Editorial 44: De profesores, plagios y olimpiadas

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Un escándalo y un conflicto vienen ocupando la atención del país, tomando preeminencia sobre el panorama de ruina causado por la marejada destructiva del neoliberalismo desde hace ya tres décadas. El escándalo tiene que ver con las instituciones educativas de nivel superior, tomando en cuenta que los plagiadores de tesis se encuentran en incremento en diversas instituciones. La Universidad Panamericana, fundada y dirigida por el Opus Dei, presume como uno de sus principios rectores la: «Búsqueda de la verdad con rigor científico.» El destape de un plagio de una tesis de derecho en dicho claustro de estudio, ha causado conmoción política e intelectual. Todo indica que hay tesis que más que “de derecho” deberían llamarse “de torcido"... Frente a este hecho categórico, los discípulos de Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, al frente de la Universidad, se hacen de la vista gorda para no lastimar más al alicaído presidente de la República, antes de proceder éticamente, anulando el título. Han dejado ir una oportunidad para dignificar a su institución.

Este hecho que se ha intentado minimizar con ocurrencias como la de aducir “errores tipográficos” y “estilos”, es simplemente una excrecencia educativa y política, que ahora se suma a una crisis social ya exacerbada por la imposición de un proyecto de ajuste laboral mediente el control y castigo a los maestros de educación elemental. Ese proyecto, presentado como “reforma educativa”, provocó el enfrentamiento del gobierno del PRI con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. Y tal reforma, insustancial hasta el momento en lo propiamente educativo, es parte –quizá el broche de oro- de la metódica destrucción de la cultura, la ciencia y la educación públicas emprendida por la clase política mexicana y la oligarquía criolla y transnacional, con base en los acuerdos y tratados que entregan las riquezas de nuestro país al capital globalizador.


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Se trata de la reforma estructural que ha logrado provocar la más profunda, amplia y duradera oposición, encabezada en este caso por el gremio magisterial, pero con el respaldo de muchos grupos e individuos de la sociedad, en especial de grupos, organizaciones y comunidades indígenas en los estados de Michoacán, Oaxaca, y Chiapas, pero también en otras entidades y en la misma Ciudad de México, donde se emprendieron acciones de cierre de vialidades en comunidades de pueblos originarios y en las delegaciones como Iztacalco, Iztapalapa, así como en el centro histórico (Tepito).

La soberbia y el desprecio del gobierno priísta respecto a la opinión de los afectados y afectables directa e indirectamente; la incapacidad de hacer política; la ignorancia acerca de la profundidad histórica de las raíces de la disidencia magisterial y de las alianzas que esta nueva generación de dirigentes ha consolidado desde los eventos de la APPO en Oaxaca, desatados luego de una represión brutal contra el magisterio de la Sección 22, han sido factores mal calculados por los impulsores de tal reforma; todo ello desestabiliza a los funcionarios gubernamentales y propicia que pierdan la iniciativa. Por otra parte, el asedio mediático no fue suficiente para doblegar la decisión de los disidentes ni para persuadir a capas populares de la ciudadanía para que retirasen su apoyo a la CNTE.

La perseverancia de ésta y su insistencia fundamentada de que la reforma no es educativa sino laboral, cala en sectores de los maestros que no pertenecen a la disidencia; algunos de ellos ya pasaron por las evaluaciones y confirman en carne propia que no están relacionadas con aspectos educativos, sino con la permanencia en el trabajo. No preocupa en ese marco la educación como referente, sino el control político. Ello provocó, por ejemplo, el involucramiento en la respuesta a dicha imposición por parte de maestros y maestras de educación pública en el norte del país, hecho que algunos comentaristas políticos consideran insólito, uniéndose a las protestas de la disidencia magisterial y saliendo a la calle acompañados de padres y madres de familia.

La cruenta represión acontecida en Nochixtlán indica a su vez cómo la CNTE convoca solidaridad popular y, asimismo, cómo el gobierno federal, ajeno a la población en tantos sentidos, no tiene idea mínima de esa dinámica y reprime salvajemente a quienes considera integrantes de la Coordinadora.

En la reconstrucción de la masacre de Nochixtlán se identifica la participación de las fuerzas represivas “civiles” del Estado, como la Gendarmería, la Policía Federal Preventiva, la policía de la entidad oaxaqueña, y también de fuerzas represoras de carácter paramilitar a través de caciques priístas asociados al represor exgobernador Ulises Ruiz. Una situación que debido a la ceguera del gobierno federal resultó en el asesinato de 11 personas que actuaron prácticamente como defensoras de su territorio ante un ejército invasor.

Como lo plantea Magdalena Gómez, “sin justicia en Ayotzinapa llegó Nochixtlán”. Y es que son casos que se asemejan en cuanto que el gobierno reprime a opositores ubicados justamente en el ámbito de la educación pública, en comunidades indígenas localizadas en geografías violentas y mediante un operativo policiaco militar desproporcionado a la dimensión real de la situación.  Pero además, se asemejan porque ponen de relieve los mecanismos de desinformación mediática y el carácter progresivo de una espiral de conflictos evitables con una misma raíz.

La masacre de Nochixtlán hizo que la reforma “educativa” suscitase más atención y análisis de la opinión pública, lo que revela no sólo el carácter controlador y represivo de la reforma, sino sus debilidades académicas y operativas.  Incluso los padrinos de la reforma, alojados en el ultraconservador “Mexicanos Primero” piden que se “perfeccione” su engendro. La SEP, una vez desplazada de las negociaciones con la CNTE, no tiene más remedio que admitir las críticas y procede a emprender “mejoras” a la reforma, mediante un fársico proceso con el SNTE.

La rebeldía de la Coordinadora se ha diseminado a otros ámbitos ciudadanos y populares, y poniendo los reflectores en las otras reformas estructurales que nada valioso han aportado a las mayorías mexicanas. En la medida en que se demuestra el verdadero carácter de la reforma laboral referida, principalmente a través de los medios independientes y las redes sociales, cuya difusión ha repercutido internacionalmente, la posición de la disidencia magisterial se fortalece y su ejemplo anima a otros sectores lesionados por el neoliberalismo a irrumpir con sus demandas en el escenario nacional y con la proximidad de la amenaza de la puesta en función de otras reformas más, como la de salud pública.

Se trata de un escenario nacional en el que, al parecer –y probablemente debido al colapso electoral del PRI y de todo el sistema de partidos en las recién pasadas elecciones–, se adelanta la pugna por la sucesión presidencial y complica las posibilidades de los precandidatos oficiales.

El gobierno federal ofrecerá lo menos posible y tratará de minar a la CNTE, que hasta el momento ha negociado con fuerza y razón, recurriendo a movilizaciones multitudinarias, y haciendo patente el respaldo concitado, a través del bloqueo de vías de comunicación terrestres (recordándonos al movimiento piquetero argentino). Los apoyos obtenidos por la disidencia magisterial provienen de la izquierda social, de la izquierda electoral, de organizaciones independientes, personalidades y ciudadanía, así como de pueblos y regiones indígenas, muy destacadamente de la zona zapatista chiapaneca. No debe perderse de vista la reactivación del caso Ayotzinapa en el segundo aniversario de la represión, ni los asesinatos y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Debe tomarse en cuenta también el destrozo que la agresión del gobierno federal provocó y produjo en la región de Nochixtlán, cuyos habitantes se niegan a ser tratados como “daño colateral” del conflicto y tienen reclamos contra la misma disidencia magisterial y, en mucha mayor medida, contra el gobierno federal. Lo que se escucha en las voces de nochixtlecas y nochixtlecos es la expresión de una ciudadanía originaria en poder de su identidad y su territorio, curtida por tanta injusticia y soberbia del capitalismo salvaje y que, como reacción creativa a la agresión asesina y racista, decide conformar su gobierno autónomo.

 

Otra faceta

Si la sistemática destrucción de la educación pública y la cultura que los gobiernos neoliberales han ejecutado en México durante los últimos decenios, presenta su cara más dramática con el conflicto suscitado por la imposición de la reforma educativa a los docentes del sistema de enseñanza elemental, abarca sin embargo a todo el sistema de educación pública, incluyendo los ámbitos de la educación superior y sus tareas sustantivas: docencia, investigación, extensión de los conocimientos generados y difusión de la cultura y el arte.

Los  sucesivos gobiernos neoliberales han reducido constantemente los presupuestos para la educación pública superior y media superior, y etiquetan y condicionan su entrega mediante una normatividad que limita las actividades de las instituciones, y por medio de una casta de funcionarios que responden inequívocamente a los criterios impuestos desde fuera de las instituciones por las burocracias, la clase política, los empresarios y/o por todos ellos de manera articulada.


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El INAH reviste una situación especial, por cuanto sus escuelas profesionales no sólo enfrentan las condiciones comunes a las universidades públicas, y sus centros de investigación padecen las limitaciones de otros similares, sino también por las atribuciones que la Constitución, que en su artículo 4º reconoce por fin la composición pluricultural del país. Este artículo constitucional amplía y enriquece la noción de patrimonio cultural, al establecer que el Estado debe defender, proteger y promover el desarrollo de culturas, lenguas, recursos y formas específicas de organización de los pueblos indígenas, lo cual lleva a una noción nueva de patrimonio cultural nacional[1], planteando un reto que el INAH ha recogido y trabajado durante muchos años, relacionado con la salvaguardia, investigación, difusión y acrecentamiento de los patrimonios nacionales en las áreas de la antropología, la historia, la etnografía, la arqueología y la paleontología.

Las facultades constitucionales del INAH causan una suerte de esquizofrenia en el Instituto. En un extremo, se encuentra un grupo de funcionarios que están al servicio de la destrucción del patrimonio, obsecuentes con los mandatos de la clase política, de suyo ignorante y apátrida, y de los empresarios de las industrias extractiva y turística, entre otras de las más expoliadoras de los patrimonios materiales, inmateriales, biológicos y paisajísticos; funcionarios que a pesar de ser académicos se transforman en cuadros del Estado con las características propias del autoritarismo, y quienes en lugar de vigilar e instrumentar el cumplimiento de las normas constitucionales, allanan con su permisividad el camino destructivo y bien documentado del capitalismo salvaje. Funcionarios que ya no establecen trato de colegas con sus pares, sino trato de patrones, y que muchas veces despliegan la cerrazón característica del fundamentalismo neoliberal.


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Por otra parte, los miembros del INAH que cumplen en su labor cotidiana y desde sus respectivas disciplinas con los cometidos de la institución que la ley mandata, son castigados incluso con la pérdida de su fuente de trabajo. Estas trabajadoras y trabajadores se encuentran en una posición muy desfavorable, como en los casos de investigadores contratados, o como el de otros académicos que aun siendo de base y que han defendido el patrimonio cultural por años y en distintas zonas del país, han sido hostigados y algunos hasta se les ha cesado, pues en los hechos su actitud es un forma de resistencia cultural que trata de poner un valladar a la depredación capitalista. Es así que, por cumplir cabalmente con su trabajo, pueden llegar a estar enfrentados con los funcionarios del INAH, algunos de ellos llegados de otras dependencias y sin trayectoria ni conocimiento en la institución, y con diversas instancias del gobierno federal, así como con caciques locales y con el empresariado monopólico nacional e internacional que pretende a “la cultura” como una mercancía más susceptible de usufructo.

La represión contra estos miembros del INAH comprende varias modalidades, como se ha expuesto, y ya tiene alcance nacional sobre la cual es importante tener información puntual, incluso para plantear a la nueva organización sindical una acción de defensa de la integridad de los trabajadores y de la institución.

En lo que se refiere a las funciones sustantivas, se advierte una política de desmantelamiento de la Coordinación Nacional de Antropología –coincidente con lo que ocurre en instancias similares de centros de investigación y universidades públicas–, que se opera en varios niveles, desde el control del contenido de la investigación, de los espacios, de los calendarios, de la iniciativa y conformación de los eventos académicos, y que se traduce en la aceptación acrítica y mecánica de la reducción presupuestal, en el aplazamiento de las publicaciones, en el rechazo o modificación de diplomados coordinados por académicos de prestigio, en tratos indignos que llegan al despido de quienes rechazan el autoritarismo institucional y la tergiversación de los peritajes antropológicos con el fin de facilitar la instrumentación de proyectos de gran escala con impacto directo al patrimonio cultural material e inmaterial, lo que evidencia el actual desvío que las autoridades hacen de las competencias y obligaciones propias de la Coordinación -en particular- y del Instituto -en general. Cabe señalar que la fundamental tarea de los peritajes antropológicos ha sido ejercida de manera responsable y fundamentada por la Coordinación desde hace muchos años, por lo cual para los defensores de oficio, jueces y ministerios públicos estatales y federales, el INAH es un referente importante cuando los delitos se refieren a integrantes de pueblos originarios en contextos urbanos o comunidades en el medio rural.

Hasta el momento, tal situación se ha tomado como ‘gaje del oficio’ y no se ha abordado colectivamente o en el ámbito sindical, quizá porque se toma como asunto personal, pero una relación de ocurrencias específicas, por provisional que sea, pone al descubierto una seria amenaza contra la institución, contra la salvaguardia de los patrimonios, la libertad de investigación y el derecho a la estabilidad laboral.

El expediente de la punición es un recurso de uso estructural que según el medio se aplica: en el INAH es el hostigamiento y el despido; con la CNTE también se emplean la violencia física, el linchamiento mediático y el asesinato.

En las universidades autónomas también se opera esta política devastadora, como se evidencia en tres casos actuales: la UAM, la UAEM y la UV.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, se suscita un conflicto causado por el recorte del presupuesto que afecta la cantidad de grupos de alumnos que se abrirá en los próximos años, la cantidad de becas para prácticas de campo y para estudiantes de excelencia y el desarrollo de las actividades de difusión de la cultura y el arte, así como la estabilidad laboral de la planta docente sin definitividad. Contrasta esa situación con el monto salarial de los funcionarios de élite, cuyos ingresos son altísimos (se reportan sueldos de hasta 3,900 pesos diarios y en algunos casos a ello se agregan los ingresos como profesores-investigadores y los estímulos federales externos).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos enfrenta a su vez una embestida de la clase política para arrebatarle la autonomía mediante una reforma constitucional que, de aprobarse, permite al congreso local remover al rector y consejeros universitarios y, asimismo, nombrar el órgano interno de control y la auditoría externa de la casa de estudios.

En cuanto a la Universidad Veracruzana, paradójicamente, ha obtenido la autonomía pero ha sido saqueada por el gobernador saliente.

Los problemas que más afectan a los centros de estudio superiores –y en particular también al INAH– son:

  • El insuficiente presupuesto otorgado por el gobierno federal.
  • La amenaza de subcontratar o de contratar por servicios profesionales (partida 3000) a académicos con antigüedades de contratación de varios años en funciones sustantivas.
  • Los recortes de Hacienda y los recortes del Conacyt.
  • El condicionamiento cada vez mayor para ejercer la investigación con libertad.
  • Los impedimentos políticos para ejercer plenamente la autonomía universitaria y las funciones sustantivas de las universidades y del INAH, que también tiene sobre sí los posibles efectos negativos de la Ley de Cultura.

Los sindicatos académicos, por lo general, están encabezados por burocracias que al igual que la clase política están muy alejadas de sus representados y de las funciones sustantivas de las instituciones, sin relación orgánica con los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación y de difusión de la cultura, de tal manera que la problemática cotidiana y estructural de la base académica no les atañe y están incapacitados para hacer una defensa puntual y efectiva de sus agremiados y sus importantes funciones sociales.

Estas observaciones han de ser contrastadas con la Ley de Cultura y el Reglamento de la nueva Secretaría de Cultura, mismos que desconocemos y que para su elaboración jamás fuimos consultados como trabajadores del sector.  Para la Ley se relizaron unos falsos “foros” tratando de justificar la “consulta” a los especialistas, lo cual fue un embuste. Ambos documentos espurios se van a presentar seguramente con el informe presidencial del 1 de septiembre, que aparecerá inevitablemente antes de la publicación del Volcán 44.

A contracorriente, un grupo de investigadores del INAH, elaboraron  un documento alternativo a la Ley General de Cultura, denominado: Hacia una Nueva Ley General de Cultura incluyente de los derechos culturales y de la diversidad cultural.  Este documento se añade al número que presentamos. Se trata de una espléndida declaración de principios de especialistas en cultura y patrimonio cultural en México, cuya mayor virtud es que refleja el conocimiento y la experiencia de los investigadores del INAH.

 

Atletas de la dignidad

Las olimpiadas pasaron, revelando no sólo la capacidad sin límite de los competidores batiendo  récords en las diversas disciplinas deportivas, sino la distribución diferencial de las condiciones de apoyo requeridas por los deportistas en todo el país, condiciones contrastantes de acuerdo con sus países de origen o de adscripción.

Los atletas entraron en competencia y en ella entraron también sus respectivos contextos. Nuestro país, con 120 millones de habitantes, no pudo ocultar al mundo deportivo el abandono oficial de nuestros abanderados, la ínfima calidad o la franca ausencia del apoyo gubernamental al deporte, en un fenómeno que ha llegado a tener visos de ridículo, a pesar del esfuerzo de tantos atletas, que a menudo en condiciones adversas entran en competencia, en primer lugar, contra la negligencia institucionalizada.


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Imaginemos al boxeador que gana finalmente una medalla para su país, destacando que se vio en la necesidad de recabar fondos a los ciudadanos en la vía pública, mientras el funcionario  que mal encabeza la dependencia oficial destinada al apoyo de los atletas, se pasea en los bares de Río de Janeiro a costa del erario público sin asomo alguno de vergüenza.

¿Y de dónde proviene ese vividor de marras? ¿Cuáles fueron sus credenciales en el deporte o en la administración pública que fundamentan la encomienda de “dirigir” la dependencia a la que ha llevado al naufragio?  Pues nada menos que haber instrumentado la represión contra las fuerzas de autodefensa en Michoacán. El célebre doctor Mireles resultó un pésimo ejemplo que había que doblegar y, quiérase o no, se encuentra en la cárcel por defender un territorio como parte de una respuesta ciudadana y colectiva ante la inseguridad que, esa sí, ocupa un podio de sangre, aupada por una clase política y empresarial impune hasta la ignominia.

Entonces las olimpiadas, además de constituir una lid internacional donde se proyectan los frutos de la disciplina corporal, del trabajo en equipo, de la voluntad y del tesón en un foro de diversidad y de reconocimiento mutuo entre naciones, además de ser un jugoso negocio donde campea el deporte del usufructo privado de los recursos públicos, y además ser a su vez un espectáculo festivo y estético, es un reactivo que revela condiciones diferenciales de índole política, sociocultural, económica que no podemos eludir y que en el caso de la delegación mexicana pone en evidencia, una vez más, nuestro sitio postrero en la carrera de la democracia, en el torneo por un verdadero servicio público y en la gesta por una sociedad libre del cinismo, de la corrupción y de la ramplona mediocracia que, incrustada en los aparatos de control gubernamental y empresarial,  perjudica al presente y al futuro del país.

Sin embargo, en este proceso, nosotros no somos meros espectadores arrellanados con nuestra chela en un sillón o en una tribuna. No. Somos partícipes plenos, porque una medalla sí que se nos debe y habría que reclamar: la de formar parte del espectáculo al permitirlo.

Y en contraste, y sin medalla, tenemos nuestros atletas de la dignidad: no sólo nuestros medallistas olímpicos y los que compitieron en Río de Janeiro sin conseguir una presea: son los maestros vilipendiados que aún creen en una patria, los que se niegan a pasar al estatuto de repetidores de verdades maquilladas y al de empleados de tercera; son las víctimas de Nochixtlán, burladas, que sin embargo desmienten con su ausencia física o sus lesiones la farsa con la que se intenta sin éxito ocultar el carácter represivo y autoritario del régimen y de sus patrones; son los deudos de los miles de desaparecidos y asesinados, que no cesan de exigir el esclarecimiento y la justicia.

 

Recomendaciones audiovisuales

En este número iniciamos la sección con recomendaciones y comentarios denominada Ventana y espejo. Incursiones en el mundo audiovuisual, coordinada por nuestro compañero José Luis Mariño. Dicho campo es fundamental en la conformación de la realidad social, a través de diversos ejemplos, puntuales y a veces generales, contemporáneos e históricos, nacionales y extranjeros, para desplegar este universo simbólico de imágenes y sonidos en movimiento que le dio al siglo XX y quizá al XXI una característica básica, como se dice en las telenoveRlas, “para bien o para mal”.

La sección arranca en este número con una relación de documentales que tocan el tema de la educación en México y cómo representan esa realidad. Son cuatro títulos y una base de consulta, el metaDoc, de distintos orígenes, objetivos, presupuestos, que hacen patente la importancia que el cine documental mexicano contemporáneo le da a esta temática, desde la propuesta de Mexicanos  Primero hasta la educación -escolarizada y social- en algunos Caracoles zapatistas, como veremos en los próximos volcanes en insurgencia. Quizá la vulcanología insurgente se anime a proyectarlos como un ciclo y debatir con los asistentes.

Quedará pendiente un recuento de la representación de lxs maestros y maestrxs -y de la educación- en el cine mexicano, en especial el de la llamada 'época de oro'- inolvidable aquel melodrama en el que la Félix -abnegada maestra- recibe la encomienda del mismísimo Señor Presidente para que con su compromiso acabe con un terrible cacicazgo rural... y otras gestas similares.

 

[1] Véase el texto de Julio César Olivé Negrete “Confrontar. Estado, nación y patrimonio”, en el libro: El patrimonio sitiado. El punto de vista de los trabajadores. Edición de los trabajadores académicos del INAH. Delegación D-II- IA- 1, Sección X del SNTE, México, 1995.

 

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