departamento de Quiché, Guatemala, 26 de abril de 2017.
  • Entrevista a fundador de la aldea Unión 31 de mayo, aldea La Taña, Zona Reina, Departamento de Quiché, Guatemala, 26 de abril de 2017.
  • Entrevista a integrante de la asociación del Proyecto de Luz La Gloria, Zona Reina, Municipio de Uspantán, Departamento de Quiché, Guatemala, 27 de abril de 2017.
  • Entrevista a integrante del proyecto de luz La Taña, Zona Reina, Departamento de Quiché, 27 de abril de 2017.
  • Entrevista a Técnico del proyecto de luz Lirio Putul, Zona Reina, Municipio de Uspantán Departamento de Quiché, Guatemala, 25 de abril de 2017.
  • Entrevista a miembro del Gobierno Plurinacional y Autoridad ancestral, San Juan Ixcoy, Huehuetenango, 22 de mayo de 2017.
  • Entrevista a profesora del Instituto de Educación Básica, Comunidad 31 de Mayo, Zona Reina, Municipio de Uspantán, Departamento de Quiché, 26 de abril de 2017.

 

[1] Este artículo se basa en el Capítulo 5 “Poder social y soberanía energética: usos comunitarios del agua” de la tesis de mi autoría: Pohlenz de Tavira, Ana (2019) Ríos turbulentos. Conflictos en Guatemala y México por la producción hidroenergética en la cuenca del Usumacinta, Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México.

[2] Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[3]    La cobertura del servicio de energía eléctrica en el área rural guatemalteca es precaria e insuficiente, alrededor de 3.2 millones de personas no tienen este servicio en su vivienda (PNUD, 2016: 259).

[4]    Este nombre le fue dado porque dicho territorio fue otorgado por el presidente de Guatemala José María Reina Barrios (1892-1898) a milicianos en pago por sus servicios otorgados en la ofensiva liberal (Colectivo Madre Selva, 2014: 21).