Umbrales de la resistencia de los pueblos indígenas frente a las políticas etnocidas en Nuestra América

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Los movimientos de los pueblos indígenas en Nuestra América durante las últimas décadas han optado por ir más allá del campo político y jurídico de sus respectivos países. Los llamados fueros «nacionales» son para ellos excluyentes de los derechos de quienes pertenecen a la real diversidad etnocultural correspondientes a cada país.  La suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)  y en el ámbito interamericano, ciertas cautelas y competencias por parte de tribunales constitucionales de la región y de los órganos de protección de derechos humanos a cargo de la Comisión (CIDH)  y Corte Interamericana ( Corte IDH), han frenado en algo las violaciones e incrementado un poco el reconocimiento de los derechos de la población indígena en América Latina. Las 31 sentencias contra diversos países latinoamericanos por probadas violaciones a pobladores indígenas han sido dictadas durante un arco temporal que va del año 1991 a 2014, y que reproducimos como anexo al final de este artículo. Pocas sentencias ante los agravios reales sufridos por los pueblos originarios, pero simbólicamente significativas por el giro internacional que representan en materia de procuración de justicia. Pasemos revista a algunos escenarios a manera de presentación de umbrales y atisbos sobre estas agudas y densas problemáticas. México, Chile, Guatemala, Honduras y Costa Rica son una justificada muestra del drama continental de los pueblos indígenas.


Fuente: www.noticiasnet.mx

México en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2014, se hizo acreedor a 500 denuncias, la cifra más elevada del continente  sobre violaciones a derechos humanos, con alta incidencia indígena.[1] Según datos del año 2013, 8 mil 122 indígenas detenidos seguían en penosa y prolongada espera de atención jurídica, sin contar con defensores conocedores de su lengua y su cultura. Seis años antes, una encuesta a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) certificó que de 586 indígenas consultados, el 82 por ciento confirmó que no contaron con la mediación de un intérprete durante la averiguación previa al juicio desarrollado en su contra.[2] Un año más tarde, la cifra se incrementó a 8,334, según informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al respecto el diario nacional El Economista reseñó la situación: «Con base en datos de la CNDH, los hechos violatorios que más sufren los indígenas son la detención arbitraria, incomunicación, tratos crueles, carencia de intérpretes y defensores públicos que les den asesoría jurídica inmediata; así como de deficiente atención médica.»[3]


Fuente: www.pulsodf.com.mx

Muchas de las detenciones de indígenas ocultan que una de sus principales causas tiene que ver con la resistencia de sus pueblos en defensa de sus tierras amenazadas o usurpadas por las grandes empresas mineras, con la colaboración o franca complicidad gubernamental.  El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,  en su informe 2006-2012, intitulado «Entre la política sistémica y las alternativas de vida», ha diagnosticado la problemática de los derechos humanos en Chiapas. Demuestra que durante el sexenio de Felipe Calderón y del Partido Acción Nacional, se permitió que las empresas agromineras exportadoras, ─extranjeras en su gran mayoría─,  despojasen a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras. Se auspició igualmente que la estrategia de seguridad nacional y de combate a la delincuencia organizada se utilizase como coartada estatal para violar los derechos de los pueblos indígenas en la región. El panorama no ha cambiado. El 12 de Febrero de 2014, con motivo de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Palenque, acompañado de las secretarias de Turismo y Desarrollo Social, Claudia Ruiz Massieu y Rosario Robles, diversas comunidades, ejidos, municipios y organizaciones indígenas le entregaron a través de su equipo de seguridad, solicitudes y denuncias por escrito. Horas más tarde, descubrieron que todas ellas fueron ninguneadas, arrojadas a campo abierto, desechadas. La retórica formal a favor de los indígenas del actual gobierno representa más de lo mismo. No existe diferencia sustantiva con respecto al gobierno anterior. Procesos parecidos los han vivido los pueblos indígenas de Oaxaca y Guerrero; también los pertenecientes a los demás estados del país.[4]  La anunciada «Cruzada contra el Hambre» en zonas indígenas prueba antes que la escasa y errática ayuda alimentaria, el fracaso de las políticas priístas, mientras que los casos de violaciones a los derechos humanos siguen su alarmante alza. El 10 de agosto de 2015, el presidente Peña Nieto, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, anunció la puesta en marcha de la «Estrategia Banderas Blancas», que impulsará un programa de desarrollo de servicios públicos de agua potable, drenaje y electricidad en localidades con más de cien habitantes. [5] Programa poco viable, toda vez que el gobierno federal no ha atendido las denuncias y demandas de los pueblos indígenas contra la contaminación de las aguas y, por ende, la vida por parte de las empresas mineras, reproduciendo la misma omisión cómplice de los gobiernos precedentes. La oferta de agua tiene mucho de señuelo retórico y de promesa irrealizable considerando que el 52 por ciento del territorio nacional está catalogado como árido y semiárido, por lo que las devastadoras sequías son históricamente recurrentes. El saldo de la sequía de 2011, agravado por el impacto de la corriente del “Niño” en la cuenca del Pacífico, fue pavoroso para muchos pueblos indígenas y mestizos: afectó con desigual impacto a 19 de los 32 estados del país y colapsó la producción  de frijol y maíz en un área de 2 700 000 hectáreas.[6] De otro lado, el gobierno actual tampoco ha atendido las demandas de las organizaciones y entidades comunitarias acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y los contingentes policiales. El asunto se agrava porque el gobierno mexicano ha impedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interrogue a los militares destacados en Ayotzinapa en torno al asesinato de 3 estudiantes y la desaparición forzada de otros 43 normalistas. ¿Se pueden determinar prioridades gubernamentales sin escuchar las voces de los pueblos indígenas ni las demandas de la ciudadanía en general? En México, está probado que sí.  


Padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos. Fuente: www.lajornadajalisco.com.mx

En Chile continúa el largo proceso de militarización y despojo de los territorios mapuche. Bachelet, tanto en su primer gobierno, como en el actual, ha mostrado su faz etnocida, desconociendo los derechos de los mapuches sobre sus tierras ancestrales y los que corresponden a sus libertades civiles. La táctica represora gubernamental contra los líderes comunitarios o de organizaciones indígenas en resistencia, se justifica con la fabricación de delitos: portación de armas, presunto robo de leña o de incendio, desacato y desafío a la autoridad política o policial o incluso terrorismo. Las sucesivas huelgas de hambre de los prisioneros mapuche han concitado la atención y solidaridad de muchas organizaciones humanitarias europeas, norteamericanas o europeas, sin poder lograr frenar y menos revertir las políticas discriminatorias y represivas chilenas. La más reciente data del 3 de abril de 2015, en la prisión de Ongol.[7] No es casual que Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza, calificó la situación como «el Talón de Aquiles de Chile en su tratamiento del tema de los Derechos Humanos» y agregó:

En el censo del año 2002 la cifra era de 4,6%. El disputado censo del año 2012 arrojó una cifra de alrededor de 11%, y la encuesta CASEN sugirió una cifra de 9,1%. Sin embargo, lo que no se cuestiona, es que las cifras de pobreza son especialmente altas para la población indígena. En 2013 la tasa de pobreza por ingreso era cerca de dos veces la de la población no-indígena (23,4% contra 13,5%). En términos de pobreza multidimensional la tasa indígena es de 31,2%. […] La respuesta del Estado de Chile a lo que se reconoce ampliamente como un problema de exclusión, marginalización y discriminación ha sido poco sistemática y especialmente renuente a abordar los principales temas de preocupación.[8]

Mapuches. Fuente: www.hoychile.cl

¿Cuál es el futuro de los mapuches bajo el gobierno de Michelle Bachelet? No otro que la continuación y profundización de las políticas etnocidas, borrando las fronteras entre la dictadura pinochetista y los gobiernos democráticos. La Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, el 13 de enero de 2014, le dirigió a Michelle Bachelet una carta pública solicitándole un cambio de rumbo en la política gubernamental frente a la cuestión mapuche, vísperas del inicio de su segundo mandato presidencial. Entre otras cosas se presentó el siguiente cuadro de ocupación de los territorios Mapuches que transcribimos in extenso por ser de interés público:

En territorio mapuche existe extrema militarización, desconociéndose los derechos básicos de las personas y sus moradas: se observa un control permanente sobre las personas y las rutas; han sido destruidos precarios enseres en los múltiples allanamientos practicados por equipos policiales que ingresan a los hogares a altas horas de la madrugada, agrediendo a familias humildes y deteniendo a alguno de sus integrantes sin fundamento alguno. Recientemente nos hemos alarmado por la detención por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, en Curacautín, de nueve menores de edad, dentro de los cuales se encontraba un niño de apenas tres años de edad; el 13 de diciembre recién pasado, en Traillaco, Panguipulli, la policía pasó un bulldozer sobre una ruca mapuche, dejando así completamente destruida la morada de una familia.


Soldados en territorio mapuche. Fuente: www.abyayalainternacional.wordpress.com

El fortalecimiento de la política represiva y policial se ha traducido en el aumento de la dotación policial,  en una mayor cantidad de armamento y equipamiento terrestre y aéreo destinado a las unidades apostadas en propiedades privadas y empresariales. A esto se suma el funcionamiento de los Equipos de Reacción Táctica Antinarcóticos (ERTA) de la Policía de Investigaciones de Chile y las recientemente creadas Patrullas Étnicas que operan en Padre las Casas, Collipulli y Cañete. Sin olvidar que el Estado chileno ha permitido el funcionamiento y actuar impune de guardias de empresas y de civiles armados que se han agrupado al margen de la ley en un llamado Comando Trizano, que propicia “tomar la justicia por sus manos”.[9]

Michelle Bachelet no rectificó esta política. Durante su primer gobierno ya había dados elocuentes muestras de su postura etnocida.

En Guatemala, la posguerra interna a pesar de las declaraciones acerca de la paz, la reconciliación nacional, el respeto a los derechos humanos, los gobiernos democráticos y los poderes fácticos siguen agraviando a los pueblos originarios. El 6 de abril de 2015, Rigoberto Juárez Mateo, Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, les replicó a las autoridades políticas y judiciales guatemaltecas, presentando un cuadro de hechos que en sí mismo es una denuncia y un reclamo. 

Solamente en el territtorio Q’anjob’al hay 41 licencias de empresas mineras. Solamente en el territorio Q’anjob’al hay 21 licencias de hidroeléctricas. Las dos van implícitas en hacer uso inadecuado de nuestros bienes naturales. ¿En qué momento se nos consultó? ¿Acudieron a consultarnos? En ningún momento.

Desde el 2005 hasta la fecha se han hecho consultas comunitarias en nuestro territorio, y hemos acudido como autoridades a estas otras autoridades de este Estado para indicarles la manifestación de nuestro pueblo en el sentido de decir: “no a este tipo de empresas”. ¿Se nos ha escuchado o no se nos ha escuchado?

Nuestra calidad de autoridades de nuestras naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti´ se ha dilucidado en otras circunstancias. Dado a lo que hoy acudimos, estamos identificando una manipulación de ideas que nos están inculpando de situaciones que no son ciertas. Y esto ha sido el procedimiento histórico en este sistema en contra de nuestros pueblos, y que hoy no solamente lo estamos poniendo a conocimiento de ustedes, autoridades de justicia, sino que también, espero, que a nivel internacional se sepa que hay una situación prácticamente de violencia, de violación de nuestros derechos de autoridades, al someternos a un proceso, para nosotros, totalmente anómalo.[10]

A treinta y cinco años de los cruentos sucesos en la Embajada de España, se ha sentenciado a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe de la unidad de asalto y aniquilamiento que incursionó letalmente en dicha legación diplomática.[11] Los demás implicados siguen en libertad. Rigoberta Menchú, a nombre del Grupo de Apoyo Mutuo que aglutinaba a 45 mil familiares de los desaparecidos, el 2 de diciembre de 1999, formalizó su denuncia ante los tribunales de justicia españoles contra ocho militares y políticos guatemaltecos por concepto de genocidio, tortura, asesinato y terrorismo durante el periodo comprendido entre 1962 y 1996. Uno de los casos documentados fue el asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980, por orden gubernamental Dejó un saldo de 37 mayas asesinados - incluido el padre de Rigoberta- y 14 españoles. Esta denuncia no prosperó, pero si fue en cierto sentido coadyuvante para que iniciase un juicio en la corte guatemalteca. Según un conocido informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la ONU, a fines del siglo XX, dio como cifra: 200 mil muertos, 93 % de origen maya. [12] Muchos responsables de probados actos de genocidio siguen en libertad, bajo el paraguas protector de la impunidad.


Rigoberto Juárez Mateo. Foto de Nelton Rivera. Fuente: www.guatemalacomunitaria.periodismohumano.com

Chortis y Lencas entre Honduras y Costa Rica. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en días pasados ocupó la sede de la OEA en Tegucigalpa y fundó tal acto de protesta en el siguiente comunicado:

Nos instalamos en esta sede para reafirmarle lo siguiente: 1. Entendemos que uno de los propósitos de la OEA es contribuir a dar seguridad y paz en nuestro continente. Al respecto, le recordamos que en Honduras no hay seguridad ni paz, porque no hay justicia y los corruptos y violentos siguen gozando de total impunidad, entre ellos los que ahora son gobierno. Por eso consideramos indispensable, la gran mayoría del pueblo hondureño, la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, con potestades suficientes para investigar y enjuiciar, con independencia, a las principales estructuras criminales, corruptas y violentas en nuestro país. Ningún diálogo o negociación puede negarnos el derecho a la justicia verdadera.

Tal medida de fuerza fue precedida de una sostenida lucha del pueblo Lenca y del (COPINH) contra el «Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca» a cargo de la corporación china Sinohydro, que dejó un saldo de diez muertos en sus filas, además de muchos heridos y detenidos. Finalmente el pueblo Lenca logró el retiro de la más grande constructora de represas del mundo y la cancelación de su financiamiento por parte del Banco Mundial.[13]  


Ocupacion pacífica del COPINH a la sede de la OEA en Tegucigalpa, Honduras. Fuente www.tiempo.hn

Las tradicionales políticas diplomáticas en la región tienen un fuerte sesgo anti-indígena, así lo refrenda también el caso de la Costa Rica de Figueres en 1994, la cual no sólo denegó la petición de asilo de 16 indígenas hondureños chortis y lencas, asediados por el ejército por reivindicar sus tierras: 9 mil hectáreas.[14] Los 16 lencas y chortis hondureños que se encontraban en huelga de hambre en la Embajada de Costa Rica, lo hacían en demanda de asilo político, dado que eran objeto de amenaza de muerte por los terratenientes y ganaderos de Copán, Intibucá y Ocotepeque, por defender sus  tierras. Ellos  fueron desalojados por el batallón de contrainsurgencia Cobra, con la anuencia del embajador costarricense Manuel Carballo, con un saldo de 3 indígenas heridos. El Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Intibucá denunció la represión.  Figueres y su canciller Naranjo justificaron el desalojo de los indígenas y fueron repudiados por una marcha  de quince mil indígenas contra este acto y contra la política de Carlos Roberto Reina.[15]


Fuente: www.hondurassolidarity.wordpress.com

 

Cierre de palabras

Ni la conmemoración de los 500 años de la inserción de nuestro continente y sus pueblos originarios bajo los dominios coloniales y neocoloniales de Occidente, ni el ingreso al tercer milenio, ni los fastos de los bicentenarios de las repúblicas en Nuestra América, han revertido las lógicas de exclusión, explotación, alienación y sojuzgamiento.  A pesar de todo ello, los pueblos indígenas, cada vez más diseminados fuera de sus territorios primordiales, siguen resistiendo. Han aprendido a usar las propias armas jurídicas que les brinda el derecho internacional y los intersticios de las reformas constitucionales. Han aprendido también de su experiencia y memoria colectiva, pero también de la antropología para conocer al Otro, esto es, a los mil rostros de la alteridad y de la dominación, y en su propia contradicción, a quienes saben cultivar la solidaridad.  

 

Sentencias de la Corte Interamericana

1)      Pueblos Kaliña y Lokono, Suriname. Caso 12.639. Fecha de remisión a la Corte: 26 de enero de 2014

2)      Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros, Honduras. Caso 12.761.Fecha de remisión a la Corte: 01 de octubre de 2013.

3)      Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012.

4)      Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.

5)      Caso Rosendo Cantú y Otras Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 225.

6)      Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 224.

7)      Caso Rosendo Cantú y otras Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

8)      Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.

9)      Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214.

10)  Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de mayo de 2012. Serie C No. 212.

11)  Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190.

12)  Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185.

13)  Caso Escué Zapata. Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de mayo de 2008 Serie C No. 178.

14)  Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172

15)  Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165.

16)  Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.

17)  Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2006 Serie C No. 145.

18)  Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142.

19)  Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141.

20)  Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.

21)  Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.

22)  Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124.

23)  Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116.

24)  Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105.

25)  Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 9.

26)  Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79.

27)  Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70.

28)  Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66.

29)  Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.

30)  Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14.

31)  Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11.

 Fuente: CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/decisiones/corteidh.asp.

 
Fuente: www.corteidh.or.cr



Notas

[1] Roldán, Nayeli, « México, el país con más denuncias de violaciones de derechos ante la CIDH» http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/, consultada el 20 de julio de 2015.

[2] Véase el Boletín de la Cámara de Diputados núm 2114 en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/septiembre_septiembre/25_25/2114_en_mexico_hay_8_mil_122_indigenas_detenidos_en_espera_de_justicia consultado el 11 de abril de 2015.

[3] Reyes, Juan José, «Mayoría de detenciones de indígenas en México son arbitrarias», El Economista, 4 de agosto de 2014.

[4] http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62863, consultada el 10 de mayo de 2015.

[5] Sánchez, Enrique, « Conmemora Enrique Peña Nieto Día Internacional de los Pueblos Indígenas», Excélsior, 10 de agosto de 2015.

[6] Esparza,  Miguel, «La sequía y la escasez de agua en México. Situación actual y perspectivas futuras»,  Secuencia, núm. 89, mayo-agosto 2014, p. 197.

[8][8] «Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, 24 de marzo de 2015» http://acnudh.org/2015/03/declaracion-del-relator-especial-de-las-naciones-unidas-sobre-extrema-pobreza-y-derechos-humanos-philip-alston/ consultada el 29 de marzo de 2015.

[9] Carta de la CORPDHPO a Michelle Bachelet sobre la cuestión mapuche, http://piensachile.com/2014/02/carta-de-la-corpdhpo-michelle-bachelet-sobre-la-cuestion-mapuche/, consultada el 10 de julio de 2015.

[10] «Guatemala: Declaración de Autoridad Ancestral Maya “Señor Juez, no vengo a someterme ante esta justicia » http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2015/04/06/guatemala-declaracion-de-autoridad-ancestral-maya-senor-juez-no-vengo-a-someterme-ante-esta-justicia/, consultada el 31 de junio de 2015.

[11] «Condenado jefe policial por masacre en embajada España en Guatemala» http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/noventa-anos-de-carcel-para-pedro-garcia-arredondo/15120876, consultada el 15 de agosto de 2015.

[12]  La Jornada, Mayo 27 y 28 del 2000.

[13] Emanuelsson,  Dick y Mirian Huezo « Honduras, Río Blanco: Corre la sangre indígena del Pueblo Lenca en su lucha contra el proyecto de la central hidroeléctrica que ahogará sus tierras», http://www.argenpress.info/2014/01/honduras-rio-blanco-corre-la-sangre.html, consultada el 11 de julio de 2015.

[14]  La Jornada, Julio 29 de 1994.

[15] La Jornada, Agosto 4 de 1997.

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