Políticas públicas alimentarias: perspectivas para su estudio

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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito destacar dos ejes para el estudio de las políticas públicas alimentarias desde la antropología. El primero de ellos, las cocinas de la pobreza, busca enlazar la transformación de las prácticas alimentarias como consecuencia de la escasez, con las políticas públicas del Estado que, de manera encubierta, buscan homogenizar las pautas alimentarias al distribuir y volver accesibles productos alimentarios específicos distintos a los de uso cotidiano por parte de las comunidades ‘beneficiadas’. El segundo eje busca poner en la mesa de discusión los derechos culturales; es decir, la necesidad de la incorporación de la interculturalidad en las políticas públicas. En ambos casos, la política tomada como ejemplo para la propuesta es la Cruzada Nacional contra el Hambre, con algunos de sus programas de ejecución, tal como el Programa Comedores Comunitarios.

 

Introducción

En México, las políticas públicas alimentarias han pretendido transitar de programas asistenciales a programas integrales de coordinación intersectorial. El Estado posrevolucionario buscó la implementación de políticas redistributivas, que algunos identifican como Estado de bienestar, aunque éstas nunca fueron suficientes ni alcanzaron la cobertura total de la población que buscaban beneficiar (Barquera et. al, 2001). A partir de 1980, las políticas redistributivas y solidarias del bienestar, se transformaron en políticas neoliberales en material del bienestar, lo que significó, entre otros, la mercantilización de la educación y la salud, así como el retiro de la inversión pública en éstas (Arzate Salgado, Trejo Sánchez y Arriaga Álvarez, 2009).

De acuerdo con Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García (2001) los programas de distribución de alimentos en México han tenido diversas modalidades, desde el sistema de subsidio a los productores (como el Programa Nacional de Alimentación [Pronal] y el Sistema Alimentario Mexicano [SAM]), hasta sistemas de subsidio a consumidores (los programas de desayunos escolares y Conasupo, por ejemplo); sin embargo, estos programas favorecieron en mayor medida a la población de zonas urbanas, mientras que beneficiaron sólo marginalmente a la población rural.

Estas experiencias permitieron al Estado mexicano observar que las políticas relacionadas con el consumo de alimentos, como el subsidio al precio de la tortilla, la distribución de leche a familias de escasos recursos y los desayunos escolares, tenían un efecto directo sobre el estado nutricional de la población y sobre sus pautas de consumo; es decir, estos programas lograron la implementación modelos alimentarios (Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García, 2001). A este respecto, Juan Pío Martínez (2013) señala que, en México, las ideas sobre nutrición han servido como instrumento de control social, vinculadas al cientificismo como argumento de verdad y pretendidamente desligadas de la ideología, pues han estado orientadas al control de las formas de alimentación para hacerlas más acordes con el proyecto económico y social de las clases gobernantes. De acuerdo con él, la nutriología sirvió para establecer una relación entre nutrición, agricultura, economía y salud pública; fue la manera más sencilla de calificar de inferiores las tradiciones culinarias indígenas y, de paso, de justificar su occidentalización.

En dichos programas se ha observado un “tendencia positiva en el estado nutricional” de la población atendida (Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García, 2001: 475) pero han carecido de la participación de los beneficiarios en su diseño e implementación[2]. Esto puede interpretarse como una imposición de un modelo de bienestar, salud y nutrición desde la política pública. En este sentido, es que resulta imprescindible la aproximación antropológica a la cuestión de las políticas alimentarias, donde se consideren los esquemas o lógicas culturales específicas, las nociones locales de bienestar y alimentación, así como el entrecruce con la cuestión de la identidad.

El presente trabajo tiene como propósito destacar dos ejes para el estudio de las políticas públicas alimentarias desde la antropología. El primero de ellos, las cocinas de la pobreza[3], busca enlazar la transformación de las prácticas alimentarias como consecuencia de la escasez, con las políticas públicas del Estado que, de manera encubierta, buscan homogenizar las pautas alimentarias al distribuir y volver accesibles productos alimentarios específicos distintos a los de uso cotidiano por parte de las comunidades beneficiadas. El segundo eje busca poner en la mesa de discusión los derechos culturales; es decir, la necesidad de la incorporación de la interculturalidad en las políticas públicas. En ambos casos, la política tomada como referente para la propuesta es la Cruzada Nacional contra el Hambre y algunos de sus programas de ejecución, como el Programa Comedores Comunitarios, el Programa Apoyo Alimentario y las tiendas Diconsa.

 

La Cruzada Nacional contra el Hambre y las cocinas de la pobreza

El 22 de enero de 2013, por decreto presidencial, se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), también llamado Cruzada contra el Hambre (Diario Oficial de la Federación, 2013). Éste consiste en una estrategia de inclusión y bienestar social que pretende satisfacer la obligación del Estado de garantizar el derecho universal de alimentación, mediante la participación federal, estatal, municipal y de sectores público, social y privado.

Esta política es resultado de la crisis financiera, energética y alimentaria de 2008 que, tras el aumento generalizado de los precios de los granos básicos y de la pobreza alimentaria en México, centró la atención en la seguridad alimentaria[4]. Esto llevó a la modificación de los artículos 4 y 27 constitucionales, para reconocer el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de la población, por un lado, y a la creación en 2013 de la Cruzada Nacional contra el Hambre (Urquía-Fernández, 2014).

Entre los objetivos de dicha Cruzada destacan eliminar el hambre a partir de una alimentación adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y con carencias de acceso a la alimentación, así como eliminar la desnutrición infantil aguda y aumentar la producción de alimentos (Diario Oficial de la Federación, 2013). Para la formalización y ejecución de la Cruzada, el ejecutivo designó como responsable a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quien elaboró el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 (Diario Oficial de la Federación, 2014) dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En su primera etapa, este programa fue implementado en los 400 municipios del país con mayor incidencia de pobreza extrema; es decir, aquéllos con mayor número de personas en situación de pobreza extrema y mayor cantidad de personas con carencias de acceso a la alimentación.

Uno de los primeros elementos a considerar es el análisis de los contenidos de la política pública, pues las definiciones conceptuales y las formas de medición permiten tener un panorama más amplio de los objetivos reales que pretenden alcanzar. En este caso, destacan los términos hambre, pobreza multidimensional extrema y carencias de acceso a la alimentación, que se encuentran estrechamente vinculadas. La Cruzada define el hambre como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria; es decir, al tener un ingreso menor al de la canasta básica alimentaria y tener tres carencias sociales (una de las cuales es alimentaria), mismas que se miden de acuerdo con la presencia o ausencia de rezago educativo, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. De esta manera, hambre se equipara a la condición de pobreza extrema alimentaria de CONEVAL (Figura 1).


Figura 1. Tipos de pobreza. Elaboración propia a partir del glosario de CONEVAL (http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx)

De esta manera, observamos que, pese a las altas cifras de pobreza en México, esta política sólo considera a un segmento poblacional muy pequeño dentro de lo considerado como pobreza (Figura 2).


Figura 2. Elaboración propia a partir de datos de CONEVAL sobre pobreza en el 2014.

Es importante notar que la definición de la pobreza y la tipología que se desprende de ésta se fundan en la medición de la misma, sin mayor elaboración teórica. De esto se desprende la imposibilidad de confrontar definiciones potencialmente contradictorias respecto a los conceptos utilizados, tales como pobreza, hambre, alimento y alimentación (estos últimos dos ni siquiera son definidos). Se asume entonces un único paradigma válido desde el cual son definidas, clasificadas y evaluadas las formas de vida y alimentación de aquellos considerados pobres, sin hacer referencia a la diferencia y a la desigualdad y sin buscar los orígenes de las mismas.

Así, esta política pública en materia de alimentación, al considerar contenidos y nociones locales sobre pobreza, alimentación y comida, se presenta como imposición de una visión discriminatoria de pretendida neutralidad moral y cultural, que encubre la potencial intención de asimilación cultural (Tubino, 2005); es decir, se configura como un potencial mecanismo de control del Estado que pretende homogenizar las culturas subalternas e incorporarlas al deber ser/deber comer de la cultura hegemónica.

Esto nos lleva a concebir cocinas de la pobreza como una categoría que hace referencia al conjunto de estrategias, formas de preparación, platillos e ingredientes que permiten a un grupo solventar su alimentación en momentos de escasez o precariedad. El trabajo de Patricia Aguirre (2004), en Argentina, ha revelado que la pobreza ha llevado a un cambio gradual en los patrones de consumo y alimentación: la población en situación más precaria ha implementado una serie de restricciones respecto a la dieta, cambiando productos caros (cárnicos, frutas y verduras) por productos baratos (harinas y grasas), disminuyendo la variedad de la dieta y distribuyendo los alimentos de manera diferente entre los miembros del hogar. Esto ha generado consecuencias nutricionales serias, lo que ella denomina “gordura de escasez”, misma que constituye una cara más de la malnutrición y se relaciona con enfermedades crónico degenerativas, como diabetes, hipertensión, algunos cánceres, entre otras.

De esta manera, nos preguntamos sobre el papel de los productos industrializados que son distribuidos por la Cruzada (a través de las tiendas Diconsa o los Comedores Comunitarios, por ejemplo) mismos que implicarían nuevas pautas de alimentación y la modificación de los valores culturales asociados a la comida y la comensalidad. ¿Qué cambios generales en la forma de comer están realizando las familias pobres para satisfacer su alimentación? ¿Qué cambios está promoviendo la Cruzada Nacional contra el Hambre en términos de las tradiciones culinarias de cada lugar? ¿Constituye la Cruzada una forma de imponer la modernidad a la población rural? (Figuras 3 y 4) ¿Cómo responde la gente a este proyecto transformador de sus prácticas alimentarias?


Figura 3. Encabezados de los periódicos El Universal (9 de febrero de 2013) y La Jornada (15 de abril de 2013).

Así, consideramos pertinente el desarrollo de proyectos de investigación antropológica dirigidos a conocer y explicar las transformaciones que han sufrido las prácticas alimentarias de las diversas localidades atendidas por la Cruzada y sus programas a lo largo del tiempo; es decir, establecer un panorama de la historia reciente de la alimentación en estas localidades. ¿Qué formas de preparación, ingredientes y estrategias se empleaban en los hogares hace 20 o 30 años? ¿Cómo se han transformado y qué modificaciones han traído consigo las políticas públicas alimentarias? ¿Han mejorado las condiciones de vida y alimentación de las personas desde su propia perspectiva?

 
Figura 4. Destacan la presencia de jugos y refrescos en una tienda Diconsa. Foto: Notimex. Tomada de La Razón de México (http://razon.com.mx/spip.php?article313570)

Esto permitiría determinar si los cambios que se han producido y que se implementan en situaciones de crisis o escasez, benefician o perjudican a las familias en términos de salud, satisfacción de derechos alimentarios y respeto a los derechos culturales. Es decir, permitiría evaluar en el terreno el impacto que esta política pública ha tenido en la transformación de prácticas alimentarias y salud de la población objetivo. Entender las transformaciones alimentarias promovidas por las políticas de Estado, permite evaluar las propias políticas públicas a partir de las repercusiones sociales y culturales que éstas generan en las comunidades a las que se busca beneficiar.

Para ello no sólo será necesaria una revisión y análisis de cada uno de los conceptos centrales empleados en el decreto del programa analizado, sino su confrontación con lo propuesto desde las ciencias sociales. Además, es indispensable que la evaluación de estos programas se haga desde metodologías participativas que permitan generar, de manera conjunta, proyectos alternativos y programas gubernamentales de acompañamiento que sean acordes con la realidad social concreta de los actores, no desde la política abstracta que soslaya la diversidad y complejidad cultural del país.

 

Derechos culturales y comedores comunitarios

Las políticas públicas como acciones que realiza el Estado en sus diferentes niveles para la resolución de determinados problemas, con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos, son intervenciones que no sólo se ejecutan sobre espacios sociales concretos, sino que a su vez generan una transformación en las dinámicas de los contextos intervenidos. Debido a que toda acción humana se encuentra mediada por su dimensión cultural, las políticas públicas son generadoras de modelos culturales que a su vez reproducen distintos sistemas de relaciones que no siempre corresponden con el contexto social de las comunidades a las que se pretende apoyar.

Las esferas gubernamentales en las que se toman las decisiones sobre qué políticas se desarrollarán y cuáles no, se encuentran alejadas de nuestro actuar cotidiano como investigadores. Sin embargo, las acciones que se llevan a cabo en el marco de las distintas políticas públicas son contextos que sí podemos investigar. Observar las dinámicas socioculturales que surgen en los espacios donde se ejecutan las políticas públicas alimentarias se vuelve indispensable para subrayar, desde las realidades concretas, la necesidad de incorporar la dimensión cultural dentro de las acciones que desarrolla el Estado. Tal es el caso de los comedores comunitarios, en donde se justifica la investigación antropológica como un paso necesario para la proposición de alternativas que permitan que, en el ejercicio del derecho a la alimentación, no se vulnere el derecho a la cultura propia.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se reconoce que la garantía y protección del derecho a la alimentación y del derecho de acceso a la cultura son parte de las responsabilidades que los estados miembros tienen con respecto a sus ciudadanos (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1948). En México, para otorgarle un carácter constitucional a estos derechos, se adicionaron al artículo 4° el derecho de acceso a la cultura (Diario Oficial de la Federación, 2009) y el derecho a la alimentación (Diario Oficial de la Federación, 2011).

De acuerdo con Boltvinik (2012), desde finales de la década de 1980, los programas de desarrollo social del gobierno federal, como Solidaridad, Progresa y Oportunidades, se han centrado exclusivamente en las personas en condición de pobreza. No obstante, es posterior a la reforma del 2011 cuando este tipo de programas han comenzado a vincularse en el nivel del discurso con el derecho a la alimentación y con la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la satisfacción de tal derecho.

En el año 2013 se decretó el establecimiento del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Posteriormente, este sistema se formalizó y se incorporó al Programa Nacional México Sin Hambre, el cual se propone “asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo” a través de diferentes estrategias, entre las que se incluye la instalación de comedores comunitarios y de escuelas con asistencia alimentaria (Diario Oficial de la Federación, 2014). Previamente, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se había iniciado desde el año 2009 el Programa Comedores Comunitarios, con el objetivo de:

“fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la alimentación con alternativas alimentarias, sanas, equilibradas y económicas, al alcance de cualquier habitante en el Distrito Federal” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014: 87).

El Programa Comedores Comunitarios de la Ciudad de México surgió de manera emergente tras la crisis económica del año 2008. Sin embargo, con la implementación del Programa Nacional México Sin Hambre, se impulsaron acuerdos para incorporar a ciertas localidades de la Ciudad de México a la versión federal de los comedores comunitarios (Secretaría de Desarrollo Social, 2014).

No obstante, los comedores comunitarios del programa federal han presentado diferentes problemáticas técnicas. Dentro de estas problemáticas se encuentran la imposición de un modelo cultural alimentario que no corresponde a las tradiciones culinarias de la gente que recibe los apoyos; la poca variabilidad de los ingredientes, alimentos y nutrientes (Figuras 5 y 6); la homogeneización de las comidas y las cantidades para la población de distintos rangos de edad o condición física (Figura 7), y la preparación en espacios poco adecuados (Hernández, Ochoa y Yaschine, 2015).


Figura 5. Múltiples raciones de carbohidratos en menú de comedor comunitario de la Ciudad de México (2016). Foto: Memo Bautista. Tomada de https://munchies.vice.com/es/article/ypxb3y/asi-funcionan-los-comedores-comunitarios-en-la-ciudad-de-mexico


Figura 7. Ausencia de vegetales y uso de soya en menú de un comedor comunitario de la Ciudad de México (2016). Foto: Memo Bautista. Tomada de https://munchies.vice.com/es/article/ypxb3y/asi-funcionan-los-comedores-comunitarios-en-la-ciudad-de-mexico

Así, se puede observar que estas cuestiones técnicas se deben al descuido de la dimensión cultural de la alimentación de las diferentes comunidades y poblaciones del país. Este descuido ha significado la omisión, por parte del gobierno, de los derechos culturales de los beneficiarios en su intento de lograr el objetivo de “erradicar el hambre”, lo que a su vez implica la violación a los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1948).


Figura 6. Ausencia de vegetales y uso de soya en menú de un comedor comunitario de la Ciudad de México (2016). Foto: Memo Bautista. Tomada de https://munchies.vice.com/es/article/ypxb3y/asi-funcionan-los-comedores-comunitarios-en-la-ciudad-de-mexico

En la medida en que las prácticas alimentarias son siempre prácticas culturales que tejen y reproducen diferentes sistemas de relaciones sociales (relaciones dentro de las cuales se ejercen tanto estrategias de dominación por parte del poder hegemónico como acciones de resistencia por los grupos que se encuentran en la esfera de la marginalidad y la exclusión), se vuelve necesario investigar qué tipo de relaciones se establecen en el contexto de estas políticas desde una postura que subraye la necesidad de incorporar la dimensión cultural dentro de las acciones que ejecuta el Estado. Reconociendo que en la implementación de las políticas alimentarias se generan espacios (como los comedores comunitarios) en donde conjuntamente entran en juego diferentes lógicas culturales, las nociones de interculturalidad y de derechos culturales (Etxeberria, 2001; Tubino, 2005) pueden incorporarse al enfoque de la antropología de la alimentación. Es dentro de este enfoque en donde se reconoce que la alimentación trasciende la mera satisfacción del acto de alimentarse y reproduce relaciones sociales y sistemas culturales propios de los grupos humanos (Garza, 2011a, 2011b; Good Eshelman y Corona de la Peña, 2011).

Para comprender las dinámicas que se establecen entre los actores sociales involucrados en la ejecución de las políticas alimentarias, son necesarias preguntas  como: ¿qué modelo cultural de alimentación se instituye en la práctica de estas políticas públicas?, más allá de la población objetivo que se establece en el papel ¿quiénes son las personas que en realidad asisten a estos comedores?, ¿qué condiciones sociales caracterizan a estas personas?, ¿cuál es el margen que tienen las personas para decidir si asistir o no a estos espacios?, ¿cómo es su alimentación los días que no asisten a los comedores?

Es en este sentido en el que, en el año 2016, en la mesa de discusión Comida, modernidad e historia culinaria: enfoques para la investigación realizada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, propusimos el desarrollo de proyectos de investigación encaminados a la caracterización de las relaciones sociales que se establecen entre el sector gobierno, los voluntarios y los beneficiarios de los comedores comunitarios del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal en las demarcaciones territoriales de esta ciudad. La presencia de la antropología en la investigación de estas políticas públicas resulta indispensable para conocer la historia de vida, el sistema cultural y los hábitos alimentarios de las personas beneficiarias, además de las relaciones que se establecen entre sus sistemas culturales y el modelo cultural que de manera intencional o inconsciente se impone desde el Estado. Asimismo, para la realización de este tipo de proyectos no sólo sería indispensable el análisis de los documentos y decretos que dan origen a los programas, sino, fundamentalmente, el de las acciones efectivas que se ejecutan desde los distintos programas públicos.

Finalmente, queremos destacar que, como investigadores de disciplinas antropológicas, una de nuestras labores es observar que dentro de las políticas públicas —sean de alimentación, salud, vivienda, educación u otras — se respete el derecho a la diversidad cultural. Es en el diálogo con los grupos excluidos en donde es probable que se encuentren las respuestas a cómo desarrollar políticas adecuadas para el beneficio real de las personas. Sin embargo, también es cierto que, para lograrlo, ellos, al igual que muchos de nosotros, deben de encontrar su propia voz y reconocerse como actores sociales capaces de transformar y transformarse con el mundo.

Además, el desarrollo de proyectos paralelos (como videos, documentales, talleres, mesas de discusión) puede servir como medio para comunicar la experiencia de las personas beneficiarias y de las distintas maneras en que son afectadas por estos programas. Este tipo de herramientas permiten escuchar las voces de las personas, visibilizarlas como actores y socializar su historia, cultura y dignidad humana en espacios diversos más allá del ámbito académico. Este tipo de ejercicios, que permiten el reconocimiento, participación y empoderamiento de personas con rostro e historia, que usualmente son invisibilizadas bajo la etiqueta de “población objetivo”, constituyen un reto fundamental para la investigación antropológica. Este reto, a nuestro parecer, es parte de nuestra labor, pues tenemos pendiente la sensibilización de los múltiples actores sociales involucrados en el desarrollo e implementación de las políticas públicas en nuestro país.

 

Referencias

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Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París. Recuperado el 10 de marzo de 2016, de http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

Arzate Salgado, Jorge, Trejo Sánchez, José Antonio y Arriaga Álvarez, Emilio (2009). Estructura institucional del bienestar en México. En J. Arzate Salgado, C. E. Massé Narváez y N. Arteaga Botello (coords.), Instituciones del bienestar y gestión de la precariedad. Una mirada interdisciplinaria (pp. 95-120). México: Universidad Autónoma del Estado de México - Miguel Ángel Porrúa.

Barquera, Simón, Rivera-Donmarco, Juan y Gasca-García, Alejandra (2001). Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. Salud pública de Mexico, 43(5), 464-477.

Boltvinik, Julio (2012). Pobreza, desarrollo y política social en México. Textos de Julio Boltvinik. (H. Barcelata, ed.) Málaga: Universidad de Málaga.

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Diario Oficial de la Federación. (30 de abril de 2014). Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. México. Recuperado el 5 de noviembre de 2015, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014

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Good Eshelman, Catharine y Corona de la Peña, Laura Elena (coords.) (2011). Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas. México, D. F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Hernández, Citlali, Ochoa, Sara y Yaschine, Iliana (2015). El programa de comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación. Documento de trabajo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo UNAM. México D. F. Recuperado el 12 de marzo de 2016, de http://www.pued.unam.mx/archivos/opinion/016.pdf

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Tubino, Fidel (2005). Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: más allá de la discriminación positiva. En N. Fuller (ed.), Interculturalidad y política. Desafíos y posibilidades (pp. 1-28). Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

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[1] El presente texto es producto de la conjunción de nuestras reflexiones presentadas en la mesa de discusión Comida, modernidad e historia culinaria: enfoques para la investigación, realizada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en marzo de 2016, a la que fuimos invitados gracias a la generosidad de la Dra. Rosa María Garza Marcué, a quien debemos nuestra incursión en temas de alimentación.

[2] En épocas recientes, los beneficiarios, pero sobre todo las beneficiarias, han participado en el monitoreo y evaluación de algunos de estos programas; sin embargo, esto ha detonado nuevas problemáticas al interior de las comunidades (cf. Vizcarra Bordi, 2009).

[3] El nombre cocinas de la pobreza fue propuesto por la Dra. Rosa María Garza Marcué, quien, dentro del Programa Nacional las Cocinas en México en la línea “Cocinas, identidad, patrimonio biocultural y procesos de patrimonialización”, exploró, junto con su equipo de colaboradores, la cuestión de la alimentación y la pobreza.

[4] La seguridad alimentaria se refiere a que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias para poder llevar una vida sana y activa.

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