28, Diciembre de 2013

La artesanía: una labor que ya no da para vivir

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En México no existen leyes para proteger ni el conocimiento tradicional de los pueblos, ni las artesanías; incluso éstas se encuentran al margen de lo que se considera usualmente como “propiedad intelectual”. En ese sentido, mientras se carezca de una verdadera política de preservación y fomento que rebase el estímulo de la compra-venta, los artesanos continuarán en condiciones de sobrevivencia.

 

El conjunto de conocimientos tradicionales ligados a las artesanías es muy amplio y antiguo. Sin embargo, el cómo llegar a su protección constituye un vacío jurídico que en México se ha dejado en el olvido. Diversos especialistas coinciden en señalar que el origen de la desprotección de los conocimientos y técnicas tradicionales radica en que, en los hechos, los indígenas no son sujetos de derecho; es decir, están considerados como población vulnerable a la que se le debe asistir, más no como población a la cual hay que otorgar derechos en la práctica, como se supone que sucede con el resto de los mexicanos.

En ese contexto, investigadores, organizaciones sociales y artesanos participaron recientemente en el seminario “Retos para el reconocimiento de las artesanías y los derechos bioculturales”, realizado los días 25 y 26 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (consúltese por ejemplo http://wikindigena.org/images/1/14/MX_Memoria_seminario_mujeres_artesanas.pdf.)

 

Comercio sin leyes

México es uno de los países con significativa diversidad cultural, lo cual motiva que cuente con una inmensa riqueza artesanal que requiere ser valorada en los aspectos social, económico y cultural. Sobre todo porque las artesanías sustentan el desarrollo de muchos pueblos y comunidades en donde el conocimiento tradicional se transmite de generación en generación.

Para Arit Adriana Cedeño Delgadillo, abogada del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), no existe una protección legal para las obras del arte popular, ni para las manifestaciones primigenias que no tienen un autor identificable. Sólo hay dos formas de intentar resguardar estos aspectos: a través de los derechos de integridad o del de paternidad, normas que permiten proteger a un pueblo en contra de cualquier deformación o acto que cause demérito o perjuicio a la reputación de la comunidad o cultura.

Cedeño Delgadillo apunta al respecto que otras acciones que un pueblo puede llevar a cabo para proteger su conocimiento tradicional son las orientadas en materia de derechos de autor y en materia de comercio, las primeras las lleva a cabo el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) y las segundas el Indautor. Pero éste último es una autoridad coadyuvadante; “es decir, no puede empezar un procedimiento de oficio porque resultaría imposible determinar si hay una afectación”.

La abogada comenta que el Convenio de Berna, que protege las obras literarias y artísticas, y algunas leyes, como la de Túnez, han determinado que países como México pueden establecer una autoridad que se encargue de salvaguardar el arte popular y que tenga facultades para autorizar la explotación comercial o el uso de esas obras. Para ello, esa institución deberá llevar un registro de todas esas expresiones artesanales.

“Pero -agrega-, a la fecha, el gobierno ha hecho caso omiso a esta recomendación, a pesar de que ese mecanismo podría ayudar muchísimo y tendría que ser una especificación dentro de la ley que se debe emitir para proteger a los artesanos”.

Por su parte, Eliseo Montiel Cuevas -especialista en derecho fiscal y director divisional de marcas en el IMPI- refiere que en el Artículo 2 de la Constitución se establece un reconocimiento y una protección a las actividades institucionales-económicas de los pueblos indígenas. Pero eso no es suficiente, ya que persiste la necesidad de reconocer las manifestaciones regionales que se están plasmando con sus artesanías y también los servicios tradicionales que se generan a partir de la cultura de un pueblo, como es el caso del mariachi, la marimba, etcétera.

“Considero -afirma- que esta es una materia en la que los tres órdenes de gobierno deben estar involucrados, para generar una política de Estado organizada en los diferentes rubros: económico, educativo y cultural. Cuántas veces escuchamos decir a los indígenas que ya no se dedican a las artesanías porque no se venden. Y, entonces, ese conocimiento que se transmite de generación en generación para hacer, por ejemplo, las cajitas de Olinalá, se va perdiendo porque si soy un productor de esos objetos y no hay manera de venderlos, mis hijos nos se van a dedicar a esa labor porque ya no es una fuente de ingresos”.

Recurriendo a otro ejemplo, Montiel Cuevas explica que un producto como el tequila sigue manteniendo aspectos tanto geográficos, como tradicionales (siembra, cosecha y destile del agave) porque genera dinero. Claro que esos recursos debe de ir hacia los artesanos y no sólo hacia quien usa la marca: “Aún hay grandes retos -indica-, pero en la Ley de Propiedad Intelectual hay dos figuras jurídicas: las marcas colectivas y la denominación de origen que, bajo un esquema bien estructurado con los tres niveles de gobierno, se pueden utilizar para impulsar a los artesanos de México”.

En ese aspecto, Jaime Navia Antezana -investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y director de la asociación civil GIRA- establece que las marcas colectivas segregan a los artesanos que no quieren participar en esa estrategia comercial“. Por ejemplo -agrega-, 30 carpinteros de Pichátaro, Michoacán, registraron a su grupo bajo esa figura jurídica, cuando son 300 los muebleros que se dedican a esa labor en el pueblo. Si ese colectivo de 30 hace mal su trabajo, el prestigio del lugar está en riesgo. Otro caso son los artesanos de Capula, que registran sus productos, pero eso ha provocando la piratería porque, ahora, les roban sus diseños y los usas en otros productos. Por eso es tan necesaria una ley para los artesanos”.

 

Complejidad de los pueblos

El problema se hace más complejo porque tanto el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) plantean saldar la deuda que el gobierno tiene con las comunidades apoyando a los artesanos que viven en condiciones de pobreza extrema y que, aún así, preservan técnicas y conocimientos tradicionales, éstos últimos entendidos como el empleo de materiales locales no procesados industrialmente, así como las formas ancestrales, la iconografía y el empleo del color.

Al respecto, Mónica Itzel Sosa Ruiz -diseñadora industrial de la UNAM- advierte que con esa visión, el conocimiento tradicional se relega a un simple referente étnico-cultural, ya que basta con mantener las formas, los íconos, algunos materiales y pertenecer a una comunidad para, institucionalmente, decir que se realiza artesanía tradicional. Así, los apoyos gubernamentales se centran en fomentar la creación de objetos con el apellido del autor, cuyo único referente milenario es la iconografía y el empleo del color.

“A partir de 1940 -precisa, ese tipo de fomentos generó un auge de innovación entre los artesanos. Pero, a la vez, provocó cambios radicales en ciertas artesanías, creando una ruptura en la práctica del conocimiento tradicional. Entonces, se ciñeron a producir para la modernidad y ésta requería de nuevos conocimientos, materiales y formas de producción. Hasta el año 2011, el Fonart se preocupó por esa fractura y lanzó su prueba piloto: ‘El patrimonio artesanal en riesgo’, un proyecto no completado, nacido desde la institución para su propio beneficio”.

Sosa Ruiz señala que, en materia de la artesanía, la perspectiva institucional de fomento es sinónimo de compra y el de protección equivale a venta, ya que si estos productos se compran y se venden bien, el artesano no dejará de producirla y, por ende, la cultura prevalecerá. Sosa Ruiz, asevera que esa ideología mercantilista ha relegado la protección del conocimiento tradicional a instituciones académicas e investigadores. Pero hasta que los promotores de la protección no modifiquen el sistema legal, el conocimiento tradicional continuará en riesgo de perderse.

“Mientras en México no exista una verdadera política de fomento y protección que vaya más allá de sólo estimular la compra-venta de productos, los artesanos continuarán sobreviviendo. Por eso, quienes puedan, alentarán a sus hijos a estudiar una carrera para no continuar con una labor que ya no da para vivir”, concluye.

En tanto, Eurídice Sosa Peinado, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, apoya el análisis de Sosa Ruiz y añade que si las políticas con respecto al fomento artesanal están dadas a partir de concebir un trato individual a los productores, entonces todas las comunidades dedicadas a esta actividad no tienen forma de acceder a la mayoría de los programas.

Explica que, por ejemplo, en varias ocasiones el Fonart ha lanzado programas de capacitación para mejorar las técnicas en determinados productos, pero que “a los cursos no asiste nadie”, debido a que los funcionarios olvidan que muchas de las comunidades son campesinas y no hay forma de conciliar horarios. Para manejar proyectos como esos, primero, se debe reconocer toda la complejidad y la rutina de vida de los pueblos porque, además, se les convoca a los talleres de manera individual y la mayoría de las políticas para los artesanos, así se planean.

“En la década de los setenta -recuerda-, hubo una intensa promoción del tejido de palma en la región de Guerrero. Para ello, se estableció hasta un fideicomiso y a las comunidades se les propuso que se volvieran exclusivamente artesanas. Se generó un auge del tejido de palma. Pero, a la larga, la palma desapareció como planta y ellos se quedaron sin trabajo. Ahora, quienes tejen, lo hacen trayendo palma de otros lugares. Hay que considerar estas experiencias, ya que no por ser artesanos se dedican exclusivamente a eso, ellos lo combinan con el campo, la pesca o el comercio”.

Sosa Peinado expresa que si el aspecto jurídico plantea la discusión de las artesanías en torno a la salvaguarda del objeto, no hay protección a la práctica artesanal:

“Por eso -asegura- hay que moverse en ese sentido para saber qué aspecto jurídico puede proteger la práctica. Lo que estamos viendo son pueblos enteros de artesanos, donde esa producción es una de las actividades que estructuran su vida comunitaria. No podemos pretender que determinadas comunidades abandonen el resto de sus labores para dedicarse, en exclusiva, a las artesanías. Pero tampoco podemos seguir dejando que les paguen tres pesos por ese trabajo”.    

En suma, los indígenas deben ser sujetos de derecho para que puedan actuar en torno a la solución de sus problemas no sólo de carácter económico -como ocurre con las artesanías-, sino social y cultural. Sobre todo porque mientras las dependencias federales continúen apoyando proyectos y leyes creadas por éstas mismas, sin la participación de los artesanos, continuarán generando programas asistencialistas de beneficio temporal para sólo un reducido número de pobladores. En tanto, el conocimiento tradicional que se transmite de padres a hijos perderá su ciclo natural.

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