Editorial del suplemento: No a la Secretaría de Cultura

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Los integrantes del Consejo de Redacción hemos considerado pertinente publicar  un número extraordinario de nuestra revista, como suplemento del número 39, dedicado exclusivamente a compartir con los lectores materiales útiles para el análisis de la iniciativa de ley que propone la creación de una Secretaría de Cultura a nivel federal, propuesta por Enrique Peña Nieto el pasado martes 8 de septiembre[1].

La iniciativa de creación de dicha Secretaría, de graves implicaciones para la integridad del patrimonio cultural del país por diversas razones que se exponen en este suplemento y en el número 39 de En el Volcán Insurgente, forma parte de un proceso más amplio de las llamadas reformas estructurales, el cual ahora, con este en nuevo paso, atenta directamente el ámbito del patrimonio cultural, considerado como referente identitario y del bien común.

El secretario de Educación Pública aduce que con la referida entidad de nueva creación, “la cultura tendrá el lugar político que merece” y con ello, mayor será su fuerza y eficacia. Señala a su vez que otros países han generado secretarías o ministerios de cultura, ante lo que llama “el crecimiento de la responsabilidad educativa y cultural”[2].  La falacia aparece, sin embargo, cuando se analizan los alcances de la iniciativa, ya evidentes en su “fundamentación”, dirigidos, en efecto, a conferirle fuerza y eficacia, pero no a “la cultura”, sino a la pretensión de colocarla al arbitrio de intereses políticos y comerciales ajenos al interés supremo del patrimonio colectivo nacional, como se expone en los documentos que siguen y partiendo del escrutinio del  texto mismo de la iniciativa.

Algunos podrían pensar que la instauración de una Secretaría de Cultura implicará, como pretende publicitar el referido funcionario, dotar a “la cultura” de un estatuto de mayor relevancia para el Estado mexicano, y la referida iniciativa deja claro que es así, en efecto, pero “la cultura” a que se refiere el funcionario, y a la cual se pretende “secretariar”, es concebida en esencia como una mercancía, como algo que hay que usufructuar, lo que retrata a la clase política en su ínfima capacidad de comprensión respecto a la dimensión trascendente de la cultura.

Basta explorar lo que ha significado en diversos países de América Latina la instauración de ministerios de cultura, en una política impulsada por la Unesco y el Banco Mundial, medida que ha resultado controvertida y desafortunada. De ello es expresión, por ejemplo, la huelga general que se vive actualmente en Cusco, Perú, donde el acceso a uno de los más conocidos centros arqueológicos, Macchu Picchu, se encuentra concesionado a empresas extranjeras[3]. El común denominador es el mismo: eficientar el acceso a la cultura a los intereses privados[4].

Un elemento contextual a tomar en cuenta sobre la iniciativa presentada por Peña Nieto en el campo de la cultura, es el proceso de reestructuración institucional que se ha iniciado en el ámbito de las instituciones relacionadas con la diversidad biológica del país, íntimamente ligada al patrimonio cultural.

El desarrollo de todos los procesos civilizatorios en el mundo se ha basado en el conocimiento y manejo del entorno y de la realidad física y biológica de las colectividades humanas.  La indisoluble articulación entre esa realidad ecológica y la creación y recreación de las diversas culturas que enriquecen a nuestro planeta se expresa, por ejemplo, como ha sido documentado, en el despliegue de saberes y estrategias de conservación ambiental ahí donde las culturas originarias han podido sobrevivir[5]. México es una de las naciones del planeta consideradas como megadiversas,  gracias a la confluencia de una considerable diversidad tanto biológica como cultural en sus variados territorios.

Resulta por ello preocupante el proceso de reestructuración a que se encuentra sometida también la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como ha sido ya difundido en diversos medios[6].  En ese marco, por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció, el 20 de octubre pasado, el despido de 300 trabajadores, a pesar de la ingente tarea que supone para dicha entidad la protección de nuestra diversidad forestal[7].

Es difícil eludir la imagen de una política de Estado que ahora apunta a la reducción y vulneración de aquellas instancias gubernamentales encargadas precisamente de la protección del patrimonio biocultural del país, en un contexto en el cual los megaproyectos de afectación socioambiental, como son las minas a tajo abierto por metales, las presas generadoras de electricidad para esos planes, los trazos carreteros para comunicarlos y otros proyectos, inconsultos e impuestos al margen del conocimiento y de la voluntad de los pueblos y los ciudadanos, se valen de una legislación permisiva, acorde con el despojo resultante de un extractivismo radical.

Son justamente los organismos del Estado mexicano encargados de velar por la integridad de ese patrimonio biocultural, los que constituyen un obstáculo para los intereses del gran capital. Por un lado, y a pesar de sus contradicciones operativas, las zonas de reserva de la biosfera, las áreas naturales protegidas, las diversas medidas de protección de la flora y fauna y de los territorios donde se encuentran los bastiones de nuestra diversidad biológica, resultan tan contrarios a la política entreguista del país, como aquellos diversos elementos que sustentan la identidad de las culturas de México; como la conciencia histórica que nos recuerda el sentido  mismo de su existencia, y como la cultura misma entendida como algo más que una oportunidad comercial.

A esto se suma la ausencia de políticas públicas suficientes también en el campo sanitario: la integridad biocultural es a su vez un referente de salud pública de máxima prioridad, realidad profunda que otra entidad del Estado, la Secretaría de Salud, se encuentra muy lejos de reconocer, lo que explica su ausencia a diversos niveles en el marco regulatorio, tanto en el campo ambiental como cultural, a pesar de que la interrelación en estos dominios de la salud, el ambiente y la cultura constituye una realidad insoslayable.

Así, lo menos que podemos hacer es un llamado a la reflexión y la acción en torno a este renovado embate que se encuentra lejos de ser un artificio catastrofista, cuando media en ello un análisis objetivo de las evidencias. 

Llamamos a nuestros lectores a estar pendientes de este debate, ahora sometido a presiones de una agenda legislativa en la que se toman medidas tan aberrantes como la de disminuir el gravamen fiscal a los refrescos azucarados, en un país que los consume en demasía y con crecientes y ya muy elevados niveles de malnutrición y diabetes.

La desarticulación, velada o no, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no es una mera pretensión ni un hecho aislado. Constituye una expresión, no nueva pero sí agudizada, de una política dirigida a vulnerar progresivamente el sentido y la viabilidad de las instituciones públicas dedicadas a la investigación en ciencias sociales y humanidades en su conjunto en el país.  Expresa la pretensión misma de subordinar a la investigación y a la vida académica a la lógica del usufructo del mercado y de separarla, aún más, del Pueblo, como depositante esencial de la soberanía nacional.

Es éste el momento de solicitar la solidaridad fraterna de investigadores e instituciones del país, y de los gremios y colegios profesionales (por ejemplo, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos de México A. C.), con quienes nos encontramos ligados por razones que van más allá de la búsqueda de oportunidades para medrar política y comercialmente, a partir de las diversas manifestaciones de la cultura.

En suma, este Consejo Editorial se pronuncia totalmente en contra del establecimiento de una secretaría de cultura, que en realidad constituiría una aumentada burocracia tecnocrática y costosa, sin arraigo en la defensa del patrimonio y la identidad nacionales y ajena a las labores sustantivas de educación, difusión e investigación inherentes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, vulnerando además, en particular, su vocación social, premisa fundadora del Instituto, manifiesta a través de sus museos y sitios arqueológicos y de su compromiso con los pueblos originarios y con los problemas nacionales.



[1]  “Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de Cultura”, Gaceta Parlamentaria, año XVIII, núm. 4358-8, 2015.

[2]  Garduño, Roberto y Enrique Méndez, “La cultura tendrá el lugar político que merece”, Diario La Jornada, jueves 22 de octubre de 2015, pág. 13.

[3] Véase “http://www.connuestroperu.com/economia/19347-chilenos-duenos-de-machu-picchu-sigue-la-grave-situacion-de-ver-machu-picchu-nuestro-mas-representativo-monumento-de-los-incas-en-manos-del-enemigo-chileno-como-si-hubiesen-ganado-otra-guerra-los-chilenos-hacen-lo-que-quieren-en-nuestro-pais-ahora”

[4] “En paro, la zona arqueológica de Cusco. Pobladores y autoridades protestan contra norma que permite dar concesión a privados”, Diario La Jornada, 22 de octubre de 2015, pág. 7a.

[5]  Boege, Eckart (2008), El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas, México: INAH y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

[6]  Encinas, Alejandro, “Ecocidio en Semarnat”, Diario El Universal, 20 de octubre de 2015, véase: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alejandro-encinas/nacion/2015/10/20/ecocidio-en-semarnat#.ViZYg8UhpHc.facebook

[7]  Enciso, Angélica, “Anuncia la Conafor cambios en su estructura”, Diario La Jornada, 21 de octubre de 2015, pág. 18.

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