Editorial: Tiempo de Canallas

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Reactivar el uso del término canalla es política y culturalmente oportuno. Sabido es que este vocablo, originario del italiano, migró a otras lenguas desde los inicios de la modernidad, esto es, a partir de la primera fase de la integración y remodelación occidental del Mundo a finales del siglo XV. Originalmente, los italianos llamaban canaglia a toda jauría de perros callejeros, siempre temibles por su potencial de daño a calle abierta en las ciudades del Renacimiento. No tardó en mudar de sentido y en ser aplicado a los hombres de mala calaña que constituían una amenaza para la coexistencia social, los que ávidos de poder y sin escrúpulos medraban los erarios públicos y cometían mil y un tropelías y abusos. El vocablo migró con este mismo sentido y echó raíces en todos los idiomas que tuvieron como matriz lingüística al latín. La canalla se ha incorporado al análisis político internacional, atendiendo a las exigencias del mundo contemporáneo, atravesado por la cuña neoliberal. Nunca antes habíamos visto tanta canalla enquistada en las esferas de poder en América Latina y en el mundo, amparada en el reino de impunidad y la simulada legalidad. No resulta casual que en las últimas décadas, William Blum popularizase el término Estado canalla para caracterizar sin desperdicio las estructuras de poder político en su país: Estados Unidos de Norte América. En dirección convergente, Slavoj Zizek ha desarrollado otra fecunda tesis acerca del Estado canalla.[1] Sin lugar a dudas, vivimos tiempos en que los canallas y partidos canallas han copado muchas posiciones de poder en los más diversos lugares del mundo. México no es la excepción, su Estado, su multiforme partidocracia y sus políticos configuran el campo de la canalla. Todas éstas entidades y actores ya, no ocultan sus acciones e ideas, sienten que viven su primavera, su tiempo de impunidad, ocupando con sus canalladas un importante nicho en la cultura política, altamente contaminante.

Así, nuestro país está inmerso en una grave y  profunda crisis que parece no tocar fondo al cerrarse el ciclo de las reformas neoliberales que dan un giro retrogrado a la explotación del trabajo humano y la naturaleza. Sin embargo, la resistencia ciudadana y de los pueblos en defensa de la vida, el territorio, los recursos, la historia, la cultura de la patria de los desposeídos está presente. Existe una amplia gama de movimientos contestatarios opuestos a la lógica depredadora que el neoliberalismo aplica. El drama mexicano es un espejo más de muchas otras tragedias nacionales en otras latitudes.

Poco se ha abonado en temas como éste, pues, después del montaje «democrático»  de los canallas de la partidocracia, lo único que llena el espacio mediático es el cacareado «triunfo de la civilidad contra la violencia» y de que los comicios se llevaron a cabo conforme a lo esperado: esto es, en medio de la farándula, el despilfarro, la compra de votos, la militarización de varios estados, la abierta represión en varios de ellos, y, por si fuera poco, la penosa participación legitimadora de personajes otrora emblemáticos como Rigoberta Menchú, quien arribó al país, por una buena cantidad de dólares, como pago de su promoción de «la democracia» y de sus exhortos a los padres de los normalistas de Ayotzinapa a decir «la verdad sobre sus hijos». ¡Qué vergüenza! Sigue los malos pasos del exguerrillero salvadoreño Villalobos, quien regaló su arma a Salinas, y se puso al servicio del gobierno de Calderón Hinojosa en su devastadora campaña de guerra sin cuartel contra el crimen organizado, que dejó un saldo de miles de víctimas civiles. Rigoberta nos recuerda a su vez la defección moral y política en suelo mexicano del líder sandinista nicaragüense, Tomás Borge quien, también por unos dólares, vendió su pluma para florear con desmesura y sin vergüenza la imagen de Carlos Salinas de Gortari. 


Rigoberta Menchú y Lorenzo Córdova

Recuperamos el sentido de la lucha de los jornaleros de San Quintín como una muestra de la cara mediáticamente oculta del pueblo mexicano. A contracorriente, y por medio de la organización, movilización y reclamo para dignificar su trabajo, hasta el momento ellos han alcanzado trece acuerdos, incluido el aumento salarial «lo más cercano posible a los doscientos pesos».

En la algarabía del festín de la democracia, también quedó al margen la noticia de que Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, finalmente fue trasladada al penal de Tepepan. La valerosa mujer tuvo que iniciar desde el cinco de mayo pasado una huelga de hambre  para presionar por su liberación. Nestora, como miles de luchadores sociales, es presa política en un país que usa la ley como parte de su política de terrorismo de Estado. Incluso, los delitos que le imputaron han sido desechados por el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, por lo que lleva 21 meses injustamente encarcelada, y como una peligrosa criminal, se le recluyó primero en el penal de Alta Seguridad de Tepic, Nayarit, en condiciones severas de aislamiento que han mermado su salud. La exigencia de la Corriente Crítica de Trabajadores de la Cultura es sólo una: su libertad inmediata. Y ¿por qué incomoda tanto su figura al grado de suscitar tal atropello? Porque resulta ejemplar al encarnar la voluntad popular de resistencia y de organización autonómica. 


Nestora Salgado

Además de constituir una respuesta local y regional a las condiciones de inseguridad, impunidad y abandono que privan en diversas regiones del país, la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá se fundamenta por la ley 701 del propio estado de Guerrero, aprobada en 2011, en un dispositivo social legítimo, generado por sus propios habitantes para defenderse de los delitos, secuestros, pagos de piso, etcétera, que cometían los narco-políticos, cuando llegó el PRI a gobernar Olinalá en el 2012.

Mientras futbolistas, empresarios y otros miembros del histrionismo político nacional se preparan para el ejercicio de la función ¿pública?, otro grave atentado por parte del gobierno del estado de Puebla, ésta vez contra el patrimonio cultural, se está llevando a cabo en Cholula, con el concierto de las autoridades locales y federales del INAH. El cerro Tlachihualtepetl, en cuya cúspide está el Santuario de la Virgen de los Remedios, y cuyo seno alberga la gran  pirámide de Cholula, el eje de todo un sistema que articula una amplia región geográfica cultural y sustenta su sacralidad, está siendo agredido con los megaproyectos neoliberales. Los ocho barrios de San Andrés Cholula, los diez de San Pedro y los 48 pueblos vecinos peregrinan a este espacio sagrado. El crimen de lesa cultura se inicia en el 2013, cuando el gobierno de Moreno Valle decidió construir un paso a desnivel en el límite de la zona arqueológica, alterando precisamente el paisaje cultural de este sitio. Esto no fue suficiente para los afanes modernizadores del represor poblano. En 2015, echó a andar, sin la consulta a los habitantes de las Cholulas, el proyecto conocido como «Parque de las 7 culturas»  «Parque intermunicipal Cholula», expropiando el 80% de los terrenos aledaños a la pirámide y que pertenecen a San Andrés, y el 20% restante, a San Pedro. Son terrenos de uso agrícola, tanto de maíz como de flores, característica distintiva de esta zona de Puebla; además, estos terrenos se han conservado como reserva arqueológica desde que se desarrolló el proyecto dirigido por Ignacio Marquina en los años 70 del siglo pasado. Frente a estos agravios, la resistencia Choluteca no se hizo esperar: derribaron el alambrado que se estaba instalando para delimitar los terrenos expropiados, que eran su sustento y, además, el espacio sagrado de la Virgen. Los mayordomos de las dos Cholulas, enemistados desde tiempo atrás, hicieron a un lado sus diferencias para unirse en un frente común. Bajaron a la imagen de la Virgen de los Remedios, que desde hace aproximadamente cien años se encontraba en su altar, para hacer una magna procesión rogativa que detuviera el despojo de su territorio.

Hasta el momento, la resistencia se mantiene, al tiempo que hay ya dos defensores cholultecas presos, ambos de la familia Xicale, padre e hijo. En el curso del proceso se formó una Asociación denominada Cholula Viva y Digna que encabeza y organiza las protestas. Se preguntarán así los lectores ¿Por qué el INAH no detiene este atentado a una zona arqueológica protegida desde 1993 mediante el Decreto de Zona de Monumentos Arqueológicos?  ¿Por qué el INAH autoriza o permite el ilegal avance de los destrozos en el propio basamento de la pirámide y accede a la construcción de este pretendido parque al interior mismo del perímetro A de la Zona, violentando la Ley Federal de Zonas de Monumentos  de 1972? La respuesta sólo puede ser una: colusión y degradación de las funciones sustantivas fundadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Y los trabajadores académicos sindicalizados del INAH ¿Qué opinan sobre todo esto? Resulta penoso percatarnos que hace unos días los correos de los investigadores dieron cuenta de un importante problema que a todos atañe: la merma en prestaciones del nuevo Seguro de Gastos Médicos mayores contratado, asunto que aún no se aclara; sin embargo, es incongruente que la destrucción de Cholula no merezca la misma atención del conjunto de los trabajadores. Precisamente, en este número de nuestra revista, Cecilia Vázquez Ahumada aborda este conflicto que aqueja a la comunidad de Cholula y amenaza gravemente la integridad y función sustantiva de nuestra institución.

A su vez, Rosa María Garza, compañera a quien con gusto hemos invitado a nuestro consejo editorial, narra el papel y los principios que forjaron la educación rural en México para luego compartir una reflexión en torno al caso de Ayotzinapa, crimen de Estado y lesa humanidad que a nueve meses de los trágicos sucesos sigue sin justicia, y nos siguen faltando 43 muchachos, normalistas, pobres e indígenas.

Del seminario «El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista», que se llevó a cabo el pasado 4 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos llega un documento histórico que simboliza el encuentro entre dos movimientos de resistencia: el EZLN y el movimiento kurdo. Havin Güneser, activista del movimiento por la Libertad del Pueblo Kurdo, nos comparte en su artículo, traducido por nuestro colega Gilberto López y Rivas, la experiencia y la historia de lucha  por la autonomía, los derechos de las mujeres y el reconocimiento del pueblo Kurdo. 

Ricardo Melgar, por su parte, presenta una reflexión en torno al parricidio antioligárquico en América Latina impulsado por la generación vanguardista de los años veinte del siglo pasado. Subraya los quiebres ideológicos  auspiciados por intelectuales que polarizan y borran las líneas entre la posición política y el compromiso intelectual, tomando como ejemplo una conocida obra de Luis Alberto Sánchez, escritor y político peruano.

Po su parte, Julio Pisanty, médico joven con mirada mesurada pero crítica, narra una de las tantas historias que se viven en el campo de la atención médica, ilustrando una parte de la realidad sanitaria de nuestro país. A partir de esta experiencia,  cuestiona y reflexiona en torno a las estrategias que deben surgir para atender los daños sanitarios evitables.

En este número, asimismo, compartimos el pronunciamiento que la Red de Antropología Popular del Sur hace para denunciar y narrar la desaparición, aún no   confirmada oficialmente, de tres jóvenes en la comunidad de Chilapa. El colectivo de EN EL VOLCAN INSUGENTE exige la presentación inmediata de estos compañeros.

Cerramos este número, recordando al entrañable compañero Ignacio Suárez Huape y a su compañera de vida, camaradas ambos de lucha de los pueblos de Morelos. Recordamos su entrega, compromiso y trabajo al servicio de las mejores causas populares de nuestro estado.



[1]    Zizek, Slavoj. Viviendo en el final de los tiempos. Madrid: Ediciones Akal, 2012, p. 185.

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