Dinámica del Movimiento Ambientalista en Honduras: un análisis situacional en el contexto neoliberal de 1990 a 2009

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Introducción

El presente artículo consiste en analizar los procesos dinámicos a través de los cuales surge, interactúa, se coaliga y evoluciona Movimiento Ambientalista en Honduras a partir de 1990 El estudio se fundamenta en la Teoría de las Oportunidades Políticas propuesta por McAdam, Tarrow y Tilly (2005). Para su aplicación se estudiaron seis de los principales episodios contenciosos desarrollados entre la última década del siglo XX y primera del XXI.

El análisis se circunscribe a partir de las décadas antes señalada, para ello se destacan tres criterios fundamentales: recurso en contienda, magnitud de la contienda y ubicación geográfica de la misma. Los casos observados se restringen a seis recursos diferentes en contienda, entre ellos: costeros, agua, territorio, minería, bosque e hidrocarburos. Su magnitud es de carácter nacional, regional y local; mientras la ubicación se ciñe a las diferentes regiones del país.

En Honduras son escasos los trabajos sociológicos que se refieren directamente al movimiento ambientalista y en especial desde el enfoque relacionado a los elementos políticos subyacentes en el accionar de los mismos. En la revisión sobresalen aportes desde la historia como el coordinado por Rivera (2011) y una serie de historiadores que presentaron un estudio sobre la historia del movimiento ambientalista en Honduras, los trabajos de Tinoco (2007), Sosa (2010; 2013) desde el enfoque de las teorías de las identidades y otras investigaciones financiadas por organismos internacionales sobre casos puntuales como las presentadas por la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Honduras (ASONOG).

 

Neoliberalismo y resurgimiento del movimiento ambientalista

Tras el fin de la Guerra de Baja Intensidad en la región centroamericana y con el objeto de agilizar un nuevo modelo económico impulsado por el capitalismo transnacional y aplicado por las élites políticas y económicas hondureñas promovieron políticas neoliberales. Al respecto Sosa resalta: “En los primeros días de marzo de 1990, a menos de dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, Rafael Callejas emitió el Decreto 18-90 o Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía, conocida popularmente como “el paquetazo” (Sosa, 2010: 18).

Este autor enlista las medidas económicas emitidas en 1990, la gran mayoría contenida en el Decreto 18-90. Entre ellas tenemos la devaluación de la moneda, desgravación arancelaria que significó la reducción de los impuestos de importación, dando paso a la eliminación del proteccionismo local y la consiguiente apertura de la economía a la competencia internacional. Anulación de franquicias, con lo cual se exoneró del pago de impuestos a los importadores. Se modificó el impuesto sobre ventas, que pasó del 5% al 7%. Se incrementaron y crearon nuevos impuestos, como el de los derivados del petróleo, producción de azúcar, cerveza, fósforos, matrícula de vehículos y un impuesto temporal a la ganancia extraordinaria de exportación (Sosa, 2010).

También aumentó el precio de los combustibles y el transporte, ejerciendo un efecto multiplicador en toda la economía. Incremento de las tarifas de los servicios públicos: energía eléctrica, agua, servicio telefónico nacional e internacional. La liberación de las tasas de interés, incrementándose los techos a las tasas de interés sobre los préstamos bancarios comerciales con destino a la exportación y al consumo, exceptuándose los préstamos para viviendas y otras actividades productivas (Sosa, 2010: 10).


Esferas almaceneras de gas, propiedad de Gas del Caribe del grupo TOMSA de capital mexicano en la Bahia de Omoa, Honduras, Fuente: Elías Darío Castro (2021).

Otros aspectos esenciales del proyecto neoliberal también lo constituyeron: La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), aprobada por el Congreso Nacional en abril de 1992. Con esta se dio por finalizado el proceso de Reforma Agraria y significó el programa de ajuste en el campo vía modernización capitalista. Ley General del Ambiente, aprobada por el Congreso Nacional en 1993, Ley General de Minería 1998, Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables 2007 y Ley General de Aguas 2009 (Congreso Nacional, 2012).

Dada la vocación agroforestal del país, tal como lo señala Sandoval (2010) y por la aplicación de estas medidas a los recursos naturales, especialmente al bosque y las minas, se han convertido en un eje importante de la acumulación capitalista. Las comunidades, municipios y regiones se han visto afectadas por la deforestación y la minería a cielo abierto, en vista de sus impactos negativos sobre la producción de agua, la biodiversidad, y la contaminación y enfermedades que generan en las poblaciones; pero no solamente estos recursos han sido explotados, se agrega a ellos la generación de energía renovable y no renovable, además del recurso agua.

Ante este contexto donde los políticos tradicionales privilegian los intereses del capital nacional y transnacional, los sectores sociales más perjudicados se encontraban sin plataformas sociales de defensa de sus intereses y derechos. La flexibilización y desregulación laboral, así como la pauperización de las condiciones de vida fueron asentándose en las capas medias y obreras hasta convertirse en un descontento social, cuya principal manifestación fueron los altos índices de abstencionismo electoral que sucedieron al gobierno de Rafael Callejas.

En el marco de este descontento urbano, la clase política y empresarial transnacional cifró sus oportunidades en el área rural, siendo ahí los principales escenarios de contienda, pero no los únicos. Hasta el 2006 la contienda era la misma, por un lado, sectores afectados ejerciendo presión contra el Estado; sin embargo, este último controlado por las élites políticas, entablan alianzas con los sectores económicos, desestimando cualquier reforma en el proceso de privatización de estos recursos y generando las condiciones sociopolíticas para el aparecimiento de episodios contenciosos a lo largo del país.

 

Proceso de movilización, atribución de oportunidades y amenazas

Estos episodios cada vez más constantes muestran actores sociales antes movilizados, pero con elementos identitarios particulares. De esta manera: jóvenes, mujeres, profesionales, campesinos y pobladores entre otros aparecen en el plano de la contienda política. Uno de los mecanismos objetivos que muestran la función de estos actores es el repertorio de acción de los mismos, el que se vuelve dinámico gracias a los cambios innovadores de enclave, formas y significados de la acción colectiva que suele darse al inicio de un episodio contencioso.

En lo relacionado a los cambios de gobierno, cabe señalar que desde 1904 Honduras ha sido gobernado bajo un sistema bipartidista. En este sentido es pertinente mencionar que ambos partidos poseen una ideología liberal conservadora y legitimadores de las políticas económicas implementadas por el capital transnacional, ejemplo de esto son: los procesos de Enclave Minero, Enclave Bananero, Reforma Agraria, etc. Por consiguiente, los traspasos de gobierno de un partido a otro a partir de 1990 lo que generó fue la profundización de las medidas neoliberales y la correspondiente confrontación con los sectores ambientalistas en contienda. Ejemplo de ello es la Ley General de Minería de 1998 y la implementación de una nueva ley más agresiva en el año 2013.

Para poder entender con mayor profundidad la interacción que el Movimiento Ambientalista hondureño ha tenido en el entorno económico y político, hay que circunscribir el análisis a partir de 1990. Se destacan tres criterios fundamentales: recurso en contienda, magnitud de la contienda y ubicación geográfica de la misma. Los casos observados en el Cuadro No. 1 se restringen a seis recursos en contienda. Su magnitud es de carácter nacional, regional y local; mientras su ubicación se ciñe a las diferentes regiones de Honduras.

Los cambios en los ecosistemas como en el caso de la deforestación del bosque en Olancho, la contaminación de ríos en la mina San Andrés, Copán y la destrucción del mangle en la Bahía del Golfo de Fonseca son solamente algunos de los episodios que fueron percibidos como amenazas para su sobrevivencia por parte de la población que habitaba en estas regiones. Por otra parte, casos como el de la instalación de las esferas de almacenamiento de gas en la Bahía de Omoa, la represa hidroeléctrica sobre el río Chinacla en Santa Elena y la privatización de los servicios de agua potable sirvieron como detonantes para que la población viese afectados sus intereses económicos, ya que se relacionan directamente desde esta perspectiva con el recurso en contienda.

 

Cuadro No. 1

Distribución de Episodios Contenciosos según Recuso en Contienda, Magnitud y Región donde se ubica

 

Variables

Episodios contenciosos

Esferas de Gas en Omoa

Defensa del bosque en Olancho MAO

Proyecto hidroeléctrico en Santa Elena La Paz

 Mina de San Andrés en la Unión, Copán

lucha por recursos costeros del Golfo de Fonseca

Lucha Nacional por la derogación de la Ley de Aguas CNRP

Recursos en Contiendas

 

 

 

 

 

 

Deforestación de zonas boscosas.

 

x

 

 

 

 

Deforestación de zonas marinas.

 

 

 

 

x

 

Extracción minera.

 

 

 

x

 

 

Construcción de proyectos de energía renovable.

 

 

X

 

 

 

Construcción de proyectos de energía no renovable.

x

 

 

 

 

 

Privatización de cuencas hídricas y suministro de agua.

 

 

 

 

 

x

Magnitud

 

 

 

 

 

 

Nacional

 

x

 

 

 

x

Regional

 

 

 

x

x

 

Local

x

 

X

 

 

 

Región

 

 

 

 

 

 

Norte

x

 

 

 

 

 

Centro

 

 

X

 

 

 

Sur

 

 

 

 

x

 

Oriente

 

x

 

 

 

 

Occidente

 

 

 

x

 

 

Todas

 

 

 

 

 

x

Fuente: construcción propia para el presente estudio.

 

 

Formas de organización del Movimiento Ambientalista

Desde la Teoría de Oportunidades en la contienda política Tilly, McAdam  y  Tarrow (2005) apuntan que al analizar las formas de organización, construcción de redes y el aprovechamiento de las mismas, los episodios contenciosos destacan una variedad de temas y mecanismos identitarios; sin embargo, mantienen ciertos elementos en común que hacen que actores diversos, con intereses igualmente diferentes se articulen en torno a un tema percibido por la generalidad como negativo para sus intereses. En este sentido estos mismos autores concluyen que: “Los cambios de dirección y las formas de organización de los movimientos son el resultado de la activación de mecanismos, procesos y relaciones tales como la correduría, certificación y coaliciones trasversales entre clases” (McAdam, 2005: 341).

Las formas de organización del Movimiento Ambientalista van desde las más simples como la formación de un comité de pobladores de Santa Elena, La Paz, hasta la integración de una organización departamental como el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) con un Consejo consultivo e integrado por diversos sectores de la sociedad. Asimismo, la construcción de redes como la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), producto de las luchas por la defensa del agua, evidencia la articulación y expansión de las contiendas del ámbito ambiental al plano político.

En cuanto al aprovechamiento de las redes y/o agentes externos como la iglesia, organizaciones no gubernamentales y Cooperación Internacional, se pueden establecer la importancia fundamental de estos en contienda como las de la mina de San Andrés, Copán y la formación del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF). En estos dos episodios existió una marcada colaboración de algunos de estos agentes, sin desconocer que en los otros episodios también estuvieron presentes, pero en menor medida.

La caracterización de las contiendas muestra un Movimiento Ambientalista en ocasiones articulado, en otras no tanto, pero siempre en contra de sectores empresariales nacionales y transnacionales consolidados y respaldados por una legislación favorable a sus intereses, además del aparato judicial, los sistemas de seguridad y militar. Por consecuente los agravios a las organizaciones defensoras de los recursos naturales se sitúan en las dimensiones antes mencionadas, desde cárcel para activistas como intimidación y hasta la muerte de defensores como en el caso del MAO y la ambientalista Janeth Kawas y Carlos Escaleras entre otros.

Además de las reivindicaciones en el plano ambiental, debido a la articulación y experiencia de lucha, las demandas de los defensores ambientales avanzan hasta el plano económico y político, tal es el caso de las CNRP que después de lograr frenar la Ley de Privatización del Agua, se articula para demandar que no se firmara el Tratado de Libre Comercio TLC entre Honduras y Estados Unidos de 2006, posteriormente sirve de plataforma organizativa para la fundación en 2009 del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), instancia que articuló la resistencia contra el Golpe de Estado a Manuel Zelaya y dio paso a la constitución del Partido Libertad y Refundación LIBRE en 2011.

Aunque los involucrados varían de episodio a episodio, los mismos han mantenido una constancia de intereses. Por un lado, se encuentran los que pretenden preservar los recursos basándose en criterios económicos como ambientalistas o políticos, mientras que por otro se encuentran los grupos que buscan explotar estos recursos con un afán de lucro. El rol del Estado es casi siempre el de proteger los intereses de los sectores empresariales, no obstante, el Gobierno de Manuel Zelaya redujo hasta cierta medida la intensidad de esta dinámica, y en casos como el del MAO estableció una postura contraria a la lógica gubernamental, apoyando las vedas a la explotación del bosque. 

Las formas transgresivas de contienda se verifican en ambos oponentes, las más severas se evidencian en los actos de violencia como los ocurridos en el departamento de Olancho. De hecho, en episodios como el de Santa Elena, La Paz los sectores que defienden los recursos optaron por la vía institucional democrática a través de un plebiscito en 2009; no obstante, tal medida fue desestimada por el gobierno y la zona fue militarizada en el 2010. Por otro lado, las formas contenidas van desde huelgas de hambre por parte de los agraviados, y en cuanto a los sectores capitalistas y estatales utilizan los medios de comunicación para criminalizar la defensa de los recursos o en su defecto desestimar los procesos legales e institucionales promovidos por los sectores sociales.

Este tipo de respuestas de los sectores políticos ante las demandas del movimiento ambientalista ha provocado, como en el caso de Santa Elena, La Paz, la convocatoria a un cabildo abierto “amañado” por parte del alcalde en que se aprobó el permiso para hacer un estudio de factibilidad con el fin de concesionar el río Chinacla para la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de la empresa Inversiones Encinos SA de CV, propiedad de Arnold Castro, esposo de la diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López en 2012, así lo señaló Felipe Benítez, dirigente indígena de la región (Hernández, 2017: 26).

 

Trayectoria en la contienda del movimiento ambientalista: difusión, represión y radicalización de la lucha

En este momento me parece pertinente establecer, a partir de los episodios en mención, la ruta seguida por el movimiento ambientalista. Los picos altos de conflictividad, así como la lucha contenida han sido una constante a lo largo de las dos décadas referidas en el presente estudio. Un elemento clave para medir tal trayectoria son: La difusión, es decir estrategia de comunicación; represión, mecanismos usados por los adversarios y la radicalización de la contienda, entendida como el aumento de intensidad en el repertorio de acciones. 

Los mecanismos de transferencia de información utilizados en cada uno de los episodios contenciosos son diversos, por una parte, los sectores que defienden los recursos naturales ven restringido su acceso a los medios masivos de información, por consiguiente, se ven obligados a construir redes alternativas que van desde la interacción personal hasta la elaboración de sitios web y redes sociales. Lo anterior queda evidenciado en el caso del MAO, cuyo repertorio de acciones fue documentado en los espacios virtuales y se diseminó esta información a nivel mundial. Otros episodios como el de Santa Elena, La Paz, no tuvieron tal cobertura debido a su magnitud local y las restricciones en el ámbito informativo en el contexto posterior al golpe de Estado.


Esferas almaceneras de gas, propiedad de Gas del Caribe del grupo TOMSA de capital mexicano en la Bahia de Omoa, Honduras, Fuente: Elías Darío Castro (2021).

Una constante en la lucha ambientalista ha sido la invisibilización por parte de los medios de comunicación corporativos. En el caso de la lucha ambientalista de Olancho, esta alcanzó una importante cobertura en los medios de comunicación; sin embargo, el MAO no tuvo una estrategia de incidencia en los medios nacionales. Al respecto, integrantes del MAO indican que la cobertura de sus luchas por parte de los grandes medios de comunicación, fueron “amañadas” por el gobierno y los madereros, señalan que el único medio que sacó la versión de los ambientalistas y ha hecho reportajes completos sobre el problema ambiental en Olancho es el periódico El Libertador (Tinoco, 2007: 66).

Entre los métodos utilizados por el Estado y sectores empresariales para suprimir la actividad se ubican aquellos de carácter disuasivo como el impedimento por la vía legal de las formas de organización, la vigilancia de líderes y los más represivos como la intimidación, desalojo y confrontación armada por parte de militares y paramilitares. En los casos de Omoa y Santa Elena, La Paz, se muestran tácticas pasivas de impedimento en la movilización, mientras en el caso de la Mina de San Andrés Copán se presentan desalojos, y los más radicales se pueden observar en Olancho desde el año 2000 a la fecha.


Llegada a Tegucigalpa de la Tercera Marcha por la vida encabezada por el Padre Andrés Tamayo, el 29 de mayo 2008. Fuente: honduraslaboral.org

El MAO evidenció la configuración de los actores sociales en disputa, de este modo el conflicto alcanzó mayores niveles de confrontación. En un extremo, se encontraban los madereros amparados en un marco legal que les permitía realizar dichos cortes, y en el caso de que no se les autorizara, hacían acopio a convenios fraudulentos con las autoridades encargadas de la protección de este recurso. En el otro extremo se ubicaban una serie de pobladores: campesinos, amas de casa, maestros y religiosos de la zona que consideraban injusto el trato que los empresarios de este rubro les daban a los recursos naturales. De hecho, una serie de acciones que culminaron con tres multitudinarias marchas hacia la capital entre 2003 y 2007 simbolizan el enfrentamiento constante de estos actores sociales polarizados (Martínez, 2012: 100).

En este mismo orden de ideas la persecución e intimidación armada fue evidente en el caso de la lucha contra las esferas de almacenamiento de gas ubicadas en la Bahía de Omoa. El principal líder del movimiento, el italiano Massimo Parissi -hotelero y ambientalista de la zona- fue orillado a salir del país por amenazas a muerte. La dirigencia consideró que hubo indiferencia por parte de los operadores de justicia, confabulación de los gobiernos locales y nacionales. De esta manera lo denota una declaración del Presidente de la República en 2007 a Massimo Parissi: 

Me dijo que no permitiría la suspensión de esas instalaciones porque estaban en juego sus intereses y relaciones con el gobierno mexicano […] Si queríamos poner una demanda internacional al Estado hondureño, que lo hiciéramos, que de todos modos él no pondría en peligro sus relaciones con el gobierno y el capital mexicanos (Moreno I, 2007).

 

De igual forma ha sucedido con los defensores ambientalistas que se opusieron a la concesión minera de San Andrés en Copán. En todos los casos los líderes han recurrido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) el cual ha emitido en las últimas dos décadas más de trecientas medidas de protección a periodistas, defensores y ambientalistas. Cabe señalar que las víctimas de este tipo de amenazas, según los dictámenes de la SIDH, deben ser protegidos por los mismos operadores de justicia y cuerpos de seguridad que han sido señalados por ellos como partícipes directos en los procesos de criminalización de la protesta y estigmatización de los defensores ambientalistas.

En lo concerniente a la radicalización de la contienda en algunos episodios se adoptaron formas transgresivas de contienda, mientras que otras no se radicalizaron. El episodio de Omoa es el caso que evidencia la forma menos radicalizada del uso, ya que la misma además de la movilización y la presión social se canalizó por la vía institucional al establecerse como una Fundación. En segunda instancia se puede ubicar el episodio del Golfo de Fonseca que mostró cierta confrontación que al igual que al caso de Omoa concluyó la institucionalización a través de una Fundación encargada de la protección del mismo.

El episodio por concesión del rio Chinacla establece una trayectoria efímera, donde el movimiento atravesó varias etapas y se radicalizó desde su inicio hasta perder fuerza y canalizarla por la vía democrática, tomando fuerza de nuevo en la siguiente década en Santa Elena, La Paz. El episodio de la mina de San Andrés, Copán, ha tenido mayor vigencia, no obstante, la influencia de agentes ligados a la iglesia y organizaciones no gubernamentales han mediado en la radicalización del mismo, pero no en la de la empresa minera. En el episodio del MAO, debido al cambio en el contexto político después del golpe de Estado y la expulsión de su líder el religioso Andrés Tamayo, la radicalización se ha evidenciado, pero de manera desorganizada y sus principales demandas han sido absorbidas por la vía electoral partidista.

En el caso de la CNRP esta se asentó en asambleas democráticas nacionales denominadas conversatorios. En estos conversatorios las dirigencias de las organizaciones regionales y de base debatían y decidían democráticamente sobre los contenidos, los métodos de lucha y las actividades a realizar. La conducción era la facilitadora y ejecutora de las decisiones de la base en sus propias decisiones, convirtiéndolas en planteamientos que buscaban la unidad con otros sectores. Un claro ejemplo fue la jornada de 2003, donde hubo unidad de acción con sindicatos y las propias centrales obreras alrededor de los cuatro puntos levantados por la CNRP.

Cabe destacar que la principal lucha emprendida por el movimiento popular organizado, desde esta instancia, fue la relacionada con la derogación de la Ley del Aguas. Eso dejó en evidencia que en el nuevo contexto las luchas reivindicativas del movimiento obrero y campesino tradicional no tenían mucha cabida, con ligeras excepciones, ya que el neoliberalismo ha sido capaz de invisibilizar hasta cierto punto esa dicotómica relación de clases. Por ende, una de las principales lecciones que deja esta experiencia organizativa es la de incorporar de manera activa a los nuevos actores sociales agraviados por el sistema (Martínez, 2021: 103).

Finalmente, en el caso de la lucha contra la privatización del agua, la resultante CNRP estableció un programa político por encima de lo eminentemente reivindicativo, su lucha postuló una candidatura presidencial e independiente y luego se difuminó, como previamente se señaló, siendo absorbida en el nuevo contexto político impulsado por el Presidente Manuel Zelaya en el FNRP y a partir de 2012 en una corriente interna del partido LIBRE. En síntesis, actualmente se puede constatar el resurgimiento bajo nuevas dinámicas y condiciones políticas de nuevos episodios contenciosos más radicalizados, pero con actores sociales con mayor conciencia política, ubicando lo ambiental en el plano político y utilizándolo como agenda de desarrollo.


Marcha por la Dignidad realizada en Tegucigalpa, el 26 de agosto del 2003. Fuente: honduraslaboral.org

 

Identidades e interacción de los actores en la contienda del movimiento ambientalista

Uno de los elementos clave en el análisis de los movimientos sociales es la descripción de los actores intervinientes en el mismo. Para ello es pertinente establecer los tipos de actores, su identidad organizacional y pertenencia. La formación de identidades políticas importan, no tanto porque afecten a la comunicación y a las disputas entre académicos, importan por dos razones mucho más profundas: en primer lugar porque se convierten en temas de intensa disputa entre los participantes; en segundo lugar, porque la respuesta a la pregunta sobre la identidad afecta a la explicación misma de los procesos políticos contenciosos en general (McAdam, 2005: 61).

En lo referente al tipo de actores es preciso apuntar que el contexto político previo al golpe de Estado de 2009 y posterior al mismo marca un hito en lo referido a la afiliación política de los actores del movimiento ambientalista. Previo a este evento se evidenciaba una pluralidad ideológica y de pertenencia partidista, no obstante, posterior a la ruptura del orden constitucional estos actores se identificaron con la agenda del FNRP en gran medida, pero no en su totalidad con la del Partido LIBRE.

Otros actores claves en el movimiento ambientalista hondureño son pertenecientes a los sectores religiosos. De hecho, sectores de base de la Iglesia Católica han liderado luchas como las de los episodios del MAO y de la mina de San Andrés, Copán. En cuanto a la condición de clase, con ligeras excepciones sobresalen en las luchas los sectores campesinos y estratos medios. El papel de las Comunidades Eclesiásticas de Base pertenecientes al catolicismo han sido la plataforma de lucha alrededor de la cual otros sectores sociales se han integrado, dados sus altos niveles de compromiso y experiencia organizativa.

Un interesante caso que refleja estas particularidades es la defensa de los recursos costeros del Golfo de Fonseca. A partir de la década de los noventas del siglo XX una docena de pescadores impulsaron una pequeña organización que se manifestó en la creación del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF). A lo largo de la implementación del modelo neoliberal y sus políticas predatorias contra los recursos naturales, la organización se articuló con diversos actores comunitarios y extendiéndose en toda la margen de la costa hondureña del Golfo de Fonseca.

Los mismos actores de CODDEFFAGOLF afirman que la misma está conformada por 11 seccionales, las que constituyen nuestra principal fortaleza. Más de mil hombres y mujeres líderes de estas seccionales luchan y defienden sus territorios contra las políticas extractivitas del gobierno y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas privadas. Esta lucha simboliza la esencia de la organización y los principios y valores sobre los cuales se fundó.

La pluralidad identitaria es una de las características más notorias del movimiento ambientalista hondureño. Con esto se establece que la pertenencia organizativa es diversa, por ejemplo, en el episodio de Omoa, sectores de pequeños empresarios, ambientalistas y pobladores se identifican como tales y se alían entre sí por un objetivo en común. Otro episodio que constata las diversas identidades, pero de carácter regional es el MAO, donde pequeños comités municipales se juntan para conformar esta organización.

La interacción entre actores y las diversas identidades son divergentes entre los episodios, es así que casos como el de Santa Elena, La Paz, establecía una forma de toma de decisiones más vertical, ya que su forma organizativa era de carácter tradicional, no así casos como el del MAO donde interactuaban diversos comités y hasta un Consejo Consultivo. Por otro lado, la lucha por la no privatización del agua estableció mecanismos de toma de decisiones tradicionales, pero con mayor alcance, debido a la magnitud de actores involucrados y la extensión regional que abarcaba la CNRP.

Hasta el año 2013, unos 35 mil kilómetros cuadrados del territorio hondureño se encontraban concesionado para la explotación minera, tanto por empresas nacionales como extranjeras, es decir un 31% del territorio del país. En total eran 315 concesiones y es en 1999 que la comunidad asentada en San Andrés, del municipio de la Unión; en Copán, impulsan el primer ejercicio de resistencia ante la minería a cielo abierto. Estos pobladores demandan la ayuda del principal líder de la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para abordar los impactos de esta problemática. Después de interactuar con estos interlocutores y otras comunidades que enfrentaban episodios similares en 2004 logran una moratoria en la entrega de concesiones y en 2007 se declaran inconstitucionales 13 artículos de la Ley de Minería (Sosa, 2013: 175-178).


Explotación minera a cielo abierto por Minerales de Occidente SA (MINOSA) propiedad de la sociedad Banco Atlántida SA en San Andrés, La unión, Copán. Fuente: Miguel Ángel Tabora (2018)

 

Conclusiones

Es posible establecer la relación directa existente entre la política económica impulsada por el Estado y el capital transnacional con el resurgimiento y decaimiento del movimiento ambientalista. Del mismo modo se explican las trayectorias y formas de lucha del mismo, siendo así que puede establecerse una relación de causa y efecto a través de la cual el Movimiento reacciona ante las medidas del Estado y las élites económicas. Esta reacción es diversa, debido a los actores que intervienen en cada episodio; no obstante, los cambios en la esfera política han sido vistos como oportunidades organizativas y de acción, tal es el caso del golpe de Estado de 2009 que sirvió al movimiento para ubicar la agenda ambiental como prioridad en las políticas de desarrollo de varios partidos políticos.

En los casos donde el movimiento ambientalista generó coaliciones con diversos actores interclasistas, sobre todo capas medias, profesionales y pobladores se evidenció un mayor repertorio de acciones e involucramiento social. Al mismo tiempo el papel de los sectores eclesiásticos, especialmente los de base y las organizaciones no gubernamentales, han sostenido las luchas comunitarias y la incidencia internacional a las casas matrices de las empresas extractivitas.

Las crisis generadas por los, así como por los políticos han sido capitalizadas por los sectores extractivitas para impulsar su agenda económica. De la misma forma la respuesta comunitaria y las bases organizativas han respondido de forma desarticulada; no obstante, a pesar de ello ha sido de mucha resistencia con logros locales hasta el punto de frenar proyectos extractivos en las localidades de las comunidades en resistencia. Estas experiencias de éxito sembraron las bases para el aparecimiento de plataformas ambientalistas más consolidadas en la siguiente década.

El capitalismo tiene su propia lógica, de hecho los gobiernos neoliberales desde 1990 hasta 2006 impulsaron con mucha fuerza las concesiones en lo territorial para la expoliación de bienes naturales. El ascenso al poder en ese año de un gobierno de tendencia progresista visualizó a los sectores que impulsaban la lucha ambientalista y territorial como aliados a su propuesta política; sin embargo, la dinámica capitalista de expoliación de los bienes naturales y la apropiación territorial no se modificó, solamente se ralentizó, tal es el ejemplo de la instalación de las esferas almacenadoras de gas en la bahía de Omoa propiedad de inversionistas mexicanos.

 

Bibliografía

  • CODDEFFAGOLF (s.f.) 32 años de lucha del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna Del Golfo de Fonseca, disponible en: http://coddeffagolf.org/index.php. Recuperado en marzo de 2021.
  • Congreso Nacional (2010) Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, Congreso Nacional de Honduras, disponible en: www.congreso.gob.hn. Recuperado en septiembre de 2013.
  • Hernández, Elvin (2017) “Autoconsulta y resistencia indígena”, en Revista Envío,  No. 56, Recuperado en marzo de 2021.
  • Martínez, Luis (2012) Neoliberalismo y conflictos socioambientales en Honduras, Honduras: Ed. Universitaria.
  • McAdam, Doug, Tarrow Sydney, Tilly Charles (2005) Dinámica de la contienda política. Barcelona: Ed. Hacer.
  • Moreno Ismael (2007) “El mar de Omoa huele a gas, impunidad y corrupción”, en: Revista, Envió, disponible en: https://www.envio.org.ni/articulo/3679. Recuperado en agosto de 2013.
  • Rivera, Ramón (2011) Historia Movimiento Ambientalista en Honduras, Tegucigalpa: Ed Guaymuras.
  • Sandoval, Rigoberto (2010) Evolución de un bosque en procesos de extinción, Tegucigalpa: Ed. Guaymuras, Honduras.     
  • Sosa, Eugenio (2010) La protesta social en Honduras, Tegucigalpa: Ed MDC.
  • Sosa, Eugenio (2013) Dinámica de la protesta social en Honduras, Tegucigalpa: Ed. Guaymuras.
  • Tinoco, Marco (2007) Optando por la Vida, Tegucigalpa: Ed. Guaymuras.

 

[1]    Coordinador de Ciencias sociales UNAH-CURLA. Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.