Ayotzinapa y la cotidianidad violenta

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El 27 de septiembre del año pasado se me informó que un grupo de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero había sido atacado por unos policías municipales; algunos de esos estudiantes habían muerto y la mayoría se hallaba desaparecida.

Inmediatamente pensé: “Se trata de una masacre más. Y como de costumbre, no pasará nada. Quizá haya algunas protestas por los jóvenes desaparecidos, que pronto se hundiría en las arenas del olvido”. Por fortuna, me equivoqué rotundamente. Lo acontecido en Ayotzinapa el año pasado ha sido una coyuntura que marca un despertar, la creciente compulsividad en la lucha por una auténtica democracia, la necesidad apremiante y perentoria de que los mexicanos y todos los que residen en el país (o casi todos, ya que una buena parte de esta población es parte del problema y no de la solución) nos aprestamos a ser protagonistas en un combate por la seguridad, por la decencia, y, desde luego, por la democracia.

Ayotzinapa marca los límites de un apesadumbrado conformismo y una supina ignorancia. Ahora hemos arribado al bosque incendiado del hartazgo. Estamos hartos de la pobreza, de la corrupción, de la delincuencia, de la explotación, de la discriminación, del sexismo, la oligofrenia y de funcionarios públicos rufianescos.

Pero, ¿A qué se debía mi escepticismo? Tenía una razón de ser: En todo el siglo XX y lo que va del XXI ha habido una multitud de Ayotzinapas, y no poca gente recuerda varios de ellos: Tlatelolco, Acteal, El Charco, Aguas Blancas. Sin embargo, muchos de los grupos poderosos que se han beneficiado con estas oleadas sangrientas han logrado que muchas de ellas sean borradas de la memoria histórica y debilitadas en la memoria colectiva. Hace algunos años dos importantes pensadores, Carlos Monsiváis y Manuel Aguilar Mora, escribieron un sagaz artículo en la revista Siempre! titulado La matanza olvidada. Carlos y Manuel se referían a una brutal ofensiva de las “fuerzas del orden” en contra de una muchedumbre compuesta fundamentalmente de campesinos que protestaban contra un fraude electoral cometido en perjuicio del candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán en el año 1952 (al parecer, dado el control oficial de los procesos electorales, el candidato favorecido por el aparato gubernamental, Adolfo Ruiz Cortines, efectivamente resultó vencedor, pero las prácticas fraudulentas en el proceso se caracterizaron por su abundancia). Muchos henriquistas fueron asesinados y otros sufrieron prisión.

La elite proempresarial que tomó el poder en 1917 dejó ver su atroz rostro de Mr. Hyde al tratar de eliminar a la oposición: El Carrancismo se distinguió por la victimización excesiva de campesinos zapatistas y por los incendios de los pueblos de los labriegos (el infame asesinato de Emiliano Zapata, ese heroico redentor suriano, fue la expresión simbólica de todo un genocidio en contra de hombres y mujeres que luchaban por su emancipación).

Quien abate al carrancismo, Álvaro Obregón, declaró: “En este país, sí Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín”. Y poseído de una furia cainita, encontró  Abeles por todos lados y los mandaba exterminar. Su antiguo compinche, Plutarco Elías Calles, aficionado también a los festivales abundantes de balas, no desaprovechó ocasión para deshacerse de sus adversarios, incluso los de tipo más inocuo. El afamado investigador Manuel Gamio, considerado por muchas personas como el “Padre de la Antropología Mexicana”, caracterizaba así al régimen callista:

“… la charca del cieno donde todavía flotan la sangre de tantos crímenes (sic, el verbo debería ser en singular, FJG), la vergüenza de vicios degradantes y el oprobio de mil latrocinios que caracterizaron el período callista”. (Vázquez León, 2014: 160).

¿Fue una sorpresa que la “charca del cieno” casi desapareciera en el periodo de 1934 a 1940, cuando disminuyeron drásticamente los asesinatos políticos, no se enclaustró a presos políticos, retornaron al país muchos exiliados (aunque se desterró al sátrapa Calles y a varios de sus adláteres) y cesó la persecución religiosa (aunque no faltan los tergiversadores de la historia que proclaman la existencia de una “segunda persecución” en esa época)?

El retroceso de la violencia en esa era se atribuye a una especie de “Mesías”, el General Lázaro Cárdenas. Conocí a este divisionario en los últimos años de su fructífera vida, y no tengo duda de su amor por el pueblo. Pero las conquistas sociales que se dieron en su periodo presidencial no son primordialmente la obra de un  hombre providencial, sino resultado de múltiples luchas llevadas a cabo por sectores populares, sobre todo a partir de los años treinta, luchas que se expresaron en defensa de la propiedad social y comunal, toma de tierras, combates contra el latifundismo, huelgas, fundación de organizaciones populares independientes del Estado (que en gran parte se nulificaron en el propio periodo cardenista), repunte de los grupos de izquierda (lo que deviene en su contrario al final del cardenismo, etc.).

Pero es indudable que la violencia ha sido un mal ya muy añejo en nuestro país; no me voy a referir aquí a sus protuberantes expresiones en épocas antecesoras a los dos últimos siglos; sólo atenderé a lo que pasa en estos. Por supuesto, la violencia es atribuida por racistas y antimexicanos a nuestro acervo genético, pero las causas reales residen en estructuraciones de sistemas sociales basadas en la explotación económica, la enajenación ideológica, el despotismo político y la opresión cultural.

Un ejemplo de ello (nada excepcional, por cierto) lo proporcionó la antropóloga francesa Veronique Flanet, en su libro con un título significativo: Viviré si Dios quiere, basado en una investigación en Jamiltepec, en la costa de Oaxaca, habitada por el grupo étnico mixteco, conviviendo con mestizos y afrodescendientes, Flanet describe la violencia en esa región, y muestra sus orígenes en las culturas tradicionales y su incremento por la aparición de un capitalismo tardío y subdesarrollado. La investigadora afirmaba en ese texto que hay que tomar en cuenta que en México “se mata fácilmente” (p. 125).

Flanet escribió a principios de los setentas del siglo pasado, cuando todavía no estaba en auge la delincuencia  organizada, como lo está hoy en el país y particularmente en Guerrero. (El libro fue mal recibido y se trató de prohibir su edición); Flanet afirmaba que los jóvenes huían del pueblo para escapar de la violencia (Flanet, 1977: 220).

En muchas regiones de México se presenta con poderosa presencia lo que Marx llamó Acumulación originaria de capital, que consiste en un proceso para formar capital mediante métodos y mecanismos extracapitalistas, tales como: la disociación  de los productores de sus medios de producción, el despojo de tierras de los campesinos y de los talleres a los artesanos, el ataque a las propiedades sociales y comunales, el saqueo de las arcas públicas, el caciquismo, la piratería y otros métodos semejantes, en los cuales casi siempre se da la corrupción y con ello se abren las puertas a la delincuencia; hoy, todo ello aunado a la explotación capitalista “moderna”. Guerrero es uno de los escenarios pesadillescos de ese proceso.

 

Rezago y modernización en Guerrero

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación, Guerrero, fue la segunda entidad federativa con la mayor proporción de población en pobreza alimentaria en 2010, o sea, con pobreza extrema (38.4 por ciento). Solo Chiapas está en peores condiciones (48.6 por ciento). Sin acceso a los servicios de salud, 46.7 por ciento de la población. El nivel promedio de escolaridad es de 7.5 años, inferior al promedio nacional (8.9 años), con un alto índice de analfabetismo, 14.5 por ciento, cuando el total nacional es de 6.1 por ciento. Y en relación a estos datos, la investigadora Ana María Aragonés escribe:

“Y sin embargo, posee enormes recursos naturales, una importantísima actividad turística y una costa que debería servir de sustento alimentario suficiente para la población con los productos pesqueros. De hecho, la propia delegación federal en Guerrero señalaba que el estado para el año 2013 tenía importantes sectores estratégicos, como la agroindustria (incluyendo la pesca), el turismo y la minería. ¿Dónde está el problema?” [2]

La misma investigadora informa que la intensidad migratoria en Guerrero pasó de un décimo lugar en el año 2000 al séptimo lugar en el año 2010 en el contexto nacional.

Me parece que Aragonés acierta cuando postula que “Los dolores de Guerrero son los del país”, y es ahí donde podemos hurgar en las raíces del problema. Si así es, hay que caracterizar al problema y esto se origina en lo que Ana María señala: Por un lado, la existencia de una zona que el geógrafo Ángel Bassols llamaría infrasubdesarrollada, y por otro, la existencia pletórica de un conjunto de bienes y riquezas naturales, epicentros destinados a ser emporios industriales, asentamientos en donde se puede desarrollar una agricultura tipo farmer, y flujos turísticos importantes. Y la puerta abierta también a la delincuencia común y la organizada con su cumulo de drogas, secuestros, extorciones, etc.  Guerrero es, un escenario privilegiado para las corporaciones transnacionales, y por el otro, para la delincuencia. Previamente, el estado ha sido un lugar donde han proliferado los caciques y caudillos regionales, los intermediarios que explotan a campesinos e indígenas, los neolatifundistas y los comisarios ejidales que en realidad no han sido más que  agentes de la dominación de los grupos hegemónicos. Todo este panorama de atraso cuasi decimonónico alterado hoy por una modernización arrolladora y salvaje.

A la violencia de arriba se ha contestado no pocas veces con la proveniente de abajo, y Guerrero ha sido un sitio plagado de vendettas, lucha contra los poderosos, agrupaciones guerrilleras. Y mucho de la violencia de algunos grupos previamente adversos a la violencia se ha dado porque las vías pacíficas y legales para la resolución de los problemas no han existido.

 

La noche de Ayotzinapa

No tengo aquí espacio para referirme a todas las luchas que el pueblo guerrerense ha llevado a cabo a través de la historia (por ejemplo, la gesta de los zapatistas  guerrerenses en la revolución iniciada en 1910). Debido precisamente al impulso revolucionario, en casi toda la república mexicana, de 1910 a 1940, se efectuaron grandes campañas educativas con objeto de aportar conocimientos en diversas ramas científicas a grupos otrora marginados en esos terrenos, como los campesinos e indígenas. Una expresión de ello  fue la creación de las normales rurales, centros escolares para la formación de maestros que impartían sus conocimientos a comunidades indígenas y campesinas a efecto de procurar su progreso y su modernización. Al igual que otras instituciones de la época, como los internados indígenas y las misiones culturales, se distinguieron por su carácter politizador y progresivo, lo que desde un principio les causó el rechazo de grupos conservadores y de las clases sociales “a las que había hecho justicia” la revolución, las que crecían en poderío y riqueza a medida que se desarrollaba el capitalismo en el país.

El analista Simón Vargas, refiriéndose a estas escuelas, expone lo siguiente: “Posteriormente (a las normales, FJG) se les catalogó como semillero de guerrilleros y los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) -organización estudiantil que desde su fundación en 1935 se ha encargado de la defensa de las normales rurales, frente a las continuas amenazas de desaparición por algunos niveles de gobierno y de elites sociales- han sido víctima de persecución, sobre todo después de su activa participación en el movimiento estudiantil de 1968 (en mi opinión, en ese movimiento no hubo importante participación de contingentes normalistas rurales; lo que si se dio fueron importantes actos de solidaridad de ellos en varios puntos del país; varios de ellos fueron fuertemente reprimidos. En realidad, la ofensiva contra las normales rurales ya había cobrado relieve antes de 1968 debido a su carácter progresista).

Actualmente siguen en función 17 normales rurales – de las 29 que llegaron a ser antes del 68…” (Vargas Aguilar, 2015, pp. 3).

Las normales rurales sobrevivientes se han radicalizado, ya que su personal académico y administrativo pasó de las filas del llamado “nacionalismo revolucionario” (un progresismo no antisistémico) a diversas posiciones de izquierda (marxismo, maoísmo, guevarismo, posiciones ácratas, etc.),  lo cual les provoca mayor repudio de las clases hegemónicas.

Es de destacar también el hecho de que en Guerrero se ha tratado de imponer ofensivas populares armadas para contrarrestar la violencia y opresión de los grupos poderosos en el estado. En particular, en los años sesentas y setentas se formaron asociaciones guerrilleras en las que sobresalieron caudillos como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La respuesta del Estado fue abrumadora y terrible. En 1971 la Secretaria de la Defensa ordenó el exterminio de los “maleantes” y las “gavillas” (así se llamaba a los guerrilleros). Militares y policías recurrieron a fuertes medidas de represión, bloquearon carreteras y caminos, ejercieron un control riguroso en las poblaciones, impidieron el acceso de víveres a poblaciones sospechosas con vinculaciones con la guerrerilla, ejercieron la tortura contra los alzados en armas o a quien se suponía ligados a ellos, y una Comisión de la verdad formada en 2012 a petición de familiares de víctimas de la “Guerra Sucia” pudo comprobar la desaparición de cuando menos 512 personas en el estado entre 1969 y 1985. Pero los informantes de la Comisión se refirieron a un número mucho mayor de hombres y mujeres asesinados o desaparecidos. En particular, se efectuaron con frecuencia los llamados “vuelos de la muerte”, cuando las víctimas se arrojaban al mar, tal como sucedió bajo las dictaduras militares en América del Sur.

Margarito Monroy Candía, mecánico de aviones, participó en 15 de esos vuelos. En su testimonio ha expresado lo siguiente:

“señala (es la Comisión la que expone el testimonio, (FJG) que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo (con los militares) al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso (las devolverían) a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera las liberaron”[3]

La rebelión guerrillera fue mucho más fuerte de lo que se supone, y por ello la represión en su contra fue notoriamente poderosa y utilizando toda clase de recursos contra ella. Varios militares se unieron a la guerrilla como lo ha informado la propia Secretaria de la Defensa y además la sublevación empezó a tener un carácter multiclasista.

En el estado subsisten grupos guerrilleros que están por decirlo así en estado larvado, pero que se fortalecerán si sigue la crisis económica y social del país. Lo grave es que los añejos males del estado se han amplificado porque nunca han sido erradicados y ahora se adicionan con los nuevos males: la expropiación de bienes y recursos naturales por las compañías transnacionales, el despojo a campesinos e indígenas, el combate a la biodiversidad o su aprovechamiento mercantil y la abolición de las escasas conquistas sociales.

En este marco los estudiantes normalistas decidieron combatir esos viejos y nuevos males y lo hicieron con un activismo político radical pero de carácter pacífico.  Sin embargo, el carácter de su movimiento se ha distinguido por su independencia del Estado y su confrontación con éste, por lo cual se hacían proclives a una fuerte represión, máxime tomando en cuenta que los normalistas no son miembros de una izquierda domesticada que sirve como hoja de parra al gobierno mexicano. Siendo así las cosas, con toda seguridad los 43 normalistas desaparecidos han sido víctimas de una esclavización o, en el peor de los casos, de un homicidio colectivo.

Sin embargo, Ayotzinapa fue la gota que colmó el vaso y puso al desnudo el carácter antidemocrático y autoritario del Estado en este país.  En aquella noche del 26 de septiembre los jóvenes normalistas fueron víctimas de una emboscada en la que intervinieron tanto policías municipales como federales, y se cree que también miembros del ejército. Un suceso así demuestra lo endeble y asténico de la llamada democracia mexicana, ya que el Estado debería apoyarse en el consenso de la población y no en la fuerza de las armas.

Aquella noche fatídica ha tenido repercusión internacional y ha sido uno de los engranes de una maquinaria impugnadora que los explotados y excluidos del mundo han puesto en marcha. Protestar por Ayotzinapa ha sido protestar por todos los crímenes que asolan al planeta, vituperar a los criminales sedientos de sangre, injuriar a la maldad de los malos gobernantes a impugnar un sistema social que tiene como meta básica el lucro mercantil y no al ser humano.

No está de más recordar a Maquiavelo cuando declara en su famoso libro El Príncipe: “pero se ha de procurar por todos los medios no incurrir en el odio y el desprecio del pueblo”[4] (Maquiavelo, 2000: 19).               

 

Bibliografía

Vázquez León, Luis, Historia de la Etnología, Primer Círculo, México, 2014, p.160.

Flanet Veronique, Viviré si Dios quiere, Instituto Nacional Indigenista, México, 1977, p.220.

Vargas Aguilar Simón, “Escuelas Normales Rurales, agentes de cambio y desarrollo” en Patria Nueva, México, Febrero 2015, p.3.

Maquiavelo Nicolás, El Príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p.19.

 

[1] Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH

[2]  Ana María Aragonés, “Los dolores de Guerrero, son los del país”, La Jornada, 19 de Febrero del 2013.

[3] El País, 15 de Noviembre 2014.

[4] Se recomienda leer también El Principito, Antoine De Saint-Exupéry.

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