No. 62, Julio-Septiembre

La 4T y el patrimonio arqueológico, artístico e histórico

CINAH-Yucatán
III Congreso Nacional del SNPICD-INAH

 

Introducción

Me he cuestionado varias veces si la llamada 4T empezó el 1 de diciembre de 2018. Es cierto, el hartazgo al clima de violencia, corrupción, impunidad y arbitrariedades que reinó en México desde 1988 o mucho antes, nos llevó a millones de mexicanos salir a votar de forma masiva el 1 de julio de 2018 eligiendo la opción “menos mala”. Muchos conocíamos el pasado priista del líder principal de Morena y, con el antecedente de haber gobernado el Distrito Federal al inicio del nuevo milenio, las expectativas de que pudiera existir un cambio de fondo en México no eran muy altas que se diga. En mi caso particular, debo añadir que mi escepticismo era mayor.

Poco antes de las elecciones del año 2006, cuando se consumó un fraude más en la historia electoral mexicana, los 17 sindicatos que por esos años integramos el frente que la prensa de forma coloquial “bautizó” como “Sector Cultura de la SEP”, nos reunimos con dos representantes del entonces candidato del PRD por la presidencia de la República, el mismo AMLO. Las preferencias electorales de ese momento lo colocaban como posible ganador de la contienda. La junta sindical previa a la subsecuente reunión con los representantes de AMLO decidió que, en mi carácter de Secretario General de la D-II-IA-1 de profesores de investigación científica y docencia del INAH, llevara la voz inicial de nuestro planteamiento político. Esto implicó llegar con exigencias puntuales dirigidas a un candidato que para entonces nadie tenía muy claro qué pensaba que debía hacerse (o haría) con la educación y la cultura de los mexicanos. Vínculo constitucionalmente establecido entre educación y cultura.

Esto porque, además, por esos años, casi medio centenar de Iniciativas legislativas de diputados y senadores proyectaban una tras otra dar su reconocimiento legal a la instancia salinista del CONACULTA, crear una Ley de Cultura y, de ser posible, transformar a los Institutos Nacional de Antropología e Historia y de Bellas Artes, en los sustentos de un cuerpo de origen ineficiente, burocrático y duplicador de funciones como ya se observaba ocurría con el CNCA. Claramente, desde su creación presidencial en 1988, los recursos federales del INAH e INBAL decrecían respecto de cómo se incrementaba el presupuesto de dicho órgano de raíz salinista. El PRD, partido de AMLO, destacaba con varias propuestas legislativas similares a las procedentes de otras fracciones partidistas neoliberales. ¿Cómo y por qué se daba esto nos preguntamos infinidad de veces?


México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de la UNESCO. Foto Héctor Montaño. Tomada de inah.gob.mx

El CONACULTA, desde su creación en 1988 por decreto de Carlos Salinas de Gortari, creció en burocracia tóxica mientras que los institutos nacionales de la etapa nacionalista, perdían en los hechos autonomía, atribuciones y facultades. Más y más decisiones que antes se tomaban en el INAH, ahora pasaban por el escrutinio de los funcionarios de CONACULTA. La pérdida de atribuciones era notoria en campos como los monumentos históricos. Con excepción de su primer titular, los subsiguientes empezaron a dar muestras de que operaban en sentido contrario a lo que la legislación federal establece sobre las materias de trabajo del INAH e INBAL. Los sexenios foxista y calderonista fueron “despiadados” en ese sentido. Al final del primero, la corona se adornó con la corrupción e ineficiencia de la biblioteca Vasconcelos, cuya ejecución fue posible con supresión de recursos a los institutos nacionales.

Como consecuencia, las posibilidades de ejercer con fuerza y dignidad sus materias de trabajo fueron literalmente pisoteadas de manera creciente por todas las fuerzas burocráticas y partidistas de entonces. Nos preocupó mucho, y sobre eso incidimos, en luchar por preservar el carácter federal del INAH. Sobre todo oponernos a que con la posible creación de una Secretaría de Cultura, sostener el vínculo histórico entre Educación y Cultura en nuestra tradición legislativa sobre patrimonio era, a contracorriente de lo “dictado” por políticas neoliberales (no así la UNESCO), la causa primaria a defender. Todo lo demás lo leímos como la inevitable caída a un pozo descendente. A lo lejos, el nacionalismo atípico que expresaba AMLO daba alguna pauta para pensar que entendía la trascendencia de mantener la fortaleza de ese vínculo, como la relevancia de dar solidez normativa y colegiada a instituciones educativas como el INAH. El golpe de realidad, como se narra a continuación, fue casi brutal.

 

La reunión con los enlaces del AMLO 2006

Días antes de uno más de los mítines de esos años, se concertó la esperada reunión con los voceros de AMLO. Los representantes sindicales llegamos a la cita con los enlaces de AMLO. Después de los saludos de rigor, me correspondió iniciar la sesión. Yo recuerdo que había asumido la responsabilidad que me delegaron los compañeros sindicalizados, por entonces alrededor de diecisiete a dieciocho mil trabajadores del INAH, INBAL, Radio Educación, Bibliotecas, y demás. Aún no cuajaba en mi mente una propuesta clara, puntual y directa para AMLO. Un chispazo llegó a mi mente. Pensé, ¿qué más si no sugerir que el candidato del PRD y de diversos movimientos sociales se manifieste por un aspecto que había caracterizado la lucha del proyecto educativo y de sensibilización de nuestra identidad como es mantener el vínculo Educación y Cultura? Cuando expresé esta demanda puntual y simbólica, recuerdo la satisfacción y aprobación de todos los compañeros sindicalizados. Como pocas consignas, sintetizaba con seis palabras el quid de nuestra lucha política “Mantener vínculo entre educación y cultura”.

Poco reparamos, paradójicamente, que varias Iniciativas de diputados y senadores del momento, cercanos a AMLO, adolecían de la misma tónica de sus correligionarios del PRI y del PAN: dar reconocimiento legal al CONACULTA desde el Congreso y, a la postre, crear una “Secretaría de Cultura”. El enlace de AMLO apuntó sin más en una de sus libretas. Inmediatamente, las otras cuatro o cinco intervenciones de los representantes sindicales reafirmaron la convicción y certeza de la exigencia. Recibimos como respuesta que la demanda llegaría a Andrés Manuel y no nos quedó otra que esperar al mitin del sábado siguiente para, por fin escuchar de viva voz del candidato del PRD, su definición sobre ¿preservar el vínculo educación y cultura?

Llegó el día del mitin. El recorrido al Zócalo fue combativo y festivo. Teníamos la expectativa de que, por fin, un sector de la clase política mexicana tendría una postura afín a nuestra visión del indisoluble nexo (destruido en 2015 por Peña Nieto) entre Educación y cultura. Olvidamos quizá que vivimos en México y que el modelo educativo construido por el nacionalismo de los años treinta del siglo pasado no encaja con la demandas de la globalización de la cultura y del patrimonio histórico muy ligadas a una cada vez más intensa “patrimonialización” de la cultura para goce turístico; con el paradigma mercadotécnico del que no escapaba entonces ninguna fracción política de esos años, incluidos los pragmáticos perredistas de entonces, no pocos morenistas de ahora.


Oficinas de Conaculta. Tomada de revistacodigo.com

Llegó el día del mitin de AMLO. Si recuerdo bien quedamos vernos a las 3 de la tarde en la explanada de Bellas Artes para hacer caminata al Zócalo. Recuerdo también haber quedado petrificado cuando AMLO gritó a todo pulmón y cito “Ante las demandas de los trabajadores de cultura, crearemos la Secretaría de Cultura”. Esta era una demanda de grupos empresariales (Fernández Garza en 1999 por ejemplo), tecnócratas y neoliberales del o cercanos al CONACULTA y también de los partidos dominantes, visión que desde luego también existía entre pequeños grupos sindicalizados del INAH e INBAL. La incredulidad se apoderó de nuestros rostros. ¿Esto planteamos? Nos decíamos una y otra vez. Por supuesto que no.

La desilusión no tardó en expresarse en nuestra mirada. Entonces ya llevábamos dos años de luchas y desplegados versus el CONACULTA de Sara Bermúdez. Comenté de inmediato a Rosy Vanegas sobre AMLO “Este tiene para nosotros el mismo proyecto de los neoliberales” los que, como sabemos, terminaron por cumplir la consigna de crear una Secretaría de Cultura nueve años después bajo condiciones jurídicas confusas y arbitrarias. Me salí del mitin sin más. Desde su creación y hasta la fecha, el deterioro de las Condiciones Generales de Trabajo de ambos institutos, así como en el caso del INAH el peligro que corre al poner su misión sólo al servicio del megaproyecto neoliberal Tren Maya, preocupa a no pocos en la sociedad como dentro del INAH.

El día de la elección presidencial en 2006 la cultura del robo operó contra el candidato del PRD. ¿Nos indignó? Sí. Pero yo no salí a votar. Al igual que también saber mucho tiempo atrás que para el patrimonio arqueológico, artístico e histórico AMLO y su proyecto no son sino una amenaza como sus pares políticos. ¿Es posible revelar que no sentí nada contra esa situación? Una mafia neoliberal se había impuesto por vía ilegal a otro candidato que, ante nuestra experiencia, nos plantó sus devaneos con, si no con el neoliberalismo (que ahora ya sabemos que sí), con la mercadotecnia de personas y grupos como Ernesto Piedras, los académicos impulsores de Cultura y Desarrollo, entre otros asesores connotados de la clase política neoliberal. Independientemente del momento que llevó a la famosa “Voto por voto, casilla por casilla”, que AMLO, casi igual que con el Tren “Maya” (desde ese año también ya incluía en su plan un proyecto ferroviario de envergadura para el sureste), tenía la consigna de aplicar una política cultural neoliberal; cuyo eje fuera seguir la línea priista y panista de debilitar las instituciones creadas por el cardenismo y el alemanismo nacionalistas, el INAH y el INBAL. Hoy su conducta con expresiones como “el tren va porque va”, pese a decenas de reclamos comunitarios, confirma que las sospechas de 2006, no eran tan erradas.

 

AMLO y el megaproyecto proyecto neoliberal que hundirá el patrimonio y al INAH

¿Traición o consigna de AMLO? Diría que ambas. Toda la clase política de las últimas cinco décadas, incluido el actual presidente, no carecen de comprensión del papel de la educación y la cultura, pero conceden y están doblegados al mercado. Mantienen en sequía y hambre permanentes a las instituciones educativas en general. Ni se diga a las de investigación como el INAH. No ayuda desde luego la integración desigual de la economía mexicana al orden transnacional, ámbito que se privilegia y asume como clave para la idea de desarrollo económico y de justicia, tal como vemos ahora con su visión del Tren Maya, entregada su concepción y ejecución a un empresario con redes múltiples entre empresarios, políticos y funcionarios hoteleros y turísticos. Tan solo en 2019 y lo que va del 2020, casi un centenar de concesiones hoteleras y turísticas se han estado liberando en toda la zona en la que se establecerá el Tren Maya. ¿Coincidencia o fatalidad?

¿Cuántos de estos operan con vínculos a funcionarios actuales del INAH? No estará mal conocer el dato, sobre todo cuando el director actual declara que el INAH debe dejar de estar a la defensiva sugiriendo pasar a la ofensiva. Sus decisiones y las de su equipo académico-administrativo nos revelan una “cuidada” cuando no total entrega a la política dictada por el gobierno federal, agresiva y violenta para todo tipo de patrimonio en todo el sur y sureste de México. Hoy día vivimos a plenitud esa franca posición de desventaja en instituciones como el INAH, con todos sus sectores de trabajadores (como nosotros), fracturados y desunidos dada la postura de “institucionalidad” mal entendida que prima si no en todos, sí en una mayoría. No pocos están “adormilados” por la trascendencia de sus proyectos institucionales, por consecuencia no se detienen a mirar que la clase directiva del INAH arrastra décadas de torpezas y de corrupción en situaciones como los Museos de Cacao, conciertos en zonas arqueológicas, pérdida de control de colecciones, permisos para arrasar con zonas arqueológicas, gestión de recursos por sismos y demás.


Templo del Dios Viento, en Tulum. Foto de Popo le Chien/Wikipedia

¿Qué podemos esperar de un megaproyecto como el TM cuyo solo impulso ha generado incremento de presión sobre comunidades y colonias urbanas, así como presión y especulación de tierras vírgenes dado que servirán para “recrear” paisajes turísticos? Tan solo recalando en el impacto que han tenido los sismos de 2017 y 2019 sobre el patrimonio arqueológico e histórico, se puede entender la mayor precariedad de respuesta ¿integra? del Estado (y del INAH en primera instancia), respecto de bienes que la Constitución y la Ley Federal en la materia consagra como de todos los mexicanos. Como nunca empresas improvisadas están sacando ventajas de esa precariedad, que llega no solo a la forma de articular los recursos para rescatar el o los bienes culturales involucrados, sino en la pérdida real de la autoridad del propio INAH para dirigir y normar con base a los criterios técnicos en materia de restauración y conservación. Esa pérdida de autoridad técnica se refleja en la creciente crítica que desde la sociedad se espeta versus el INAH, ya que frente a sus ojos poco a poco queda como una instancia parásita, inútil e ineficiente. Estar a la ofensiva es precisamente defender los principios políticos y legales que nos dan sustancia, y hace mucho que dejó de hacerse eso en el INAH.

La 4T para el patrimonio arqueológico, artístico e histórico no está en consecuencia significando un salto cualitativo, contrario respecto al esquema especulativo, marginal y desdeñoso que los esquemas neoliberales asumen que debe darse a la investigación y preservación del patrimonio en la Ley Federal de 1972. Contradictoriamente al discurso que está encarcelando a unos cuantos mafiosos de la administración de Peña Nieto, el eje prioritario del discurso presidencial para alcanzar desarrollo, justicia y equidad económica se centra en un proyecto encadenado antes, durante y después a la voracidad del neoliberalismo transnacional en boga: los Trenes transísmico y Maya. Las consultas armadas para que los pueblos originarios vertieran su aprobación o negación al proyecto fueron, en sí, la primera agresión al patrimonio intangible representado por los usos y costumbres, las que en su mayoría fueron aplastadas con complicidad de las propias autoridades del INAH quienes no saben, no pueden o no quieren deslindarse de acciones que contradicen lo que la legislación manda: proteger el patrimonio cultural. ¿Vendrá la recompensa a través del autoritario sistema de proyectos? Es posible.

 

El proyecto de nación bajo intereses transnacionales

Hace ya más de tres décadas que los proyectos de “nación” en México están subordinados a la lógica de los intereses transnacionales. La clase política del período 1988-2020 no ha sabido, podido ni querido retomar con mínimo margen los principios más elementales del nacionalismo mexicano de la época de oro para reinventarlo frente a la agresión transnacional. Esos intereses imponen agendas a las “naciones” por medio de grandes planes y proyectos de inversión que nunca son discutidos con la población. Como el Tren Maya. Antes con el TLC, el T-Mex y muchos otros como el Plan Puebla Panamá así fueron impuestos. México hace mucho que está, por decir de forma amable, determinado en gran parte de sus decisiones político económicas por la influencia, dinero, intereses y en síntesis poder de infinidad de transnacionales; no pocos ex presidentes son incluso asesores y hasta miembros de sus cuerpos de dirección. Si terminaron trabajando para transnacionales es porque eran orgánicos a ellas.


“El paraguas”, Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México. Foto de Mauricio Marat. Tomada de inah.gob.mx

El actual discurso de la aún mancuerna AMLO-Morena solo esboza para fines de credibilidad a las figuras históricas de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas. Creo sin embargo que existen varias limitantes que están frenando el despliegue de la 4T. Una central es que nuestro país, si bien en su vida democrática electoral está viviendo un proceso de madurez (con participación, control de abusos, transparencia, etc.), ese estado de salud no se refleja en la casi totalidad de la vida interna de instituciones nacionales (como el INAH), ni que decir en las locales y municipales donde prima corrupción y despotismo. En ellas están agolpados muchos de los vicios del viejo sistema, el principal la corrupción y los intereses facciosos. Son las instituciones que conforman el amplio panorama de la vida de gobierno, administrativa y fiscal de México, en las que laten y predominan ambientes algo peor que al absolutismo, el ancient regime. Esto sin dejar de nombrar los abusos e injusticias laborales acumulados contra trabajadores por contrato o eventuales en general como padecemos en el INAH.

Cualquier transición democrática real, no la cosmética que se vivió entre 2000 y 2018, conlleva esos desarreglos. Mucho deriva de las alianzas que los proyectos emergentes triunfales pactan con fuerzas del antiguo régimen y que, por choques con sus anteriores alianzas, terminan por montarse en la ola del vencedor, como está sucediendo con AMLO-Morena. Esto es muy claro en algunas entidades del país. En esos episodios erráticos han incurrido desde luego gente de Morena que ha logrado ocupar cargos sin tener experiencia política mínima, pero que por los propios usos y costumbres de ineficiencia y corrupción como herencia del antiguo régimen, su erradicación no es algo que sinceramente podamos confiar estará resuelto en tres años o al finalizar el sexenio de AMLO.

 

Cierre

Existen rubros sobre la conducción del país en los que AMLO no se despega ni un milímetro de cómo gobernaban PRI y PAN. Se puede decir en ese sentido que algunas cuestiones están empeorando. Es el caso de la investigación, protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y artístico. No regresar al ámbito educativo nos coloca en una posición cada vez más endeble frente a la cascada de megaproyectos transnacionales. Y sinceramente veo al INAH cada vez con menor autoridad para confrontar esa realidad. No se si estemos a tiempo, como propuesta para tomar un poco de aire fresco, si una Ley Orgánica pensada con peso específico de nuestra palabra, así como una actualización radical de la Ley Federal en la que se integren herramientas de protección para expresiones del patrimonio inmaterial, relación de los pueblos con su territorio, y demás, sea una acción urgente a dar. Sin duda es un reto mayor, del tamaño del monstruo de los megaproyectos y transnacionales que junto con proyectos de desarrollo como el Tren (anti)Maya, literalmente, estarán devastando como nunca a todo tipo de patrimonio, a nuestra materia de trabajo y de paso podrían liquidar al INAH.