El Concejo Indígena de Gobierno y la crisis estructural del capitalismo en México (2)

Mira, lo único que se hace desde arriba son los pozos.
Todo lo demás se hace desde abajo.
Eduardo Galeano, abril de 2016

En la entrega anterior, concluí la exposición del caminar que tuvo Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), durante la etapa de precampaña para conseguir su registro como candidata independiente a la presidencia de la república, señalando que desde la firma de los Acuerdos de San Andrés Sacam’chén de los pobres a la fecha, la crisis mundial del capitalismo se ha profundizado y la acumulación militarizada en la vida pública del país avanza a pasos agigantados. En esta segunda exposición, es sobre eso que abundaremos, pero en el marco del conjunto de provocaciones que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como a los pueblos y comunidades indígenas que persisten, resisten y luchan en contra del capitalismo.

A partir de que se dieron a conocer los resultados de la contienda electoral del 1ro de julio de 2018,[1] inició el periodo de alternancia en el gobierno entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo cual trajo consigo una serie de reacomodos institucionales: cambio de nombre para distintas dependencias y programas de asistencia social; designación de 32 “coordinadores estatales” y 264 “delegados regionales”, para la supervisión de programas; reubicación de algunas dependencias con sede en la Ciudad de México, hacia otros estados del país; designación de “especialistas”, empresarios acaudalados de distintos ramos, líderes sociales cercanos a López Obrador, y burócratas procedentes de los partidos políticos (PRI, PAN, PRD), a la cabeza de las mismas; creación del Consejo Empresarial de Asesores, en el que destaca el burgués Ricardo Salinas Pliego; designación del burgués nuevoleonense Alfonso Romo Garza, como Jefe del Gabinete Presidencial; conformación de la Guardia Nacional, a manera de policía militar promoviendo reformas constitucionales; y la aplicación de la política de “austeridad republicana”, que implica la reducción del presupuesto público de egresos con impacto a universidades, centros de investigación, entre otros. Todo eso indica continuidad, formalización de relaciones políticas previas y subrepticias, y franco retroceso en la mayoría de los casos.


El Concejo de Gobierno Indígena en pleno, y su vocera Marichuy
Fotografía: radiozapatista.org (28 de mayo de 2017)

Entre tanto, el CIG ha impulsado, acompañado del Congreso Nacional Indígena (CNI) que es su base de apoyo y el EZLN, una serie de reuniones locales, regionales, nacionales y multisectoriales, de carácter reflexivo para continuar en el proceso de consolidación de una instancia política para la lucha anticapitalista y antipatriarcal. El método que se aplica para esta iniciativa es el de “caminar preguntando”, el cual tiene su base en la metáfora del caracol, esta espiral socioterritorial que se desenvuelve para que sus participantes adquieran consciencia para sí frente a las condiciones concretas de existencia en las que les ha tocado vivir, he identifiquen responsables y responsabilidades. A la fecha, se han llevado a cabo tres asambleas generales del CIG-CNI y una multitud de reuniones de autocrítica y balance, en las que las redes de apoyo al CIG, colectivos y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en lo personal, muestran y debaten los avances de la consulta promovida a iniciativa del EZLN con la idea fundamental de construir lo necesario para ampliar la conformación del CIG.

Este proceso político no implica únicamente debate, reflexión y autocritica, sino compromiso, responsabilidad y disciplina. Los siete principios enunciados por el EZLN y que acoge el CIG, son la base programática desde la cual se llama a la organización de pueblos, comunidades, tribus, barrios y colonias, para combatir al capitalismo, sus finqueros y capataces. Si bien los resultados obtenidos en materia de organización, administración y difusión, durante la etapa de captura de firmas, fueron positivos y mostraron la importancia de participar regidos por códigos de compromiso militante; en la etapa actual, este esfuerzo por agrupar y construir una instancia amplia capaz de coordinar luchas y movimientos en contra del capitalismo y por la humanidad, en México se topa con la profundización del proceso urbano al ser extendido de manera intensificada a través del desarrollismo como política pública y fuente de ingresos para el gobierno, como lo ha señalado el mismo López Obrador: “Hay mucho trabajo, hay mucha obra, hasta diría que van a faltar empresas, porque tenemos muchas obras. Por ejemplo, vamos a licitar lo del Tren Maya, son siete tramos, 150 mil millones de pesos aproximadamente; la refinería ya tiene presupuesto, solo este año, 50 mil millones y no lo puede hacer una sola empresa”.

Este desarrollismo a ultranza, es la forma por la que el capitalismo se encarna en el campo y las ciudades, transformando los territorios y las relaciones sociales que en estos se desenvuelven. La denuncia que han venido haciendo desde hace más de 20 años los pueblos y comunidades agrupadas en el CNI, muestran que el proceso urbano manifiesto en su dimensión económica acarrea “muerte y destrucción”, como muestra la tendencia señalada en el siguiente cuadro:

Los 29 espejos desde los que el CNI muestra la verdadera cara del modo capitalista de producción y su sociedad burguesa, son sólo el botón de muestra de las calamidades que comparten los pueblos, comunidades, barrios y colonias, que enfrentan la encarnación del capitalismo en sus lugares de habitación, trabajo y recreación (hábitat). En esto, el gobierno actual no es la excepción ya que mientras López Obrador insiste en que para la construcción de la refinería en Dos Bocas, municipio de Paraíso, en Tabasco, se cuenta con todos los permisos de ley, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), consigue que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) multe a la empresa SCCA por su responsabilidad en el desmontado del mangle local en 82.8has.


Pablo González Casanova, nombrado comandante Pablo Contreras por el CCRI-CG del EZLN
Fotografía: La Jornada (27 de diciembre de 2018)

Esta ha sido la constante en México, un país cuya formación socioeconómica nacional resultado de una guerra de conquista que le definió y de la cual no ha conseguido liberarse, dado que esta es una situación imposible de dirimirse en el ámbito meramente nacional, sino que implica observar, y actuar en consecuencia, la conformación del modo capitalista de producción en su amplitud continental y planetaria.

En ese orden de ideas, observo que la modernidad capitalista como programa social avanza por medio del proceso urbano y sus distintas dimensiones, trastocando constantemente la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Las dimensiones que componen al proceso urbano son estructurales y, por lo tanto, orgánicas al modo capitalista de producción: la dimensión económica se manifiesta desde la lógica productivista de la competencia mercantil y la administración empresarial desarrollista, introyectadas al proceso general del trabajo como productivismo fabril (industrial, en masa); la dimensión política se manifiesta por medio del régimen republicano, con su sistema de partidos y la relación aparentemente equivalente entre gobierno y sociedad; la dimensión cultural e ideológica expresa un repertorio de conductas, símbolos e ideas, que se implanta a manera de sentido común desde el cual se pretende orientar la práctica social hacia la lógica productivista, que oculta tras de sí la voluntad e interés burgués, pero presentados a manera de “anhelo colectivo”.

Estas dimensiones median el conjunto de las relaciones sociales y, para conseguir la reproducción sistémica del orden establecido, el político institucional o el burócrata se descubre como auxiliar de la clase dominante, el que para congratularse con ésta, durante los periodos de campaña se encarga de hacer ver y hacer creer mediante prácticas ideológicas que al orden burgués lo acompaña el “anhelo colectivo”, así el orden burgués es presentado por el auxiliar de la clase dominante bajo la apariencia de “orden público”. Para esto, una de las prácticas ideológicas es la demagogia: la intención de engaño a las clases subalternizadas mediante halagos y promesas de campaña que corresponden a necesidades populares, pero que en concreto es imposible que se cubran bajo el régimen burgués de explotación, represión, despojo y desprecio, en el marco de la expoliación planetaria, ya que el objetivo de este modelo de sociedad es la acumulación incesante de capital. De esta manera, el político profesional devenido en aparato de gobierno le envía el mensaje al burgués de que “el pueblo” ha quedado sometido a sus designios como resultado de la interiorización que este último ha hecho de la cultura e ideología productivista (Víctor Villanueva, El Estado en retroceso, 2018).

En este contexto, los pueblos, comunidades, tribus y barrios originarios agrupados en el CNI, se organizan según sus modos, tiempos y lugares, para luchar, resistir y persistir. Mientras tanto, el EZLN y sus bases de apoyo, comunidades de origen maya, consolidan y extienden su influencia al interior de su territorio a través de las Juntas de Buen Gobierno (JBG), y hacia otras latitudes a través de reuniones y comparticiones en las que se convoca a grupos, colectivos, organizaciones y personas en rebeldía, a exponer sus experiencias de lucha y resistencia con el objetivo de acuerpar y mantener movilizada esta generación de movimientos sociopolíticos denominados por algunos compañeros como antisistémicos, por haber surgido de la revolución cultural de 1968, haberse consolidado en el amanecer de 1994 e intensificar su presencia durante los primeros años del siglo XXI (Carlos Aguirre, Antimanual del buen rebelde, 2013).

Esta ola de movimientos sociopolíticos se distingue de la izquierda institucional en varios flancos, de los cuales, el más notorio es la condición política que asumen al identificarse como luchas transformativas en contra de un sistema francamente antisocial, en el sentido de señalar que el capitalismo le niega a la mayoría de la población mundial su sociabilidad y las condiciones mínimas para una vida digna, es decir, su condición de sujeto social históricamente situado y políticamente activo, para degradarlo a objeto según su capacidad productiva, clase social, raza, etnia, sexo-género, o condición etaria, imponiéndole a priori un lugar inamovible en el mundo que le tocó vivir. Mientras que, en palabras del Subcomandante Insurgente Marcos (ahora Galeano), la izquierda institucional ha quedado conformada por “corifeos del neoliberalismo” agrupados como resultado del reacomodo político ocurrido después de la caída del bloque encabezado por la Unión Soviética (URSS), durante la década de 1990 (SCI Marcos, entrevista con Julio Scherer, 2001):

Nosotros no estamos planteando el regreso al ‘comunismo primitivo’, ni de una igualdad a raja tabla que finalmente esconde una diferenciación entre la élite política –de izquierda o de derecha- y la gran mayoría empobrecida. Pretendemos que cada sector social tenga las posibilidades de levantarse como tal; no queremos limosnas, sino la oportunidad de construirnos, dentro de este país, como una realidad diferente.

 

Entre tanto, en México, América  y el mundo gobiernos van y gobiernos vienen, simulando “transiciones democráticas” o “cambios de régimen”, pero convenientemente para ellos sin aportar una definición clara y precisa de aquello a lo que hacen referencia. Estos gobiernos, a manera de facilitadores en el proceso de producción del capital, se vuelcan en administradores del cúmulo de conflictos exacerbados por la crisis que el modo capitalista de producción alberga en su seno, levantando toda una “ingeniería social” producida teóricamente por académicos oportunistas, desde la cual algunos líderes sociales, promotores y gestores culturales, algunas asociaciones civiles y dirigentes de partido, participan directamente desde el terreno en la administración del conflicto.

Queda claro que este eufemismo, el de la ingeniería social, hace referencia a toda una estrategia de control social para la administración del conflicto. La expresión más reciente que ejemplifica esta situación es la que advierte: “no desatar el tigre”, dicha por López Obrador durante su campaña presidencial, y que enfatizó a partir de que surgió el rumor en el Instituto Nacional Electoral (INE) de que sería impugnada la elección presidencial por motivo de manejo indebido de fondos públicos por parte de Morena y el fideicomiso “Por los demás”, y con ello negarle la constancia de mayoría necesaria para declararlo “presidente electo”. Rumor que fue reproducido por los él denomina las “venditas redes sociales” y azuzó el temor en el entonces “virtual” presidente. 

Muchas otras son las diferencias entre los movimientos antisistémicos y la izquierda institucional, pero también muchos son los medios con lo que cuenta el aparato de gobierno para persuadir o desgastar a luchas, grupos, organizaciones y colectivos en resistencia. El llamado a la desmovilización es la práctica más común, para los gobiernos que se autodefinieron como la “izquierda moderna” y que ahora se hacen llamar “progresistas”, “transicionales” o “de nuevo régimen”. Generalmente la idea que se encuentra detrás de este llamado es que con la “llegada al poder” del partido político o del dirigente mesiánico, el sufrimiento  por el que atraviesa el “pueblo pobre” será subsanado por decisión y obra de quien encabeza el gobierno en turno. En este sentido, los burócratas actuales confunden política económica con economía política y, entonces, plantean que atacando los efectos, y no a las causas, podrán “liberar” al pueblo pobre de sus padecimientos. Sin embargo, se debe tener en claro que esto no es más que un sermón mesiánico en el que el pueblo es abstracción, a lo sumo una víctima impávida de la “mala administración” del presupuesto público, mientras que el emisor del mensaje es el redentor univoco que “limpiará la casa” comenzando por “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”.

Otra de las formas para romper con la movilización y contener la espiral de la resistencia y la rebeldía, se acompaña por la injuria, la calumnia y la amenaza (franca o velada), desde las que se pone en operación una guerra de amplio espectro y de baja intensidad promovida desde el aparato de gobierno en consonancia con los diversos grupos de poder fáctico, en contra de los movimientos que mantienen su independencia, autonomía y autogestión. A esta forma de proceder, en el argot militar se le conoce como “operaciones de restauración del orden”. Las operaciones de este tipo, tienen como objetivo desconectar a dichos movimientos del sector social en el que se desenvuelven para acotar su margen de acción y con ello tejer un cerco de contención o exterminio físico.

El cerco de contención y aislamiento en el que se intenta colocar a los movimientos antisistémicos, como el movimiento neozapatista, al señalarlos como “intransigentes” o “radicales”, es acompañado de una escenografía en la que se monta a manera de teatralidad política el “performance del poder”: este es el conjunto de acciones convenidas entre sectores que tienden a sobreponer intereses específicos en su relación con el aparato de gobierno, por lo que buscan posicionar como “justo” y “verdadero” el programa social de la modernidad capitalista, mientras se desacredita a los movimientos antisistémicos o a cualquier otro que no comparta dicho programa. Lo ocurrido durante la toma de protesta de López Obrador en el zócalo de la Ciudad de México, al teatralizar una limpia espiritual de la pareja presidencial, y la “petición a la Madre Tierra” llevada a cabo sobre una plancha de concreto instalada en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, son el botón de muestra más arrogante del que en los primeros meses de su gobierno se tiene registro.

Sin embargo, no son los únicos. En noviembre de 2018, López Obrador llevó a cabo un recorrido acompañado de su actual secretario de la defensa por las instalaciones de la base militar ubicada en Santa Lucía, municipio de Zumpango, en el estado de México, y días después declaró: “El Ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo y se le están asignando ya recursos en el presupuesto, que está por aprobarse. Con ese propósito estamos confiando al Ejército la construcción de las pistas y de la terminal, y todo”. Las múltiples implicaciones que esto conlleva no son menores, se le ha otorgado a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) presupuesto suficiente para que, además de construir en Santa Lucía dos pistas y la terminal aérea comercial, levante en coordinación con algunas empresas del ramo de la construcción “declaradas en quiebra”, entre las que se encuentran Geo, Ara, Sare, Homex y Urbi, todas integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), un amplio complejo inmobiliario en la zona. Por si fuese poco, dicha secretaría también tendrá participación en la continuidad del conjunto del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, demarcación de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, así como la administración de fábricas de pólvora en el estado de Querétaro, y venta al gobierno federal, vía la Secretaría del Bienestar y la de Agricultura, de más de un millar de árboles frutales y maderables como parte del paquete de plantación industrial denominado “Sembrando vida”, que dio inicio el pasado 1ro de febrero en el estado de Tabasco y avanzará con una inversión inicial de 24 mil millones de pesos sobre 575has.

Como lo indique al inicio de este artículo, en la entrega anterior señalé que una de los medios de contención de la crisis estructural que zanja al modo capitalista de producción, es la acumulación militarizada. Este tipo de acumulación tiene distintas manifestaciones, entre una de esas, es lo que sucede con la financiarización de la Sedena con la intención de convertirla en una empresa desarrollista. Esta financiarización implica el incremento del presupuesto de egresos en materia de despliegue militar con la intención de que la Secretaría de la Defensa se vuelque en un ente productivo en distintos ramos, como lo ha señalado el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa: “El Aeropuerto de Santa Lucía va a ser construido por los ingenieros militares, que por lo demás son buenísimos. Ahí estamos hablando de 15 mil millones de pesos”, más otros 15 mil millones para el inicio de la construcción de 30 complejos militares destinados a albergar a un número aproximado de 150 mil efectivos de la llamada Guardia Nacional, la que deberá contar con 266 coordinadores regionales. Por lo tanto, el presupuesto para la Sedena en 2019 asciende a los 93,670,187,410 pesos, 15.6% más de lo que tuvo en 2018, y 35.09% más respecto al presupuesto designado por Peña Nieto durante su primer año de gobierno lo permite estimar el amplio margen presupuestal que tendrá la Sedena durante el sexenio que inicia; mientras que la “austeridad republicana” se aplica a secretarías por ahora “improductivas” y a seguridad pública a manera de “pobreza franciscana”.

 

Comparativo del presupuesto de egresos destinado a los cuerpos represivos (manifiestos)
del Estado durante el primer año fiscal

de cada sexenio a partir de la alternancia en el poder

 

PAN – 2001

PAN - 2007

PRI - 2013

Morena - 2019

SEDENA

22,424,626,000

32,200,896,500

60,810,570,686

93,670,187,410

MARINA

8,873,400,000

10,951,321,100

21,864,854,169

32,083,375,192

SSP

6,350,105,050

13,664,682,654

41,217,172,226

52,467,053,311

TOTAL

37,648,131,050

56,816,900,254

123,892,597,081

178,220,615,913

% del PE/Año

2.76%

2.51%

3.13%

3.05%

Presupuesto de
egresos 2019

1,361,866,500,000

2,260,412,500,000

3,956,361,600,000

5,838,059,700,000

 

 

Por supuesto que para quienes no están interesados en una reflexión seria, o para feligreses, la acumulación militarizada no parece un tema de análisis. Justifican la apertura que el gobierno lopezobradorista tiene con este aparato represor, al recrear una imagen idílica del Ejército Federal actual a través de un lenguaje sustentado por supuestas fuentes históricas de novela épica para presentar a la institución militar como una eterna epopeya del “pueblo en armas” o “pueblo uniformado”. Así, la pregunta del ¿qué hacer?, se responde desde una especie de pragmatismo obtuso en el que las constantes referencias discursivas a credos e ideologías de origen judeo-cristiano, y sus múltiples deformaciones, hacen el papel de “máximas filosóficas” absolutas: “perdón y olvido”, “reconciliación de los antagonismos”, “regeneración nacional”, “república amorosa”, “transformación de la vida pública”, “no pecar”, “actos inmorales”, “izquierda siniestra” hasta el “izquierda radical conservadora”, entre otras, que se fundan en la noción personalista del “hombre de Estado”: Estado como Dios padre, redentor de almas, protector de los desposeídos, omnipresente y todo poderoso.

 

Durante las efemérides de la Marcha de la Lealtad, en la que se conmemoró el 106 aniversario de la derrota del motín militar que tomase por asalto Palacio Nacional en febrero de 1913, intentando deponer al gobierno de Francisco I. Madreo, el mensaje de López Obrador como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, fue claro: el aparato represivo del Estado burgués está de su lado, porque él mismo está del lado del ala conservadora cuya tarea es restaurar el “orden público”. Tanto López Obrador, como el Secretario de defensa, aludieron a la estrecha colaboración que se tendrá entre la Presidencia y las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, las más de 300 organizaciones no gubernamentales agrupadas en el #SeguridadSinGuerra, insistieron en que la discusión en el Congreso de la Unión referente a la aprobación de las reformas constitucionales necesarias para la creación de la Guardia Nacional, “ha estado marcada por la simulación”. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) han señalado que la militarización es un “camino sin retorno” y un retroceso en materia de procuración de los derechos humanos, sobre todo en un país como México, en el que las fuerzas armadas y las policías son señaladas constantemente por la “sociedad civil” como responsables de ataques y desaparición forzada de personas a lo largo y ancho del país.

Si bien la militarización en México avanza por un camino de violencia e inseguridad pública, la cara oculta de este avance es la financiarización de la Sedena para la acumulación capitalista. Con el incremento significativo que se le ha otorgado en materia de presupuesto para este año y las disposiciones que se llevarán a cabo para concederle el control de las operaciones y la administración de los recursos que se obtengan de lo que genere lo que será el aeropuerto civil de Santa Lucía, la Secretaría de la defensa tendrá un ingreso anual considerable, a lo que se suma el ingreso que obtenga por sus participaciones en los conjuntos inmobiliarios por desarrollar y que ya he mencionado líneas arriba.

Sin duda, con el gobierno de López Obrador inicia una etapa de independización financiera y acumulación militarizada sin precedente. Si bien con Peña Nieto, la Sedena a través del Ejército Federal había avanzado en su desarrollo empresarial, es con López Obrador donde se observa claramente un despunte económico de esta Secretaría. En este marco de sucesos que sorprenden a algunos, dado que la promesa de campaña fue la desmilitarización de la “vida nacional”, no resulta difícil proyectar un escenario de propaganda intensificada con la intención de conseguir de la población una actitud complaciente en torno a la presencia de las fuerzas armadas en la vía pública. La tendencia política hacia la normalización de esta situación, remite a imágenes de mediados del siglo pasado, momento en el que el ascenso de una ética, estética y moral militares, empañaron el ascenso del capitalismo como economía mundo, pero que fue apta para su consolidación. 

Por otro lado, la oportunidad que algunos grupos y organizaciones ven en este pragmatismo político los ha llevado a retar a López Obrador enviándole cartas y pronunciamiento en los que colocan sus denuncias y peticiones: mayor presupuesto público, resolución de conflictos, cancelación de proyectos de gran escala, atención a los pobres, trabajo, salud, educación, etc. Entre estas cartas destacan las siguientes: 1) Fuerzas de Liberación Nacional, en la que se exige acabar con la militarización y abrir los archivos históricos del Ejército Mexicano, así como su retiro a los cuarteles y su salida de las zonas indígenas del país; 2) Red Mexicana de Afectados por la Minería, en la que se denuncia lo corrosivo que es la minería a cielo abierto y el actuar del director del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) respecto al manejo del fondo minero y el proyecto minero para los pueblos originarios; 3) Alianza Mexicana contra el Fracking, en la que comparten la decisión gubernamental de no proceder con técnicas hidráulicas de alto impacto para la obtención de gas de lutitas y petróleo, pero demanda la prohibición del fracking, la revisión de los contratos ya existentes y declarar la moratoria a nuevos contratos y plan de transición energética; 4) Frente de Pueblos en defensa de la Tierra-Atenco, en la que demandaron audiencia directa para abordar el tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y exponer sus múltiples implicaciones y consecuencias.

Asimismo, destaca la carta enviada por el grupo de académicos y activistas que participan en el Taller por la Defensa de los Territorios y del Patrimonio Biocultural, en la que llamaron la atención respecto a la “consulta nacional” sobre diez de los proyectos prioritarios de López Obrador y señalan algunas de las posibles afectaciones por la instrumentación del Tren Maya y el Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, por atravesar “hábitats críticos” de alta biodiversidad. Este pronunciamiento destaca por haber sido el documento que condensó la opinión real que tiene López Obrador sobre aquellos que señalan las serias contradicciones en sus intenciones desarrollistas, y mostró al público en general que el proyecto de gobierno que encabeza es uno de tipo personalista, idiosincrático -pero acordado entre grupos de poder económico- en el que la tergiversación o descalificación del conocimiento científico sucede si así lo decide él.

En este contexto, ocurre el 25 aniversario del levantamiento armado del EZLN y después de haber hecho varias alusiones a las intenciones de López Obrador, el 1ro de enero de este año hace pública su posición al señalar que no permitirán que se construya el Tren Maya y que están dispuestos a seguir enfrentando a los finqueros y sus nuevos capataces. Para esto fue significativa la demostración de fuerza organizada por el EZLN en el que sus milicianos y bases de apoyo recibieron el mensaje del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, en voz del Subcomandante Insurgente Moisés (Comunicado, 31 de diciembre de 2018):

Llegó la hora para nosotros los pueblos zapatistas y lo miramos que estamos solos

[…]

No es fácil enfrentar los veinticinco años aquí a miles de soldados protectores del capitalismo, y aquí están, aquí donde estamos, pasamos en sus narices estos días. No es fácil enfrentar a los paramilitares, no es fácil enfrentar a los chiquitos líderes que los tienen comprado todos los partidos políticos hoy, especialmente el que está en el poder y el partido que está en el poder. Pero no le tenemos miedo.

¿O sí le tenemos miedo, compañeras y compañeros?

[se oye al unísono “No”]

No les escuché [se escucha más fuerte “No”]

[…]

Compañeros, compañeras, ése que está en el poder lo va a destruir al pueblo de México pero principalmente a los pueblos originarios, viene por nosotros, y especialmente a nosotros al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciéndole claro no le tenemos miedo ¿o sí, compañeros y compañeras?

[suena fuerte “No”]

Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí ése su proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su guardia nacional que lo cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos.

Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y del mundo que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres, no vamos a permitir a que vengan a destruirnos ¿O sí?

[suena fuerte “No”]

 

Mensaje franco, claro y directo: “No pasarán”. Mensaje que tiene un largo antecedente y nos remite al año de 1994. Desde los primeros días de la insurgencia neozapatista, éstos han buscado por distintas vías y convocatorias el diálogo con lo que denominan la “sociedad civil”: los casos de la Convención Nacional Democrática, los Foros para la Reforma del Estado y los Diálogos de San Andrés, son emblemáticos de los primeros años. Desde entonces y hasta la primavera de 2001, el EZLN había planteado la posibilidad de conformar un amplio frente para la liberación nacional a manera de bloque histórico en el que convergiesen diferentes fuerzas sociales y políticas, con el objetivo de terminar con la dictadura del PRI.


El “performance del poder” y la acumulación militarizada
Fotografía: La Jornada (11 de febrero de 2019)

Entre las fuerzas políticas se encontraban el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que había sido fundado a consecuencia del sisma que sacudió en 1987-88 al PRI y en el que se encontraban Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador, entre otros. Sobre Cárdenas no queda más que señalar su distanciamiento del movimiento neozapatista después de la Convención Nacional Democrática; de López Obrador se sabe que solicitó al EZLN apoyo en distintas ocasiones con la intención de fortalecer su propia posición política en miras de varios procesos electorales. Después de la Marcha del Color de la Tierra (2001), derivado de la traición a los pueblos indígenas y la autocensura que López Obrador operó desde el conjunto del sistema de partidos para no acompañar la llamada Ley Cocopa mientras él era el jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), la ruptura entre el EZLN y la “izquierda institucional” se agudizó al grado de declarar el cese de toda comunicación con el gobierno y mantener ante los medios de comunicación “de paga” un silencio aproximado de 2 años y medio, hasta la fundación de las JBG, en agosto de 2003 (Doroteo, integrante de una JBG, 2014):

Días antes de que se hicieran públicas las Juntas de Buen Gobierno los pueblos construyeron, de manera urgente, un local para la JBG y un local para cada uno de los municipios autónomos, en el centro del caracol, las oficinas se construyeron con los materiales con que contaban los pueblos en esos momentos, maderas usadas, láminas usadas, y así se empezó. Se hicieron las construcciones y en menos de una semana quedaron terminadas, así se empezó, quedaron listas sus oficinas, llegó agosto de 2003 y se hicieron públicas las JBG.

[…]

Más o menos a un mes después del inicio de nuestras funciones como JBG, se presentó un problema con una organización que se llama la CIOAC; ellos nos secuestraron un compañero junto con un camión, entonces nos vimos obligados a denunciarlo pero no teníamos la idea de cómo hacer una denuncia. Los miembros de la JBG y los Concejos Municipales tuvimos que dar nuestra palabra, una o dos palabras, para hacer esa denuncia en equipo, cada quien daba su palabra y así formamos una denuncia, nos costó un poco pero sí la sacamos.

[…]

Así se trabajó unos meses, cada compañero que cubría su turno tenía que recibir sus 30 pesos diarios, ésos fueron los acuerdos de los pueblos, pero unos meses después, uno de los mandos militares, junto con los mandos políticos nos explicaron las ventajeas y desventajas de un apoyo de ese tipo. Analizando las ventajas y desventajas que ellos nos explicaron, como equipo de la JBG decidimos suspender ese apoyo y se le informó al pueblo por qué decidimos suspenderlo.

Analizamos que no era el camino viable que nos acostumbráramos a trabajar de ese modo, por lo tanto se le informó al pueblo y cada pueblo, cada región, cada municipio discutió otro tipo de apoyo, algunos fueron apoyados de un modo, otros de otro modo, pero ya no era con dinero. Desde entonces y hasta el momento no han habido más apoyos con dinero, así es como nos damos cuenta que el dinero no es el que puede hacer el trabajo de la autonomía o el trabajo del gobierno autónomo.

 

Esto sucedía en el contexto de la llamada “transición democrática” de principios de 2000, y mientras a Cárdenas se le vio negociar -al igual que lo hizo con Carlos Salinas de Gortari en 1988- su continuidad en la arena político-electoral con Vicente Fox, para 2006 López Obrador había conseguido posicionarse al interior del PRD, al negociar su anhelo personal de gobernar al país con distintos grupos de poder económico, lo que le facilitó desplazar de la contienda a Cárdenas. Este “anhelo”, que como insisto en realidad no es más que un cúmulo de negociaciones políticas con algunos de los grupos de poder económico del país, se volcó en programa político al grado de haberse autonombrado “presidente legítimo” después de las elecciones federales de 2006, en las que Felipe Calderón resultó “elegido” presidente.

En lo que corresponde al neozapatismo, luego de haber fundo las JBG -en una zona de influencia que agrupa 38 municipios autónomos (MAREZ)- el proceso autonómico de las comunidades base de apoyo del EZLN se ha intensificado y avanzado en distintas direcciones: propiedad y administración de la tierra en común, soberanía alimentaria, sistema de salud comunitario mixto, sistema de educación básico y medio, sistema de comunicación y transporte, medios de información, sistema de justicia y resolución de conflictos, cooperativas de producción y trabajo, comités de servicios y promotores, entre más ejemplos.

Asimismo, el EZLN nos sorprende con la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y retoma de nueva cuenta el impulso de iniciativas políticas como La Otra Campaña, desde la cual se trató de impulsar sobre todo a nivel nacional el método del caracol con recorridos de la Comandancia del EZLN por varios estados del país; sin embargo, la fuerte represión a pobladores de San Salvador Atenco, en el estado de México, por parte de los tres niveles de gobierno encabezados por el PAN, el PRI y el PRD, tuvo efectos directos en esta iniciativa y el esfuerzo se orientó a la lucha por la libertad de los compañeros presos y la justicia para las compañeras torturadas y abusadas sexualmente por policías con formación militar y especializada en acciones de confrontación.

Entre tanto, de regreso al contexto institucional de la “transición democrática”: el PRD se desintegraba con participación de sus tribus antropofágicas; el PAN se desdibujaba del mapa electoral a causa de la guerra en contra de la clase obrera y los pueblos indígenas, la mal llamada “guerra contra el narco”; y el PRI, desde el grupo Atlacomulco y por medio de Televisa, retomaba la figura de la “pareja presidencial” para contender en los comicios de 2012. No huelga decir que, después del plantón llevado a cabo por López Obrador sobre Paseo de la Reforma en 2006 -que a diez años de distancia acumuló una deuda de 500 millones de pesos para el PRD-, en la coyuntura electoral de 2012 Morena se desmovilizó por orden directa de López Obrador después del 1ro de julio y de movimiento social pasó a constituirse en partido político el 19 de noviembre de ese año, mientras el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard Casaubon (PRD), actual Secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de López Obrador (Morena), se coordinaba directamente con Enrique Peña Nieto y participa de la represión sucedida el 1ro de diciembre de 2012 a la manifestación de jóvenes en protesta por el regreso del PRI al gobierno federal. Aquello se denominó Operación 1DMX, y dejó 100 detenidos y múltiples lesionados, como el querido compañero de La Otra Campaña, Francisco Kuykendall Leal, a quien le estalló una granada lacrimógena disparada directamente a la cabeza por uno de los elementos de la Policía Federal Preventiva (Red contra la Represión, enero de 2014):

El 25 de enero de 2014 murió nuestro compañero Francisco Kuykendall Leal. Su muerte es consecuencia de la impunidad con que las policías actúan. El primero de diciembre de 2012, ejerciendo su derecho de manifestación, y encaminándose para representar una obra teatral en las inmediaciones del Congreso de la Unión, una granada lacrimógena fue disparada por la Policía Federal Preventiva directamente a la cabeza de Kuy. Los responsables continúan libres, delinquiendo seguramente contra más luchadores sociales.


Entre el maíz, el frijol, el chile y el café, aprendemos de la libertad según los zapatistas
Fotografía: Víctor Villanueva (Escuelita zapatista, enero de 2014)

A partir de ese primero de diciembre la brutalidad de las policías locales, no sólo de la Ciudad de México, y federales fue clara. Nada tiene qué ver que haya estado Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador o Josefina Vázquez Mota en su ascensión al poder de este lastimado y herido México, esa política ya estaba planeada por las fuertes presiones del gran capital nacional y transnacional. De ahí la descomunal y brutal represión de ese primero de diciembre, de ahí que a partir de ese día prácticamente cualquier manifestación pública es fuertemente vigilada, y no pocas veces reprimida, ya no por policías, sino por hordas uniformadas; a partir de ese día el aumento de detenciones selectivas, con ridículas acusaciones, son algo común actualmente.

 

Los caminos que han seguido la “izquierda institucional” y los movimientos antisistémicos son divergentes: la primera es producto de las necesidades que tiene el sistema de partidos para mantener la reproducción capitalista; los otros, son la resistencia que persiste frente al programa social que es la modernidad capitalista, el proceso urbano por el que la lógica productivista del modo capitalista de producción descompone la vida en el planeta.

En ese amplio caminar de la resistencia en México, encontramos la iniciativa de la Escuelita zapatista que tuvo por nombre “La libertada según los zapatistas”. Este fue otro de los múltiples esfuerzos que el EZLN ha impulsado para convivir con la sociedad civil nacional e internacional, y sucedió justo en la etapa de mayor represión y desarrollo de la política extractivista propulsada por el gobierno de Peña Nieto, arropada por los dirigentes del PRI, PAN y PRD a través del Pacto por México, firmado al día siguiente de la represión del 1DMX.

Esta iniciativa, la Escuelita zapatista, trajo para las comunidades base de apoyo del EZLN el incremento en los sobrevuelos y patrullajes de los cuerpos militares y policiacos, que documentó y denunció oportunamente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y posteriormente la toma de La Realidad, localidad enclavada en el municipio autónomo de San Pedro Michoacán (municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas), por parte de paramilitares integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Histórica), quienes apostados en la escuela primaria ahí ubicada el 2 de mayo de 2014 cometieron el asesinato del promotor de educación José Luis Solís López, alias Galeano, cuyos responsables serían detenidos y posteriormente liberados bajo argumentos falaces de manera similar a lo ocurrido con los responsables de la matanza en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.


José Luis Solís López, Galeano, maestro de niñas y niños neozapatistas
Fuente: enlacezapatista.org.mx (mayo de 2014)

A pesar de todas las muertes, amenazas, provocaciones y vituperios, el movimiento neozapatista persiste en su lucha en contra de la Cuarta Guerra Mundial que ha desatado el capitalismo: sistema que base su organización social en la explotación, el despojo, el desprecio y la represión. Y a un año de lo ocurrido en La Realidad, convocan a la realización del semillero “El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista”, evento que al igual que el coloquio “Generando contrapoderes desde abajo y a la izquierda” (2007), el EZLN y su base de apoyo exponen ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo ven el país? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo van a hacer? (SCI Moisés, mayo de 2015):

Primero es que no les basta que tienen las mejores tierras, que para ellos ya les sirvió muchos años. Ahora se dieron cuenta de que en los cerros, las montañas, ahí está otra mercancía para ellos, que ya lo han dicho varias veces acá, es la riqueza de la naturaleza. Entonces empiezan a organizarse para volver a desalojarnos, donde nos empujaron, donde esos nos mandaron, ahora nos vuelven a querer sacar de ahí. O sea, hacer el despojo, el desalojo, porque quieren esa riqueza.

Y esa riqueza que está ahí pues nosotros con nuestros tatarabuelos, como les decimos, ellos lo tienen cuidado, y eso es lo que quieren llevar, sacar, ese capitalista que en pocos años lo van a destruir lo que hace miles de millones de años que está ahí la madre tierra.

¿Cómo es eso? Pues lo saben, nada más les recuerdo cual fue la maña, la trampa que hizo el sistema capitalista, es cuando cambiaron el artículo 27 para que entonces se pueda privatizar los ejidos, porque lo que quieren es que ahora sí se pueda vender o rentar a la madre tierra.

[…]

Les estoy diciendo esto porque ahora esas comunidades, los que se dejaron privatizar el ejido, porque hay quienes se dejaron, ya están ahí, podemos decir como en las ciudades, hay vagabundos ahí, están caminando, no tienen casa, está drogadicto en thinner, en esas cosas. Igual ya en las comunidades porque vendieron su tierra, porque recibieron los papeles, la escritura de ser propietarios, de ser como ranchero, pequeño ranchero, pequeño propietario, entonces ya lograron sea suyo entonces lo venden y ya quedaron en la calle, ya no tienen dónde sembrar su maíz, su frijol.

Otros, los que han recibido proyectos de varios tipos de proyectos, ahora les están cobrando según el interés del capitalismo.

[…]

En estos días, como de por sí cada que hay esa cosa que llaman ‘proceso electoral’, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención, o sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen, que de balde tienen cabeza grande, que ni estudian siquiera historia, ni siquiera buscan. Y eso que hasta hacen libros de historia y biografías y cobran por esos libros. O sea que cobran por decir mentiras. Como los políticos.

[…]

Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita.

Nosotras, nosotros, zapatistas, como muchos y muchas más en los pueblos originarios de estas tierras, ya lo sabemos su modo de los partidos políticos, y es una mala historia de malas personas.

Una historia que para nosotros, nosotras como zapatistas que somos, ya es historia.

 

Con esta seguridad que les caracteriza, a mediados de 2016 el EZLN le hizo la siguiente proposición al CNI: 1. Acercarse a Morena en el proceso electoral que se avecinaba o, 2. Participar en la contienda nombrando a un o una candidata independiente. Esto pensando en ubicar o construir instancias desde las cuales las rabias y dolores de los pueblos originarios y el CNI pudieran visibilizarse dado que el diagnóstico con el que contaba en ese momento el EZLN, mostraba la gran tormenta que se padece en el mundo -particularmente en México- y la cual desdibuja del mapa de las luchas sociales el esfuerzo de los pueblos.  

       La respuesta es de todos y todas conocida: el 28 de mayo de 2017 se declara formalmente constituido el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), instancia que postuló con el apoyo del EZLN a María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, como aspirante a candidata independiente para contender por la presidencia de la república. Sin embargo, desde el primer momento de haberse tomado esta decisión, la persecución, el hostigamiento y la represión, se hicieron presentes en algunas de las comunidades afines a la propuesta. Mientras, el vituperio rompió la rienda y fue expresión hasta de aquellos que en algún momento fueron simpatizantes del neozapatismo, pero que subsumidos por la dimensión política de la modernidad capitalista y el proceso urbano -el sistema de partidos y la coyuntura electoral-, mostraron a partir de entonces su temor a la democracia participativa, la toma de decisiones colectiva, la libre organización de la clase trabajadora, la emancipación de los pueblos, temor que no han dejado de manifestar.

Pero no se detenga usted en la lectura de estas expresiones de inseguridad y ansiedad existencial que aún rondan por las redes sociales de la Internet, mejor desarrolle usted mismo una interpretación política del momento en el entendido de que para la coyuntura electoral de 2018 la posición que prevaleció fue: “Detrás de mí o contra mí”, que todo fascismo supone. Así, López Obrador y la élite de Morena llamaron a no firmar por Marichuy mientras el temor de la propuesta evidenció sus propias fobias y filias, para luego dar paso a una actitud hipócrita al enterarse de que la candidata independiente no alcanzaría a capturar la cantidad de firmas requeridas para su registro (Declaración del V Congreso Nacional Indígena, 1ro de enero de 2017):

Saludamos los mensajes de apoyo, de esperanza y de solidaridad que dieron intelectuales, colectivos y pueblos que reflejan esperanza ante nuestra propuesta a la que denominamos “Que Retiemble en Sus Centros la Tierra” y que hicimos pública en la primera etapa del V CNI, saludamos también las voces críticas, muchas de ellas con argumentos fundamentalmente racistas, que reflejan una indignación rabiosa y desprecio por pensar en que una mujer indígena pretenda no sólo contender en una elección presidencial, sino plantear cambiar realmente, desde abajo, a este dolido país.

A todos ellos, les decimos que en efecto retembló la tierra y nosotros con ella, y que pretendemos sacudir la conciencia de la nación, que en efecto pretendemos que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuren en las boletas electorales del 2018, pero que no es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aún nos debe mucho; cada muerto, desaparecido, encarcelado, cada despojo, cada represión y cada desprecio. No nos confundan, no pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas.

 

Mientras el EZLN insistía (Comunicado, 1ro de enero de 2018):

Debemos de organizarnos y unirnos todo los sectores de trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, artistas, comerciantes, empleados, obreros, doctores, intelectuales y científicos de nuestro país y del mundo, el único camino que nos queda por hacer, es que debemos unirnos más, organizarnos mejor para construir nuestra autonomía, nuestra organización propia como pueblos y trabajadores, porque es la que nos va a salvar de la gran tormenta que se acerca o ya está sobre nosotros que va a barrer a todos y todas.

 

Si bien el discurso del movimiento neozapatismo ha estado repleto de metáforas, en este caso la metáfora de “la tormenta” hace referencia al desastre de orden planetario que padecemos actualmente y que se ha intensificado en los últimos 50 años como resultado de la lógica productivista que impulsa a la “finca capitalista”. El colapso civilizatorio profundizado por ésta forma de organización social para la producción de excedentes con miras a la acumulación incesante de capital en manos de la élite dominante, y que aparentemente afecta a todos por igual, pero en el que las posibilidades de respuesta –como ante cualquier contingencia en este sistema social- son profundamente desiguales entre ricos y pobres (Carlos Taibo, Colapso, 2017: 42):

Hay quien ha tenido a bien, en fin, contraponer el concepto de colapso y los de persistencia y resiliencia. El primero de estos dos últimos identifica una situación en virtud de la cual un estado estable tiende a mantenerse frente a las perturbaciones. El segundo subraya, por su parte, la condición de sistemas que permiten su recuperación ante eventuales agresiones. O, en otras palabras, nos habla de la “capacidad de un individuo, una comunidad o un sistema para adaptarse y preservar un nivel aceptable de funcionamiento, estructura e identidad”. No olvidemos que en el caso de sistemas complejos e interrelacionados, su existencia tanto puede ser un elemento de resiliencia –se apoyan unos a otros– como de colapso –las tensiones se transmiten de unos a otros–. No parece razonable contraponer, en suma, y como a menudo se hace, colapso y progreso. El colapso, antes bien, puede ser una consecuencia de determinado tipo de progreso desestabilizador.

 

El desarrollismo, ahora promovido por López Obrador como pilar fundamental en su programa de gobierno, ha hecho que muchos de aquellos que en algún momento se opusieron a la modernidad capitalista, le defiendan a ultranza. Intelectuales, activistas, artistas, entre otros, que en octubre de 2018 impulsaron la encuesta ciudadana para simular disposición de parte del nuevo gobierno y de Morena ante las demandas sociales en contra de los proyectos de gran escala, como fue el caso de la “consulta nacional” sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); a partir de la encuesta sobre los “diez proyectos prioritarios” de López Obrador, llevada a cabo tan solo un mes después de la anterior, se decantaron a favor de la construcción del Tren Maya, el Corredor Comercial Transístmico y la refinería en Dos Bocas, o guardaron un silencio cómplice.


SCI Galeano ante milicianos del EZLN
Fotografía: resumenlatinoamericano.org (31 de enero de 2018)

A su vez, los directivos de institutos y centros de investigación, instituciones de atención a “grupos vulnerables”, y secretarías de Estado, se acomodan en la ola del continuismo desarrollista, los casos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), de la Secretaría de Energía (SENER) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), son emblemáticos pero no sorprenden: en el primero, Diego Prieto declara que “el Instituto no está para detener obras”, que si bien aún no conoce el proyecto del Tren Maya, éste “no afectará vestigios arqueológicos”, y que es el Instituto el encargado de “determinar si las comunidades son o son indígenas”; por su parte, Adelfo Regino toma como válidas las encuestas que simulan consultas a los pueblos originarios de la región peninsular; mientras que Rocío Nahle les asegura a los inversionistas con interés en extraer gas natural, como “por ejemplo los canadienses que entran de forma confiable, de forma segura, a invertir al país”, que las consultas son para explicarle a los pueblos y comunidades el por qué se recurre –por ejemplo- al fracking y así “no pegarle al inversionista”; y Rogelio Jiménez Pons delata a los grupos locales con los que lleva a cabo reuniones -suplantando todo protocolo de consulta libre, previa e informada-, al señalar que éstos afirman: “o nos subimos al tren o nos lleva el tren”. Sin duda, la posición institucional saca lo peor de las personas, y esto sin señalar las lamentables intervenciones de personajes como Alejandro Solalinde, José Manuel Mireles y Jorge Zapata González, priísta mejor conocido como el “nieto de zapata” que ha calificado al EZLN como “cortina de humo”.

En este clima de intensificación del desarrollismo en nuestro país, vale la pena tomarse el tiempo para señalar los principios y criterios mínimos a seguir para la instrumentación de la Consulta Libre Previa e Informada (CLPI) con pueblos indígenas, tribales y/o equiparables en México. Estos principios y criterios conforman el contexto, el cual se entiende como el conjunto de las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas, propicias para la instrumentación de un proceso de consulta con pueblos indígenas. Dicho conjunto de condiciones se encuentran establecidas en las declaraciones, tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por los gobiernos de los países independientes como el nuestro, y en los que habitan dichos pueblos. Sin embargo, en el marco de las “consultas ciudadanas”, que en su momento fueron promovidas por el “equipo de transición” del gobierno encabezado por López Obrador, ha quedado de manifiesto que tales principios fueron vulnerados sin pudor alguno de la siguiente manera:

 

Cooperación de buena fe.- Violentado por el desacato que hizo el López Obrador respecto a la legislación internacional en la materia, que establece principios y criterios a seguir durante todo el proceso de consulta con pueblos y comunidades indígenas y tribales.

Equidad.- Violentado por la imposición que llevó a López Obrador de un supuesto “interés público” y “bienestar nacional”, desde los cuales supedita la voluntad e interés propios del sujeto de derecho por consultar.

Independencia.- Violentado debido a la subordinación que López Obrador operó respecto del sujeto de derecho frente al aparato de gobierno, la militancia del partido político Morena y el interés de inversionistas privados.

Imparcialidad.- Violentado por la imposición a priori de la voluntad particular de consultante y los acuerdos que éste ha tomado previamente, atendiendo al interés particular de inversionistas de capital privado y transnacionalizado en la expoliación de la región.

Apertura.- Violentado por la simulación que se llevó a cabo respecto a un “interés nacional” que supuestamente se verá reflejado a través de la captura de “votos” obtenidos en “casillas” instaladas en puntos establecidos según la zona de influencia del partido político Morena y el consultante.

Transparencia y sistematicidad.- Violentado por el sesgo que impone la exposición de información incompleta elaborada por el equipo de comunicación de López Obrador, con la intención de proteger el proyecto político previamente acordado con fuerzas económicas transnacionalizadas, lo cual constituye una práctica sistemática de propaganda y anulación de opiniones, estudios, análisis, dictámenes y experiencias, no necesariamente convergentes con el proyecto político del consultante.

Certeza jurídica.- Violentado por la anulación que hizo López Obrador respecto al sujeto de derecho que tiene interés legítimo y el cual es protegido por la legislación internacional en la materia, así como la nula validez jurídica de la convocatoria, el procedimiento y resultado obtenido de dichos procesos de “consulta”.

 

Estos principios rigen el proceso de consulta bajo los siguientes criterios:

 

Libre.- Distorsionado debido a que no se cumplen los principios de cooperación de buena fe, equidad e independencia, al subordinar al sujeto de derecho con interés legítimo y protegido por la legislación internacional en la materia, y determinar de manera unilateral sedes, procedimientos y universo de consultados, así como al aparato gestor y administrador de la consulta, sus métodos de escrutinio y resguardo de boletas. Es decir, el consultor interesado asume la posición de juez y parte a través del partido político Morena, lo cual muestra a estos ejercicios de “consultas ciudadanas” como una especie de consultas internas de partido en el poder o de partido de Estado.

Previa.- Distorsionado debido a que no se cumple el principio de apertura hacia la participación del sujeto de derecho con interés legítimo y protegido por la legislación en la materia, que faculta a dicho sujeto colectivo para ser participe en la concepción misma del proyecto a consultar, de la consulta misma y del modelo o no de desarrollo deseado según su propio interés y voluntad. En ese sentido, los proyectos promovidos carecen de cercanía con la población que habita en la región de impacto.

Informada.- Distorsionado ya que no se cumplen los principios de transparencia, sistematicidad y certeza jurídica del sujeto de derecho con interés legítimo y protegido por la legislación internacional en la materia, al ocultar o sesgar la información, no contar con los estudios, análisis o dictámenes previos y socializados, e imponer una tendencia política en cuanto al manejo de la propaganda que se difunde en medios masivos de comunicación sin considerar la pertinencia cultural.

 

De esta manera, el contexto propicio para la instrumentación de un proceso de consulta con integrantes de pueblos indígenas y tribales, conformados por comunidades originarias y/o equiparables según la legislación nacional (Art. 2do constitucional), se consolida en tanto que el sujeto de derecho –el consultado- tiene una participación directa –de acuerdo a sus propias instancia de representación y dinámica social- y culturalmente adecuada –de acuerdo a su propia cosmovisión y anhelo colectivo- durante las distintas etapas del proceso de consulta, y en el que la(s) instancia(s) interesada(s) –el consultante- queda obligada a ejecutar de manera irrestricta los principios y criterios señalados.

Sin embargo, para los casos del NAICM, Santa Lucía, Tren Maya, Corredor Transístmico y la refinería de petróleo en Dos Bocas, Tabasco, al ser considerados como proyectos de gran escala con inversión de capital privado transnacionalizado e impacto directo sobre las tierras y territorio de los pueblos y comunidades originarias y equiparables (hábitat, Art. 13, Convenio 169 de la OIT), queda claro que particularmente en estos casos no se cuenta con un contexto propicio para la apertura del proceso de consulta con pueblos y comunidades de este tipo, dado que los principios y criterios han sido intervenidos, distorsionados o corrompidos intencionalmente por las instancias interesadas en el uso y aprovechamiento del hábitat regional de los pueblos nativos, por lo que, siendo honestos, la ley nacional deberá prever sanciones apropiadas contra toda aquella intrusión que no fue autorizada en las tierras de los pueblos violentados en su derecho o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones (Art. 18, Convenio 169 de la OIT). Lo paradójico es que es el mismo gobierno el que incurre en transgresión a la norma internacional vuelta ley nacional.


Militarización de la “vida nacional” y acumulación militarizada, proyecto político de López Obrador
Fotografía: Desinformemonos (8 de febrero de 2019)

Ejercicios que López Obrador y Morena insisten en llevar a cabo cada vez que consideran necesario simular que detrás de ellos está el “anhelo colectivo” de 30 millones de votantes que quieren el “cambio”, pero que ha resultado ser nada más que el continuismo desarrollista de la modernidad capitalista. Y que, por paradójico que parezca, mientras López Obrador declara 2019 como “el año de Zapata”, es en la tierra de Zapata, en Ayala, municipio de Cuautla, en Morelos, dónde la resistencia del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y el Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Río Cuautla -opositores al Proyecto Integral Morelos-, le presentan un reto a la legitimidad que tanto dice acompañarle (Carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, 9 de febrero de 2019):

Los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos, quienes nos hemos mantenido en un plantón en resistencia desde hace casi dos años y medio para impedir el despojo del agua del río Cuautla por parte de la CFE, para la termoeléctrica de Huexca, consideramos un enorme riesgo y una injusticia que, a pesar de contar con una concesión de aguas nacionales hasta 2035 y un amparo con una suspensión definitiva, este conflicto sea resuelto a través de una consulta pública que favorece a aquellos que tienen intereses creados: el empresario Arnulfo Montes Cuen, quien quiere construir presas, organizaciones campesinas como Asurco que han llegado a acuerdos con la CFE para venderle las aguas residuales a la termo junto con el Soapsc o el gobierno estatal que apoya a los empresarios españoles. Con esta consulta, ellos aseguran vía libre a sus intereses políticos o económicos, en perjuicio de 38 mil habitantes de este municipio.

 

Exigir la cancelación de dichos proyectos no es asumir una posición de “extrema izquierda conservadora” -como señaló López Obrador-, sino por el contrario es asumir una posición ética frente a los pueblos por ser una posición antagónica a la simulación corruptora promovida por el actual gobierno y el partido político Morena, instancia a la que, por cierto, a no más de dos meses de haber iniciado formalmente el sexenio, quien preside el partido, Yeidckol Polevnsky, aceptó lo que muchos de sus críticos le hemos señalado a Morena por reproducir la cultura política priísta acuñada en los últimos 80 años del sistema de partidos, esto es, ser la cara retocada del PRI ahora PRIMor, cuando ella afirmó: “Se oye mejor PRIMor que PRIAN […] pues construyes con quienes tienen altura de miras, a quien le preocupa el país y a quien quiere que las cosas se resuelvan”, en alusión a la alianza que hizo Morena con el PRI para designar como gobernador interino del estado de Puebla, al priísta Guillermo Pacheco Pulido, luego del accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle, y tres personas más de la tripulación.

A todo esto, se suma el conjunto de agresiones dirigidas a las comunidades base de apoyo del EZLN en Chiapas, agresiones denunciadas a través de RompeVientoTV, en las que bases de apoyo zapatistas del municipio autónomo de Magdalena de la Paz, atestiguan la violencia paramilitar bajo responsabilidad de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, partido con el que López Obrador mantiene las fuertes alianzas político-electorales que le permitieron ganar la gubernatura estatal a Rutilio Cruz Escandón Cadenas (Oventik, Caracol II, 29 de enero de 2019):

Nosotros, los compañeros y compañeras hemos sufrido miedo, porque nos atacan. Miedo porque nos atacan como varios hermanos han sido atacados, emboscados, que han sido 18 muertos inocentemente.

[…]

En nuestra comunidad ya no tenemos más posibilidad de la pizca, no podemos ir a la orilla del río a recoger el café, nuestro maíz o el platanar. Nosotros hemos resistido estos once meses como bases de apoyo zapatistas que somos.

[…]

En estos últimos meses se ha agravado más nuestra situación en Kobsilnab porque vemos que ya no es un problema agrario, sino ya es un problema social. Porque se ve bien claro, porque ahora hay mucho tiroteo y agresiones de día y de noche.

Es lo más peor de lo que pasó el día 22 de enero de 2019, aproximadamente de las 6:30 de la mañana empezaron los tiroteos por parte de la gente partido Morena, y que duró todo el día hasta las 7 de la noche. Nuestras compañeras mujeres, ancianos, niños, hombres, lo único que pudimos hacer fue quedarnos tendidos dentro de nuestras casas.

Esto ya no es de los indígenas, sino ya es de los tres niveles de gobierno. Le decimos que controle a su gente de inmediato, porque su partido no es ‘esperanza’, sino es desesperanza, su ‘cuarta transformación’ es una destrucción social y que se hace llamar de izquierda solo para engañar al pueblo con sus mañas, mientras hay heridos y muertos.

En vez de solucionar, mete ejército en nuestras comunidades según para resolver y solucionar, pero nosotros y nosotras estamos bien claros que lo único que van a hacer es empeorar más y más.

Responsabilizamos a los tres niveles del gobierno de todo lo que vaya a pasar en adelante: al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón; el presidente de Aldama, Ignacio Pérez Girón.[2]

 

Ante lo que el EZLN ha definido como provocaciones a los pueblos originarios, queda claro que el planteamiento que se revela desde el desarrollismo que continúa, es más que una disputa por la nación, o por la historia y legitimidad de las “luchas de izquierda” en México, mucho menos se trata de un distanciamiento teórico-político entre “reformistas”, “anticapitalistas” y “socialistas”, como se le ha querido interpretar por parte de algunos intelectuales. Se trata, simple y llanamente, de la continuidad de la guerra de amplio espectro definida por el Subcomandante Insurgente Marcos como la Cuarta Guerra Mundial (Subcomandante Insurgente Galeano, Una Guerra Mundial, mayo de 2015):

Si es cierto que el capitalismo no sólo produce riquezas, avances científicos y tecnológicos, sino que también produce miseria, destrucción y muerte, entonces hay que señalar las cosas por su nombre: el capitalismo produce para y por la guerra. Su avance, su desarrollo depende de la guerra, su columna vertebral.

[…]

En suma, lo que el pensamiento crítico parece producir es que la genealogía de la Hidra se puede resumir en una palabra: guerra.

La guerra no sólo está en el origen del sistema capitalista, está en todos y cada uno de sus “saltos cualitativos”. La guerra es la medicina que el capitalismo le administra al mundo, para curarlo de los males que el capitalismo le impone.

[…]

Claro, ahora aparece, gracias a esa terrible maquina creativa, que las empresas armamentistas son las mismas que se ofrecen para reconstruir lo destruido. Esta destrucción que el zapatismo ha señalado como una de las características de la guerra en curso, consiste en que, a diferencia de antaño, no solo se trata de destruir o derrotar al contrario, también hay que destruir totalmente el territorio conquistado. El páramo resultado de una guerra es una mercancía también. Y también lo es la reconstrucción.

 

Promover la acumulación militarizada e intentar el “rescate” de la vieja forma política del Estado burgués “nacional”, es participar de la profundización de la Cuarta Guerra Mundial. Tratar de distanciarse de la derecha, comparándose constantemente con ella para crear una imagen pública de falsa divergencia, es actuar como la serpiente que se muerde su propia cola -o hacerle el juego a la derecha. Por otra parte, los movimientos antisistémicos o contemporáneos cercanos al neozapatismo no luchan sólo por ideas o ideales, mucho menos por abstracciones moralinas o religiosas, ni por la posibilidad de administrar el desarrollismo; sino porque el colapso planetario nos muestra a todos las condiciones reales de existencia que estamos padeciendo, mismas que se deben cambiar si es que se tiene interés en persistir, como especie, con vida sobre este hermoso planeta Tierra.

 

[1]    Para el caso de las elecciones presidenciales en México, López Obrador por medio de la coalición Juntos Haremos Historia (Partido Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo) obtuvo 30,113,483 de los votos sufragados (33.78% del total de la lista nominal), en un proceso que contó con una participación del 63% del padrón electoral y un índice de abstencionismo del 37% y un 2.78% de votos nulos, lo cual representa un ±40% de electorado en constante desapego al proceso electoral y al sistema de partidos políticos nacional y la democracia liberal.

[2]    Véase testimonio completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Hjme6OJkszw