Un atisbo al Norte Mexicano en este número

En la literatura antropológica, la sierra y el desierto de Chihuahua forman parte del área cultural oasis-aridoamericana que comprende el suroeste norteamericano y el norte mexicano, en la que los llamados indios pueblo han sabido adaptarse a los distintos nichos ecológicos de aquella región. Sus formas de producción, asentamiento, organización e ideología son manifestaciones de esa relación.

Empero, como pueblos indoamericanos, comparten con el resto de la población originaria una problemática común, a saber, la violencia propia del capitalismo que se extiende en el hemisferio desde el siglo XVI y que en la actualidad se intensifica a través de la explotación de su fuerza de trabajo y de los bienes naturales de la región, el despojo de tierras y territorio, la represión de sus movilizaciones y liderazgos, y el desprecio desde el clasismo racializado del que son –por decir lo menos- sujetos por parte de la oligarquía local, pero que también trasmina hacia las capas populares de la población mestiza.

Ante ese cúmulo de situaciones cabe preguntarse si en verdad los pueblos originarios de oasis-aridoamérica son sujetos de derecho pleno, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en su defecto, son tomados únicamente como parte de la población superflua que engrosa la marginalidad “destinada” al trabajo industrial en los campos agrícolas de la región, al turismo alienante en el país de los tarahumaras, a la migración forzada hacia los “polos de desarrollo” urbanos y maquileros, o al asistencialismo rampante que corroe el ámbito institucional integracionista.

De esto nos dan cuenta los colegas, a través de sus notas de antropología de lo jurídico en las que colocan casos emblemáticos y que en la actualidad dan algunas pistas para responder la pregunta inicial. Cabe mencionar que su investigación, convivencia y acompañamiento a los pueblos indígenas de la sierra y el desierto chihuahuenses los ha llevado a conocer de primera mano a la población de esta complicada región interétnica. Por eso, dejamos a la libre valoración del lector lo que aquí se trata respecto a lo que desde la perspectiva del sujeto étnico se considera “lo justo”; lo que aún en pleno siglo XXI pervive en las mentalidades mestizas con ontología colonial; y el registro de las formas jurídicas en las que los pueblos y comunidades serranas luchan por el derecho a “una vida afirmada y libre de violencia”, en tanto la violencia siga siendo expresada por múltiples canales, tanto estructurales como estructurantes donde fluye la negación del contexto de pluriculturalidad realmente existente.

En particular, se presentan tres situaciones de resistencia que al momento siguen su curso tanto en tribunales nacionales como en distintas arenas de la lucha social, y que involucran, en el caso de Nolo’orachi, a los rarámuri pagótuame de la Alta Tarahumara; en el caso de Choréachi, a los rarámuri cimarroni o gentiles de las profundas gargantas de la Baja Tarahumara; y a los wixáritari en el caso de la oposición a la venta del territorio sagrado conocido como Wirikuta.

En el primer artículo, Horacio Almanza y Víctor Villanueva muestran a grosso modo lo que ha sido la conformación sociohistórica y económica de la sierra de Chihuahua y que, en gran medida, ha colocado a los pueblos que le habitan en una situación de marginalidad y desplazamiento constantes; y sin embargo, persisten.[1]

En el segundo artículo, se presenta una aproximación cuidadosa a la cotidianidad de la vida jurídica de los rarámuri pagótuame habitantes de distintos pueblos serranos, cotidianidad que ha sido posible captar luego de años de investigación y convivencia que Kiriaki Orpinel y Víctor Martínez han mantenido con los rarámuri de la región. Este es un texto que goza de una aproximación emotiva e intersubjetiva, que enfatiza en situaciones microsociales captadas por los autores y tratadas a través de una metodología sincrónica; seguramente la terminología utilizada en sus líneas facilitará al lector la comprensión del fenómeno normativo y su vinculación con los ámbitos ideológico, ético-político y económico, en los que se soporta la validez y eficacia de la norma comunitaria en su ejecución, al momento de llamar al akarema (círculo de justicia) con la intención de devolver a la comunidad a su estadio de convivencialidad. Esto sin mayores pretensiones que mostrar la eficacia simbólica de la norma en comunidad, y la importancia de la misma en la formación de la personalidad de sus integrantes desde su edad temprana.[2]

 Posteriormente, Rafael Ortega muestra una de las formas que a la fecha también persiste: el discurso sobre la “blanquitud” extiende y fortalece las prácticas del clasismo racializado que pesa sobre los “indios” de la sierra de Chihuahua. Y es en el contexto de los proyectos de desarrollo instrumentados a través de los aparatos de Estado, donde se registra la forma como se incurre institucionalmente en lo que desde el activismo judicial se ha denominado “discriminación por no diferenciación”, esto es, muestra cómo se discrimina a los rarámuri del poblado de Nolo’orachi, al momento de ser proyectada por parte del gobierno estatal la construcción de una presa en Gomárachi –uno de los parajes de la zona- sin aplicar previamente una consulta a quienes serán directamente afectados.[3] De esta manera, y aunque el proyecto a la fecha haya sido detenido debido a complicaciones geológicas, el interés de los gobiernos y la población mestiza de la zona en el proyecto sigue presente. Aunado a ello, se encuentra el interés de empresas mineras por instalarse en la zona y aprovechar de manera directa el caudal de agua que se intenta controlar a través de la infraestructura hidráulica propuesta.

En el artículo siguiente, Almanza evidencia la complejidad del proceso histórico que han seguido los rarámuri cimarroni del poblado de Choréachi o Pino Gordo, en su determinación por obtener el reconocimiento del derecho que sobre las tierras y territorio –con énfasis en el cuidado del bosque- se demanda ante los distintos tribunales de la región. Sin embargo, este asunto es otro de los tantos que aún continúan desahogándose en instancias jurisdiccionales y de los cuales se espera pronta resolución administrativa.[4] De este caso en particular, en el presente número se anexa el peritaje antropológico integral elaborado por Víctor Villanueva (2012) solicitado por el juzgador de competencia y en el que se dictamina sobre la condición de comunidad indígena “de hecho” par que como parte del litigio le sea reconocida como sujeto “de derecho”.

Finalmente el caso presentado por Villanueva, acompañado de una reflexión que apunta indicaciones teórico-metodológicas, pretende una articulación transdisciplinar posible para el abordaje de la defensa cultural como forma de potenciar al litigio estratégico en materia de tierras y territorios de pueblos y comunidades originarias para el norte mexicano. Como sabemos, cuando estos pueblos y comunidades toman la decisión de transitar por el campo jurídico del derecho central para hacer valer el derecho que les corresponde, se someten a una lógica de la cual es difícil exigir una pronta y expedita solución a sus demandas; sin embargo, esta determinación ha permitido que especialistas en distintos ámbitos de la vida académica volquemos nuestros saberes y conocimiento en el acompañamiento a las luchas de estas comunidades, lo cual a su vez, ha propiciado una mayor y mejor aproximación a las características del multiculturalismo realmente existente en el seno de las sociedades “nacionales”.[5]


Isidro Baldenegro López con ancianos de la comunidad Tarahumara. Fuente: www.goldmanprize.org

Los artículos que integran este número monográfico, sólo representan algunas de las situaciones político-jurídicas concretas en las que los colegas han participado aplicando el conocimiento antropológico ante tribunales y como etnógrafos, y son pálidas pinceladas de lo que es en realidad la complejidad de la vida y problemática sociocultural, política y económica con la que se enfrentan diariamente en el norte de México. Cúmulo de situaciones que en fechas recientes ha desbordado con el asesinato de Víctor Carrillo Carrillo, Elpidio Torres Molina, Valentín Carrillo Palma y más recientemente de Isidro Baldenegro López, todos de origen rarámuri y del poblado multiétnico Coloradas de la Virgen,[6] municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, así como del compañero Juan Ontiveros Ramos, del poblado de Choréachi, y entre quienes Isidro Baldenegro fue reconocido como un destacado luchador social en defensa del bosque y a quien en el año de 2005 le fuera otorgado el premio ambiental Goldman por su participación comunitaria ante la deforestación clandestina, cobijada por el cacicazgo y el crimen organizado en la región.

Baldenegro, al igual que otros líderes rarámuri de la región, fue hostigado y perseguido hasta que se vio en la necesidad del exilio comunitario dado el peligro que corrió su vida como activista. En el año de 2003, junto al comunero Domingo Rivas Carrillo, fue encarcelado por el supuesto delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud, situación que llevó a que la defensa ofreciera ante las instancias jurisdiccionales un peritaje antropológico en el que se dictaminara lo siguiente (Causa Penal 111/03, foja 121):

  1. Se dictamine a qué etnia pertenecen los procesados…
  2. Se dictamine a qué comunidad pertenecen los procesados…
  3. Se dictamine qué lengua hablan los procesados…
  4. Se dictamine cuáles son los usos y costumbres propios de la etnia a que pertenecen los procesados.
  5. Se dictamine si los procesados practican los usos y costumbres propios de la etnia a la que pertenecen.
  6. Se dictamine si es práctica propia de la cultura rarámuri el uso de armas de fuego.
  7. Se dictamine si es práctica propia de la cultura rarámuri la siembre y cultivo de la marihuana.

Peritaje que a solicitud del juzgador quedó a cargo del Mtro. Augusto Urteaga, en el que se dictaminó lo que sigue, consiguiendo con ello la excarcelación de los procesados (Causa Penal 111/03, fojas 365 a la 369):

 

Ambos indiciados pertenecen a la etnia o grupo indígena rarámuri o tarahumar […]

Ambos radican y pertenecen al pueblo cabecera de Coloradas de la Virgen […]

Isidro Baldenegro López tiene como lengua materna el rarámuri […] Domingo Rivas Carrillo pasó su niñez aprendiendo del tarahumar y del tepehuano […]

Como posesionarios, al igual que los ejidatarios, utilizan parcelas para cultivar el maíz y el frijol […] Además, tienen algún ganado menor, aves de corral y huertos familiares en donde siembran hortalizas y recolectan quelites para el consumo familiar […] Al igual que otros habitantes mayoritariamente indígenas participan en la organización de las fiestas tradicionales y en el mantenimiento del orden comunitario del que forman parte diversas rancherías y parajes localizados en los territorios mencionados. Organizan y son invitados a participar en los yumare (ritual rarámuri realizado con música, canto y baile, con la finalidad de pedir y orar por lluvias para sus cultivos de autosubsistencia o de agradecimiento por las cosechas obtenidas); participan en los matachines que son grupos de danzantes y músicos vestidos ad-hoc según la costumbre para celebrar a Dios por la llegada de un infante, de una buena cosecha, celebrar a la Santa Patrona, o celebrar el cambio de mando de las autoridades tradicionales (el gobernador indígena y su cuerpo de “empleados” nombrados por consenso comunitario). En estas celebridades se suele sacrificar algún ganado y aves de corral, animales silvestres (paloma, ardilla de bosque, venado), preferentemente de color blanco, para preparar comida (tónare) para todos y confeccionar tesgüino (batari) que son entregados al Capitán General (nirrali) para que los distribuya organizadamente entre las autoridades indígenas y los principales o de mayor rango social. Todas estas celebraciones y actividades están vigiladas por las autoridades tradicionales, los “fiesteros” elegidos para la ocasión y por las comisiones o equipos (tenanches) para atender a los niños y niñas pequeños así como a los ancianos. Los infractores son castigados severamente y en público.

En lo que se refiere al orden comunitario: se realiza “La Junta” de vecinos y autoridades los domingos de acuerdo a la convocatoria verbal que emiten las autoridades tradicionales. Pueden ser semanal, quincenal o mensual. En todas las ocasiones se considera como el lugar de costumbre, el pueblo llamado Coloradas de la Virgen, en el sitio adyacente al Templo de la localidad que está bajo la advocación de la Virgen de Loreto […]

En los juicios públicos, que transcurren en las Juntas […]

Ambos procesados dicen compartir y practicar cabalmente los usos y costumbres que me fueron relatados por ellos mismos y que yo mismo he observado durante mis vistas en años anteriores al mencionado pueblo de Coloradas de la Virgen. Es más, el padre de isidro Baldenegro, el asesinado Julio Baldenegro, así como otros familiares fueron y son autoridades de dichos ejidos y comunidad […]

Desde que aparecieron los asesinatos y los actos de violencia armada, las armas son utilizadas como prevención […]

Isidro Baldenegro López y Domingo Rivas Carrillo están convencidos de que su detención se debe a múltiples factores, pero están claros en que uno es el principal: su oposición a la forma en que es explotado el bosque rico y maduro del ejido Coloradas, oposición que es compartida por muchos ejidatarios, posesionarios y comuneros del territorio al que ya hicimos referencia […]

Isidro Baldenegro dice que tenía 8 años cuando conoció la planta y la flor de la amapola (que desde siempre se ha cultivado en la región en donde habita pero no en su forma actual, es decir, comercialmente para extraer heroína) y que desde finales de los años 80 empezó el cultivo de marihuana en gran escala por parte de  habitantes fuereños (llamados chabichi o mestizos) avecindados en el lugar.

 
Fuente: www.goldmanprize.org

Al igual que en los casos de Mala Noche, Madera de la Capilla, Choréachi, Mogótavo, Repechique, Wetosachi, La Laguna, Recowata, Bakéachi, entre otros poblados de la sierra de Chihuahua, en los que sus comunidades han decidido impugnar al derecho positivo, a fin de que les sea reconocido plenamente como sujetos de derecho en cuanto a la propiedad sobre las tierras y territorio que han habitado desde épocas a prioras a la constitución del Estado burgués, el hostigamiento y la represión a sus legítimos líderes ha generado el pronunciamiento de altas instancias internacionales como la OEA, la ONU o Amnistía Internacional, y sin embargo, la desaparición y el asesinato continúan ocurriendo.

En ese sentido, la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara[7] en la que se agrupan asociaciones de la sociedad civil y comunidades como la del poblado de Coloradas de la Virgen y Choréachi, no sólo ha hecho manifiesta aquella situación ante la jurisdicción nacional, sino que también han acudido a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el clima de inseguridad e impunidad al que se enfrentan los y las defensoras de los derechos humanos (indígenas y mestizos) en la lucha por el reconocimiento de los derechos agrarios y colectivos de los pueblos y comunidades de la región. Sin embargo, como es el caso de las comunidades de pueblos amerindios que acuden a la CIDH en el marco de la fase actual del capitalismo transnacional y su crisis estructural, se enfrentan con la limitante que la dinámica misma de esa crisis y reacomodo le ha impuesto desde el año 2015 a dicha instancia, al recortarle su presupuesto global para destinarlo a otras actividades: [8]

No es que no haya fondos, es que los Estados de la OEA han decidido que, de su presupuesto general, sólo el 6% se destina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así, para el periodo fiscal 2015, la Asamblea General de la OEA aprobó un presupuesto a la CIDH de $5,427.900, del cual $4,455.100 son gastos de personal y $972.800, operacionales. Se trata de una decisión deliberada. Los Estados saben que la única manera de mantener silenciado al organismo que crearon para vigilarlos es asfixiándolo financieramente (Salazar, 2016: 2).

El control financiero de las instancias interamericanas para la procuración de la justicia es, al igual que la reforma al corpus legislativo nacional y local en materia de liberalización de la propiedad y fondos públicos y la desregulación del mercado de energéticos y laboral, uno de los indicios de que el aparato jurídico no es un ente autónomo desde el cual la producción normativa obedezca a dinámicas propias de su existencia: por el contrario, ello hace evidente que las formas político-jurídica e ideológica se concatenan con el modo de producción económico, al demostrase una vez más que: [9]

Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastrueca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastrocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastrocamiento material de las condiciones económicas de producción, fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, dentro de las cuales, los hombres toman conciencia de este conflicto y lo dirimen (Marx, 1980: 5)

En ello, los luchadores sociales tienen la oportunidad de tomar un referente global útil para su resistencia local ante la necropolítica. En este orden de ideas es que, recordando a Isidro Baldenegro López y sus compañeros, queremos honrar la memoria de todas aquellas personas defensoras de los derechos de los pueblos y comunidades originarios y su patrimonio biocultural, acaecidos en fechas recientes particularmente en México y América Latina.

 

[1]  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=O8nzADjoi5U

[2]  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=9Wc06vupC8g

[3]  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=I6Lql4upCXM

[4]  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=1ZwExt4T8uU

[5]  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=pTIeiz1wADk

[6]  Multiétnico en el sentido de ser un poblado en el que su comunidad queda integrada por población que se identifica como rarámuri o tarahumar, ódhami o tepehuan del norte, y mestiza serrana.

[7]  Véase: http://es.defensatarahumara.org/

[8]  Véase: http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/la-agonia-la-cidh?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork

[9]  Véase: Karl Marx (1980) Contribución a la crítica de la economía política, México: Ed. Siglo XXI.

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